NEGOCIACIÓN FINAL

Los cuatro obstáculos que aún tiene que saltar el Gobierno para ver el final de la 'ley mordaza'

El uso policial de pelotas de goma ante disturbios, las multas por la organización de manifestaciones que se tornan violentas, las sanciones por desobediencia y por "faltas de respeto" a los agentes y las "devoluciones en caliente" en frontera son los escollos que le restan al Gobierno para cumplir una de sus grandes apuestas políticas

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y el de ERC, Gabriel Rufián.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y el de ERC, Gabriel Rufián.

Ángel Alonso Giménez

La ponencia parlamentaria que está redactando el informe sobre la nueva ley de seguridad ciudadana, la que derogará la vigente 'ley mordaza', se reunirá este jueves con la idea de enfilar la recta final del proceso. El optimismo va por barrios. Mientras en el PSOE y en Unidas Podemos, y también en el PNV, ven el vaso del acuerdo medio lleno, en ERC y EH Bildu lo ven aún medio vacío. ¿Qué pasará? 

Una fuente de la ponencia cree que habrá nueva ley, pero su pronóstico no se basa tanto en los trabajos parlamentarios recientes, en especial los que se reanudaron en diciembre, como en la conveniencia política de que la haya. “El Gobierno no se puede permitir no hacerlo; fue uno de sus activos electorales y ha sido uno de sus estandartes políticos esta legislatura”, concluye esta fuente.

El grado de consenso que se está apreciando en la ponencia es ya lo suficientemente alto como para vaticinar que el desenlace será la derogación. Durante las reuniones de la ponencia en diciembre, PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y PNV actuaron como bloque. Llegaron a las dos sesiones del mes pasado con las conversaciones hechas y los acuerdos cerrados, apunta una fuente.

Entre ellos, la definición de un modelo de sanciones según el volumen de ingresos del afectado/a. Tal y como señaló el diario 'El País', la sanción podría rebajarse un 50% si el afectado cobra 1,5 veces la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, que es ahora de 1.000 euros mensuales.

Al igual que en la ponencia de la Comisión de Economía que analizó la propuesta para crear una tasa a las empresas del sector energético, a los bancos y a las grandes fortunas, o en la de la Comisión de Interior para reformar los tipos de la sedición y la malversación en el Código Penal, el Gobierno usa una secuencia de negociación que podría resumirse así: primero, encuentros privados con los aliados; segundo, la redacción del informe de la ley a criterio de esas mayorías previamente labradas.

Propicia, así, una ventaja, y ésta consiste en que el proceso parlamentario se hace más rápido, pero también provoca dos inconvenientes. Por un lado, hay grupos a los que se les limita considerablemente el margen de negociación, sencillamente porque no forman parte del bloque mayoritario. Por otro, que al ser un ‘modus operandi’ selecto, pueden producirse incongruencias o abrirse lagunas legislativas.

En diciembre, el ponente de Cs Miguel Gutiérrez detectó que en el pacto suscrito por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu se dejaba sin sanción la tenencia de drogas, lo que podría acarrear un efecto pernicioso en la lucha contra los casos de sumisión química. Tal y como manifestó entonces, qué pasaría si a un individuo, en un registro, se le encuentra burundanga. No es una sustancia destinada al consumo propio, añadió. Los ponentes de la mayoría en el proceso de revisión de la norma se comprometieron a añadir alguna acotación al respecto. 

Igualmente, apreció que los llamados “cunderos”, personas que transportan a drogadictos, podrían percibir una sanción considerablemente más baja. También es un aspecto sujeto ahora a una reformulación.

Lo que está resuelto

El viaje parlamentario de la propuesta para una nueva ley de protección de la seguridad ciudadana comenzó en realidad cuando comenzó la legislatura. Fue la primera proposición que registró el PNV. Su texto bebió del pacto que casi zanjaron PSOE, Podemos y otras formaciones progresistas, incluida la nacionalista vasca, en la legislatura anterior. 

