El Tribunal Constitucional consolida este lunes su mayoría progresista con la incógnita sobre su presidencia

Con más de seis meses de retraso sobre la fecha prevista el pasado junio, el Tribunal Constitucional consolidará este lunes su mayoría progresista con la toma de posesión de cuatro magistrados correspondientes a los turnos de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Gobierno. Con la entrada de los que fueran magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano a cuenta del órgano de gobierno de los jueces, y del exministro Juan Carlos Campo y la que fuera asesora en Moncloa Laura Díez por el Ejecutivo, el órgano da un giro radical hacia una sensibilidad mayoritariamente progresista que se mantendrá hasta al menos junio de 2030.

En todo caso, el sector conservador debería ser de cinco magistrados si no se mantuviera vacante la plaza del magistrado Alfredo Montoya, designado en su día por el Senado a propuesta del PP y que renunció en su día por motivos de salud. Su sustitución precisaría un acuerdo en la cámara alta entre los dos principales partidos, lo que parece poco probable mientras se mantenga la

otro órgano constitucional, el propio CGPJ, una situación anómala que amenaza con prolongarse lo que queda de legislatura.

También queda pendiente, aunque se resolverá previsiblemente esta misma semana, la designación de la presidencia del órgano de garantías, un puesto clave, pues es al presidente o presidenta a quien corresponde la convocatoria de los Plenos y la elaboración del orden del día, por lo que controla los tiempos de resolución de los asuntos. 

Al tratarse de un órgano de mayoría progresista, y por tradición no escrita, la presidencia debe corresponder a uno de los dos magistrados de esta sensibilidad que afrontan su última etapa en el órgano, que son en este caso al que fuera fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Pero el resultado final no parece aún nada claro.

¿Conde-Pumpido o Balaguer?

La elección corresponde a los propios magistrados -que deben votar a su candidato en un Pleno a celebrar una vez se constituya el órgano con sus nuevos componentes- y la designación de Conde-Pumpido, pese a su talla jurídica y a su reconocida capacidad, despierta una fuerte oposición entre amplios sectores del PP y la derecha judicial y mediática, debido a su cercanía a determinados postulados del Gobierno. 

Por su parte, la catedrática malagueña se viene postulando también para el puesto, y podría recoger las simpatías del sector más conservador e incluso de parte de los progresistas, como podría ser la nueva magistrada Segoviano. La que fuera primera mujer en presidir una Sala (de lo Social) del Tribunal Supremo siempre se ha manifestado a favor de un incremento de la presencia de mujeres en la cúpula judicial, y en sus últimas manifestaciones públicas ha señalado que una de las virtudes que debe tener el nuevo presidente o presidenta del TC ha de ser la "empatía" con el resto de su sus compañeros.

El CGPJ logra la renovación del Constitucional al alcanzar Tolosa y Segoviano la unanimidad del pleno

La fecha para la votación, en todo caso, será la que designe el que este lunes Ricardo Enríquez, que es el magistrado de más edad y por ello el encargado de presidir puntualmente el órgano al salir ahora el actual presidente, Pedro González-Trevijano y también del vicepresidente Juan Antonio Xiol (junto con Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares). La intención de Enríquez es convocar el Pleno nada más se produzca el relevo, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Aborto, eutanasia, reformas judiciales

Entre los asuntos a resolver están los que atañen a las dos últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial-para prohibir los nombramientos en la cúpula judicial por un órgano de gobierno de los jueces y para poner un plazo legal para las renovaciones del propio TC-, así como el intento de introducción de enmiendas en la reforma penal para acelerar la renovación del órgano, ya que se paralizó como medida cautelar, pero queda decidir sobre el fondo. También los recursos contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra leyes de gran trascendencia social como la actualmente vigente del aborto -que acumula más de doce años de retraso- o la ley de Eutanasia.

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante tras el voto emitido telemáticamente por error por el diputado popular Alberto Casero. También se espera sentencia por los recursos contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, así como las impugnaciones contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá --la ministra que la impulsó--. Igualmente, están pendientes los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño.

Magistrados y vinsulaciones políticas

Durante los últimos días, desde el Partido Popular se han sucedido las críticas hacia los nuevos magistrados elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, dada su reciente vinculación política con el propio Ejecutivo. Nunca antes un exministro de Justicia, y en este caso también exdiputado del PSOE, había pasado a formar parte del tribunal, pero sí lo han hecho exdiputados del PP, como fue Carlos Ollero, e incluso existió cierta polémica al conocerse que quien fuera presidente de órgano entre 2013 y 2017, Francisco Pérez de los Cobos, había estado afiliado al partido hoy presidido por Alberto Núñez-Feijóo.

Estas críticas parecen olvidar, no obstante, las fuertes vinculaciones con los populares del actual magistrado Enrique Arnaldo, que entró en el órgano en noviembre de 2021 en el turno del Congreso de los Diputados a propuesta del PP. En dicho momento los de Casado no tuvieron en cuenta la actividad de su bufete, que realizó múltiples trabajos para administraciones gobernadas por el PP y la simultaneó con su condición de letrado en las Cortes, a lo que se sumaban sus colaboraciones en FAES y sus vínculos con el expresidente balear condenado por corrupción Jaume Matas, un pasado que para algunos empañaba su imagen de independencia

Ponencias y abstención de Campo

Esta imagen de independencia también se tendrá muy en cuenta con respecto al exministro Campo cuando se produzca el reparto de las ponencias de asuntos que habían correspondido a los magistrados que ahora salen del órgano. El ex titular de Justicia deberá abstenerse si le corresponden ponencias sobre leyes en las que hubiera podido participar desde el Consejo de Ministros.

Hay recursos de trascendencia que ya se sabe que no le corresponderán, como son el presentado contra la eutanasia, que es de Ramón Sáez, el presentado contra la vigente ley del aborto, que fue repartido a Arnaldo tras la salida de Ollero en noviembre de 2021 y el presentado contra la 'Ley Celaá', que es de Ricardo Enríquez. "En los demás es difícil prever a quien le va a tocar porque el sistema de transferencia de ponencias es complicado", señalan a El PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del tribunal, que añaden que "habrá que ver cuáles le tocan y tendrá que decidir en principio en cuales se abstiene". 

Las mismas fuentes añaden que cuando se incorporaron Arnaldo y Espejel se redactó un auto muy restrictivo con las recusaciones fundadas en la trayectoria profesional de los magistrados, basándose en que es dicha trayectoria personal, jurídica y política la que fundamenta su elección y en que nadie llega al Tribunal carente de pronunciamientos previos. "Habrá que estudiar a fondo cada asunto y ver donde se establece la línea", concluyen las mismas fuentes jurídicas.