Casi 16 meses después de empezar a rodar formalmente, la ley de 'start-ups' es prácticamente un hecho. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la que en realidad se llama Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, un marco legal que regulará el mercado del emprendimiento tecnológico y que el sector entiende como un primer paso para empezar a competir en condiciones de igualdad con la industria europea. Así, el texto queda solo pendiente de que el Senado dé su visto bueno, aunque dado el éxito en los dos últimos trámites, se espera que la ley sobrepase también sin problema esta última gestión. Tanto es así que el Gobierno trabaja con la idea de que la ley entre en vigor el mismo 1 de enero de 2023.

Sin ir más lejos, a mitad de octubre, la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital validó el texto con 32 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. En este caso, sin embargo, la ley sale del Congreso de los Diputados con 177 votos a favor, 75 abstenciones (de Vox, ERC y Junts, entre otros) y 88 en contra, la inmensa mayoría del Partido Popular.

Lo hace tras un debate en el que brillaba una rara sintonía entre partidos políticos, aunque, si bien hasta ocho diputados de distintos grupos parlamentarios han celebrado la aprobación de este nuevo marco legal, la mayoría también ha aprovechado para señalar sus flaquezas. El PP ha apuntado que "se queda a medio camino de lo que se necesita"; Ciudadanos, que “llega un poco tarde”, peca de “cierto conformismo” y deja flecos sueltos como que se mejore todavía más la fiscalidad; ERC, que olvida la capacidad de las comunidades autónomas de regular ciertos aspectos; y prácticamente todos, que limitar a cinco los años que una ‘start-up’ es considerada como tal se queda corto.

Consenso político

Pero más allá de esto, el consenso parecía evidente. Así lo ha puesto de manifiesto la propia ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, máxima responsable del departamento que ha impulsado la ley. "Merece la pena ver para qué sirve un Congreso, el debate leal y el trabajo intenso entre grupos distintos", ha destacado Calviño. "Este debate y esta votación nos enseña lo mejor de nosotros mismos", ha agregado, insistiendo de nuevo en que se trata de una ley "pionera" que permite "poner a España a la vanguardia" del emprendimiento.

De hecho, tal como ha destacado rato más tarde en privado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia ArtificialCarme Artigas, la norma es única en su clase en Europa, pero está diseñada cogiendo lo mejor de los Estados que la conforman.

"Los distintos grupos parlamentarios han estado abiertos al diálogo, conscientes de que esta es una ley de país, y tanto ellos, como el Gobierno y la administración, han trabajado junto al sector del emprendimiento innovador para dar con un texto extremadamente ambicioso", anticipaba ya ayer en un comunicado el Alto Comisionado para España Nación EmprendedoraFrancisco Polo. "Pronto vamos a tener una de las mejores leyes de 'start-ups' de Europa, un marco normativo que introduce numerosas medidas para impulsar la atracción de talento e inversión con el que vamos a convertirnos en un referente dentro del emprendimiento innovador mundial", continuaba el mismo.

Claves del texto

Entre otras cosas, esta ley define exactamente lo que el Gobierno entenderá por 'start-up', establece incentivos fiscales mucho más atractivos que los actuales para los inversores, simplifica gestiones y mejora el procedimiento para fichar a trabajadores extranjeros.

Así, a partir de ahora, se considerará empresa tecnológica emergente aquella que tenga como mucho cinco años de vida (siete, en el caso, por ejemplo, de las biomédicas), un emprendedor podrá seguir amparado por la ley incluso si funda hasta cuatro 'start-ups' -el número ha ido subiendo a medida que se ha ido discutiendo el texto-, estas empresas pagarán un impuesto de sociedades del 15% los primeros cuatro años, los inversores se podrán deducir hasta un 50% de sus inversiones, quienes arranquen su proyecto mientras trabajan para otro tendrán bonificada la cuota de autónomos durante tres años, y los nómadas digitales tendrán un visado propio para facilitarles su modo de vida o pagarán Impuesto sobre la Renta de No Residentes en vez de IRPF.

Estos dos últimos elementos se han incluido a partir de las más de 80 enmiendas presentadas por varios partidos políticos, que también han favorecido la inclusión de instrumentos para potenciar el emprendimiento en el mundo rural o retener a los trabajadores que terminen sus estudios en España para que busquen empleo aquí.