Moreno y Puig se alían contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la batalla del agua

El frente común por el agua contra las decisiones del Ministerio de Transición Ecológica ha unido al valenciano Ximo Puig y al andaluz Juan Manuel Moreno frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Con los agricultores en pie de guerra, hay varias convocatorias ya cerradas para “inundar” Madrid contra la decisión del Ministerio, la batalla política es descarnada. El recorte unilateral, denuncian los gobiernos autonómicos afectados, impuesto por la vicepresidencia de Teresa Ribera en el Plan Hidrológico Nacional en lo que afecta al trasvase Tajo-Segura, supone pérdidas millonarias para el Levante español.

El problema de fondo es el cambio impuesto en los caudales ecológicos, que supone, alertan los afectados, una “sentencia de muerte” para el trasvase. La vicepresidenta Ribera ha intentado aplacar la batalla política pero las comunidades denuncian la falta de flexibilidad del Ministerio y la gravedad de las consecuencias. El real decreto que recoge los recortes aún debe pasar por el Consejo de Ministros.

El Gobierno apela a una serie de sentencias del Tribunal Supremo, que obligaría a elevar ese caudal ecológico para el río Tajo. Andalucía admite esas restricciones pero denuncia que las cifras impuestas están muy por encima de lo permisible para que no haya pérdidas irreparables para la agricultura con esos recortes hídricos. La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, denuncia una decisión “política” y “arbitraria” con la que Sánchez beneficia a Castilla La Mancha tras con un pacto con su presidente, Emiliano García Page. La Junta denuncia que "no hay criterios científicos" tras esta decisión y habla de “un jaque mate” a las hortalizas y frutas del Levante español.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha elaborado un informe con el que insta al Gobierno a respetar los términos del acuerdo, fijado en un real decreto el pasado 29 de noviembre en la reunión del Consejo Nacional del Agua, y que se cambió de forma unilateral a última hora por el Ministerio, denuncian, para fijar nuevos caudales ecológicos. Pide su nulidad por defectos de tramitación.

El Supremo, como también subraya Andalucía, señala que hay que fijar esos caudales pero no indica en qué cantidad y advierte de que hay que evaluar al fijarlos también variables socioeconómicas y hacerlo con la debida justificación. El Plan fija un aumento de los caudales ecológicos en el Tajo a su paso por Aranjuez, disminuyendo de forma importante, alertan los afectados, el agua que llega a las zonas receptoras. Andalucía defiende una cantidad máxima de 6 hectómetros por segundo como caudal ecológico, Valencia aceptó 7 y el Ministerio ha impuesto 8,6.

Moreno pide personarse

Tras las alegaciones presentadas por la Comunidad Valenciana y el Gobierno de Murcia, del popular Fernando López Miras, el Consejo de Gobierno de Andalucía también aprobó sus requerimientos al Gobierno para frenar los recortes en el trasvase. El presidente andaluz ha remitido una carta a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, donde pide personarse y que se escuche a las comunidades afectadas. Moreno alerta de las consecuencias de las restricciones tanto en el abastecimiento, algo que el Gobierno niega, como en el riego para los agricultores del Levante almeriense, en un territorio que sufre un “problema estructural de falta de recursos hídricos”.

“La nueva planificación hidrológica contiene determinaciones gravemente lesivas” para Andalucía, denuncia su presidente, ya que caerán los volúmenes trasvasados. Andalucía votó en contra del acuerdo en el Consejo Nacional del Agua, no así Valencia que votó a favor aunque amenaza con cambiar el sentido final de su voto por el cambio introducido en la disposición adicional novena del Plan Hidrológico del Tajo en el periodo 2022-2027.

La Junta de Andalucía reclama también que se mantengan y extiendan las bonificaciones al agua desalada, con compensaciones como las que han existido hasta la fecha y que permitían pagar al agricultor 0,45 euros por litro a las desaladoras de Acuamed, empresa estatal. La Junta avisa de que pagar 1,3 o 1,4 euros por litro hace inviable el riego. La consejera de Agricultura cifró en 25.000 hectáreas las explotaciones afectadas, fundamentalmente en el Valle del Almanzora, y un impacto en 15.000 puestos de trabajo.

No es la primera vez que Moreno y Puig hacen frente común frente a Pedro Sánchez. Ya el presidente andaluz estrenó este eje con la batalla de la financiación autonómica, escenificada esta alianza con una reunión en el Palacio de San Telmo hace más de un año, en septiembre de 2021. El sudoku de la financiación, que también perjudica de forma grave a las comunidades de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, está lejos de resolverse pese a los sucesivos informes de Fedea que confirman el castigo a estas comunidades. Nadie espera ya que se aborde la aprobación del nuevo sistema en un año electoral pese a que el modelo vigente lleva caducado desde 2014. La batalla que ha resucitado esta alianza es la del agua y los agricultores ya amenazan con movilizaciones y protestas