El recurso del aborto en el Tribunal Constitucional: casi 13 años de retraso y ponencias contradictorias

El Partido Popular presidido por Mariano Rajoy recurrió por inconstitucional hace casi 13 años, en junio de 2010, la vigente ley del aborto, una norma que nos igualó a los países de nuestro entorno al sustituir el sistema de supuestos de 1985 por el de plazos y permitir la interrupción del embarazo dentro de las 14 primeras de gestación. Desde entonces, el citado recurso permanece sin resolver en un órgano que ha estado presidido por cinco personas diferentes que no lograron ni siquiera llevar al Pleno un borrador de sentencia para su deliberación.

Esta situación parece haber cambiado tras la llegada a la presidencia del órgano de garantías de Cándido Conde-Pumpido, quien este martes ha anunciado a sus compañeros un ambicioso plan de trabajo que incluye la fijación del debate para este asunto en uno de sus primeros Plenos, el que se celebrará entre el 7 y el 9 del próximo mes de febrero.

La introducción del recurso del aborto en el orden del día no garantiza que se vaya a adoptar una decisión definitiva esa misma semana, pero supone un paso de gigante si se tiene en cuenta el retraso injustificado de esta cuestión durante más de una década.

El nuevo presidente no ha cambiado al ponente, que es el magistrado Enrique Arnaldo, perteneciente a la minoría conservadora y que trabaja en su propuesta desde noviembre de 2021, cuando le fue asignada la ponencia por el anterior presidente, Pedro González-Trevijano.

Al acceder al cargo, González-Trevijano realizó varias manifestaciones públicas señalando que no se podía estar más tiempo manteniendo este asunto sin resolver, pero a pesar de que según algunas informaciones se intentó solventarlo antes del pasado verano, la realidad es que la ponencia de Arnaldo nunca figuró en el orden del día de ningún Pleno que él presidiera.

Pese a que la designación de Arnaldo como ponente provocó suspicacias en algunos ámbitos, la realidad despeja cualquier duda sobre el sistema de reparto utilizado en el Tribunal Constitucional para designar ponencias a los nuevos magistrados que pasan a formar parte de este órgano. Se sigue una norma establecida por el Pleno en 2017 que hace que sea el magistrado de mayor edad el que deje sus temas pendientes al recién llegado también más mayor, y así sucesivamente.

La primera ponente de este asunto, tras su admisión a trámite, fue la magistrada Elisa Pérez Vera, partidaria de avalar los plazos, si bien Arnaldo recibió la 'herencia' de este recurso después de que su ponencia fuera responsabilidad del también conservador Andrés Ollero durante los 9 años en los que permaneció como magistrado en el tribunal, hasta noviembre de 2021. Su propuesta nunca llegó a ser llevada al Pleno ante la más que probable posibilidad de que no prosperara.

En el documento, según ha reconocido en varias comparecencias públicas, Ollero suscribía la doctrina que estableció el propio TC en 1985 al señalar que, en caso de un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, no cabe optar por ninguno de los dos, sino ponderar cada caso. "Pero los plazos no ponderan nada, se dice que se puede hacer durante unas semanas, sin dar explicaciones -explicó en una entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica-. Hay que cambiar la doctrina del tribunal para admitir los plazos y yo consideraba que no son constitucionales. Pero no tuve una mayoría que apoyara ese planteamiento".

Aún falta por conocerse cuál será la postura que adopte Arnaldo en la propuesta que se llevará al Pleno del próximo 7 de febrero, y que no ha sido aún repartida a los magistrados, señalan a este diario fuentes jurídicas. Diversas informaciones que se dieron a conocer el pasado verano señalaban que este magistrado se inclina por proponer un aval a los plazos. También se señalaba la posibilidad de que el ponente pudiera apuntar tachas de constitucionalidad en la parte de la norma -posteriormente modificada por el Gobierno de Rajoy- relativa a la no necesariedad de permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que pretendieran interrumpir su embarazo.

La cuestión de las menores

Está por ver cómo encara el Tribunal Constitucional este asunto concreto, porque puede que se limite a señalar que carece de objeto resolverlo una vez la supresión del permiso paterno fue derogada en 2015, durante el Gobierno de los populares. Si, por el contrario, se llega a alguna conclusión al respecto, la decisión del tribunal de garantías tendrá especial trascendencia política de cara a la nueva ley del aborto impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Se da la circunstancia de que, a la vez que la norma vigente se discute por fin en el Tribunal Constitucional, la nueva ley del aborto cumplimenta las últimas fases del trámite parlamentario y se espera su aprobación para finales del próximo mes, informa Violeta Molina Gallardo.

El proyecto busca modificar la ley vigente parra permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno -el extremo que se modificó de la norma original tras la llegada al poder del PP de Mariano Rajoy-, pero el Gobierno también ha optado por emprender una reforma ambiciosa de la norma que abarcará desde la regulación de conciencia de los médicos a la incapacidad temporal para reglas dolorosas, el fin de los tres días de reflexión antes de un aborto o la pobreza menstrual.

En los últimos meses se han conocido los dictámenes sobre la reforma por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que ponen algunos reparos a las pretensiones de Igualdad. Por parte del órgano de gobierno de los jueces se cuestiona la eliminación del consentimiento paterno por afectar a las "funciones inherentes a la patria potestad" de los progenitores, mientras que el Consejo Fiscal no ve con buenos ojos que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin recibir el sobre de información y sin tener que pasar por los tres días de reflexión, unas medidas vigentes en la actualidad, pero que desaparecerán con la reforma.