El regreso a la actualidad política de la crisis de Melilla, el asalto a la valla del pasado 24 de junio en el que murieron al menos 23 inmigrantes, inquieta al Ejecutivo. Ya fue perceptible el viernes pasado cuando se le preguntó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la cumbre hispano-portuguesa, y respondió con un apoyo cerrado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se visualizó de nuevo este martes con las respuestas escuetas y evasivas de la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Esta misma tarde el ministro interviene en el Congreso ante la comisión de gastos reservados para, entre otros asuntos, abordar este tema. La ministra se remitió a esta cita para defender que ofrecerá explicaciones y que las dio también "desde el primer momento", en otras comparecencias previas. Mostró también el "respeto" y la "confianza" las investigaciones abiertas tanto por la Fiscalía como por el Defensor del Pueblo pero subrayó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "actúan con criterios de proporcionalidad y conforme a la ley".

Pero en el Ejecutivo preocupa tanto la actitud de sus socios de Gobierno como de otros aliados parlamentarios que ha registrado en el Congreso una comisión de investigación sobre estos hecho y que, según fuentes gubernamentales, no descartan que pueda acabar respaldando el PP.

Unidas Podemos y otros grupos llevan meses pidiendo más luz sobre una tragedia que se produjo fruto de la actuación de la gendarmería marroquí para contener una avalancha de inmigrantes que pretendía cruzar a España. La televisión británica, BBC, asegura tener documentado que hubo muertos también en suelo español, algo que Grande-Marlaska, niega. Justo a raíz de estas revelaciones, la formación morada junto a EH Bildu, ERC, Más País, Compromís, CUP y BNG pidieron la semana pasada en el Parlamento que se cree una comisión de investigación porque, aseguran, que "son numerosas las cuestiones aún sin esclarecer".

En el Ejecutivo temen que los populares puedan acabar apoyándola porque piensan que "harán todo lo posible para desgastar al Gobierno". "Lo que no tiene explicación", añaden, "es lo que están haciendo otros grupos", en referencia a la actitud de sus propios socios de coalición.

En cualquier caso Moncloa se mantiene firme en la versión ofrecida por el ministro del Interior, que en todo momento ha defendido que no hubo fallecidos en territorio español. Y no sólo eso. Su postura es que la respuesta de los agentes fue "firme, serena y proporcionada", que se empleó de manera "oportuna" el material antidisturbios, en alusión al uso de pelotas de goma, y que el intento de entrada fue "violento". Fuentes gubernamentales insisten en que Marlaska no se mueve ni un ápice de esta postura aunque, admiten que el Gobierno deberá estar muy atento y "esperar el resultado de las investigaciones".

Pero Unidas Podemos y otros partidos contradicen también la versión del ministro tras tener acceso a algunas de las imágenes de los hechos. "Todo parece indicar que se produjeron fallecidos en la zona de control de las autoridades españolas, evidentemente", dijo en declaraciones a los periodistas Enrique Santiago, portavoz de los 'morados', que junto a otros diputados de la comisión de Interior visitaron Melilla este lunes. En la misma línea el parlamentario de EH Bildu, Jon Iñarritu, añadió que "no hablamos de la zona de tránsito o de lo que incluso el ministro del Interior llamaba zona de nadie, sino en territorio bajo control español".

El pasado viernes resultó muy llamativo el modo en que Sánchez salió en auxilio de Grande-Marlaska, tras una simple pregunta sobre la investigación del Defensor del Pueblo, que ha censurado la ejecución de 470 devoluciones en caliente “sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales. El presidente señaló que el ministro "tiene toda mi confianza". "A lo largo de su carrera judicial y política ha desempeñado su trabajo con eficacia y honestidad, siempre cumpliendo con la legislación más estricta y en defensa de los derechos humanos", afirmó.