El Congreso ha aprobado este jueves el dictamen del proyecto de nueva Ley de Cooperación, que seguirá su trámite en el Senado, y que busca adaptarse de manera "eficaz" a desafíos urgentes como la crisis climática o alimentaria al tiempo que reconoce la figura del cooperante y permitirá destinar el 0,7 % del Producto Interior Bruto a acciones humanitarias.

La ley ha salido adelante, tras un largo pleno en el Congreso que ha finalizado pasada la medianoche, con 201 votos a favor, 52 en contra (VOX) y 94 abstenciones (PP y JxCAT entre otros).

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha argumentado que la nueva Ley para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que ha sido acordada "con sentido de Estado" para mejorar la cooperación con un sistema "más eficaz" frente "a los desafíos urgentes" como las actuales crisis alimentaria, climática y energética.

Un proyecto de ley al que se han incorporado un 97 % de las aportaciones en el trámite de audiencias así como más de un 60 % de las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios, lo que para Albares define el texto como "el resultado del talante de muchos" para alcanzar acuerdos "guiados por el bienestar de la sociedad" y de los españoles.

El ministro de Exteriores ha remarcado que la ley elevará "a rango legal" el compromiso internacional de España de destinar en 2030 el 0,7 % del PIB e incorporará los acuerdos de París contra el cambio climático, que no preveía la anterior ley, al tiempo que ha destacado que "reconoce y dignifica" el trabajo, vocación y compromiso de los más de 2.600 cooperantes "que representan los mejores valores de España".

Ha defendido que el texto permitirá una ley de cooperación "más transparente, eficaz y coordinada" y frente a la cual habrá una "mayor rendición de cuentas" ante desafíos globales de "un mundo convulso".

María Guijarro, diputada del PSOE, ha afirmado que con la tramitación del texto "la vida de las personas más vulnerables" de todas partes "vuelve a abrirse paso" en medio de debates en el Congreso "en los que se alza la voz de manera tan agresiva e insoportablemente machista".

Por el PP, su diputada Paloma Gázquez ha sostenido que se abstienen en apoyarla porque tiene "carencias" y ha justificado que no se oponen a ella pese a sus deficiencias porque España es un referente en solidaridad y cooperación y necesita una ley actualizada.

Desde Unidas Podemos, el diputado Pedro Honrubia ha manifestado su satisfacción por un texto que contempla, entre otros asuntos, la protección de la infancia, de los colectivos LGTBI y de las personas con discapacidades, así como un enfoque feminista para que España enarbole estas defensas en el mundo.

Víctor Sánchez del Real, de Vox, ha apuntado que su partido ha presentado una enmienda a la totalidad y ha criticado que el Estado no controle la gestión de las ayudas internacionales cuando median terceros agentes ya que se trata del dinero que los españoles "aportan de su generosidad" ya sean de "ricos, pobres o mediopensionistas".

JuntxCat, en la misma línea que el PNV, ha reclamado una futura ley para una "cooperación descentralizada" que garantice las competencias de los territorios y que sea "delegada".

ERC, por su parte, ha abogado porque realmente se incluya la educación para el desarrollo "como pieza para movilizar a la ciudadanía" mientras que Ciudadanos ha reclamado, entre otras cuestiones una ley ajena a ideologías, que esté "libre de complejos" y que incluya al sector privado empresarial.

Por su parte, EH Bildu ha expresado su apoyo al texto porque es "más aceptable y positivo" que la ley vigente, que data de 1998.