Sin embargo, la proposición del grupo que dirige Aitor Esteban esperó dos años a que se produjera el movimiento siguiente. A finales de 2021, el Gobierno decidió levantar las prórrogas de los plazos de enmiendas y comenzar la negociación. Acordaron algunas cosas importantes, como la obligación de informar sólo sobre aquellas manifestaciones que obedezcan a hechos previstos y previsibles. No hacerlo conllevará una sanción leve. No se ‘castigará’ la convocatoria de manifestaciones imprevistas.

También pactaron que los registros corporales se hagan previa constancia escrita de lo que la motiva, y serán en todo caso desnudos parciales que habrán de hacerse de forma inmediata en un lugar que asegura la intimidad. El tiempo máximo de identificación será de dos horas. La persona identificada, tras las diligencias policiales, será transportada al mismo lugar en el que le requirieron para efectuar tales diligencias.

Además, y esto fue aspecto controvertido, la nueva ley se ajustará a la jurisprudencia constitucional sobre la grabación y difusión de imágenes de los agentes policiales, de manera que no se sancionarán si no afectan a su derecho a la intimidad ni entrañan un riesgo a su seguridad o a la de su familia.

Lo que no está resuelto

Las fuentes consultadas enumeran cuatro aspectos. ¿Podrá la policía usar pelotas de goma para hacer frente a los disturbios? ¿Cómo se sancionarán las faltas de respeto o las desobediencias a las autoridades? ¿Serán castigados el organizador u organizadores de una manifestación que se torna violenta por culpa de terceros porque... Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Cómo se canalizará hacia la ley de extranjería el procedimiento de devoluciones en caliente?

Explica uno de los diputados consultados que las negociaciones, aquí, siguen estancadas. “Son líneas rojas”, añade. Los cuatro escollos envuelven de incertidumbre la derogación de la ‘ley mordaza’ porque tampoco ERC y EH Bildu quieren ceder.

Las partes están analizando cómo dejar el artículo 23, que es el que, sin citarlas, da cabida a las pelotas de goma. El punto 2 del precepto indica: “Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”.

En el artículo 30.3 se encuentra otro escollo. Tiene que ver con la responsabilidad en la organización de una manifestación y con un planteamiento como el siguiente: ¿es responsable de una manifestación que deriva en disturbios una persona que la ha convocado, la ha dirigido y no ha hecho más que hablar durante la misma sin incitar a ningún comportamiento violento? ¿Se tiene que sancionar a esa persona?

La regulación vigente establece que serán organizadores y promotores de manifestaciones o concentraciones “las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación”, las que “presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes” o quienes por declaraciones, exhibición de banderas o “hechos similares” se considere, “razonablemente”, que son directores de aquellas.

Por último, el 36.6, que estipula como infracción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, incluidos aquí la negativa a la identificación o la falsedad en los datos. Y el 37.4, que concreta que entre las actitudes merecedoras de sanción leve figurarán “las faltas de respeto y consideración” a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Son artículos que aún tienen que retocar los grupos más dispuestos a conseguirlo, los obstáculos que tendrán que saltar antes de llegar a la última estación de este viaje parlamentario. 

Hay que añadir uno: las devoluciones en caliente. La norma vigente, del PP, incluye una disposición final que, a su vez, incorpora otra a la Ley de extranjería. Se titula “Régimen especial de Ceuta y Melilla” y regula lo que hacer con “los extranjeros que sean detectados” en las fronteras de las ciudades autónomas mientras intentan “cruzar irregularmente”. El Constitucional encajó en el ordenamiento el precepto al añadir que el proceso ha de acatar la normativa internacional de derechos humanos, debe atender a situaciones individualmente y tiene que venir avalada por el control judicial.

PSOE y Unidas Podemos tienen acordado omitir la disposición de la ley de seguridad ciudadana, pero en cómo lo harán, es decir, en cómo dejarán la articulación dentro de la Ley de Extranjería aparece un escollo más, un obstáculo más. Para EH Bildu y ERC son asuntos sensibles, igual que los anteriores. Vaso medio lleno o vaso medio vacío.