La confirmación de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, formalizará este lunes su dimisión (como anunció hace semanas al constatar que los dos grandes partidos políticos no conseguían desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que acumula cuatro años de retraso) ha conseguido mover la pieza más importante del tablero: Pedro Sánchez ha convocado de urgencia al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión este lunes por la mañana en La Moncloa.

El líder conservador no tardó en reaccionar públicamente a la propuesta confirmando su asistencia, pero lamentando que "se haya tenido que llegar a la renuncia del presidente del Tribunal Supremo" para este encuentro. Además, Feijóo aprovechó su mensaje en Twitter para, de alguna manera, volver a dejar la pelota en el tejado del Gobierno: "Iré a Moncloa. Allí está desde julio mi oferta de pacto para garantizar la independencia de la Justicia como pide la UE".

La premisa de la que parte Feijóo no es menor porque en estos meses de tiras y afloja hay mucho de relato político. El Gobierno insiste en que el único agente bloqueador para el pacto es el PP, que primero con Pablo Casado al frente puso "muchas excusas" para no renovar (por elecciones, por su inseguridad frente a Vox si firmaba un acuerdo con Sánchez y por otras cuestiones) y, después, ya con el gallego al frente, "ha seguido poniendo excusas".

Moncloa es muy clara con su postura: el PP debe renovar ya el órgano de gobierno de los jueces sin ningún tipo de exigencia. Y, después, llegado el caso, se podría debatir sobre otros sistemas de elección. En realidad, esta segunda cuestión ha sido desechada por distintos ministros, especialmente el de la Presidencia, Félix Bolaños, interlocutor con los populares, y firme defensor del sistema actual.

La insistencia del PP

Y aquí es exactamente donde chocan las dos partes. El nuevo PP que dirige Feijóo llegó a la planta noble de Génova convencido, insisten fuentes de la cúpula, en llevar a cabo la renovación. De hecho, el expresidente de la Xunta no se encontraba nada cómodo con la situación de bloqueo y rechazaba de plano algunas actitudes que había mantenido la anterior dirección. Pero, a pesar de esa supuesta disposición y el cambio de tono, la realidad es que el acuerdo ha sido imposible hasta el momento.

Feijóo renunció a la línea roja que mantenía el anterior PP (introducir un cambio de modelo de elección de los jueces antes o, como mínimo, en paralelo a la renovación). El gallego dio orden de renovar y después abrir ese debate para avanzar en otro modelo, asegurando que es lo que viene pidiendo Europa desde hace tiempo. La actual renovación se llevaría a cabo según el sistema actual pero, eso sí, en el PP insistieron en que "debían cumplirse unos requisitos más allá de los nombres elegidos".

Y esos requisitos, que ya figuran en la propuesta enviada a Moncloa en junio y sobre la que el Gobierno se pronunció, fueron repetidos en la carta que Esteban González Pons envió a Bolaños en el mes de septiembre y que luego mandó también a Bruselas para elevar la presión. En la misiva, el PP los volvía a detallar: no proponer por el turno de juristas a jueces que no fueran candidatos respaldados por sus compañeros, y que la elección del presidente del Consejo se hará una vez estén designados los nuevos vocales “sin pactos previos, ni indicaciones externas de ningún tipo”. Además, se especificaba que no habría un acuerdo sobre el presidente del Tribunal Constitucional, “sino que será una decisión de los propios magistrados.

La creencia del PP desde hace tiempo es que el Gobierno "no tiene interés real en renovar el CGPJ" sino que "sólo busca hacerlo en lo que respecta al Constitucional", precisamente porque el tribunal tendrá asuntos muy importantes para el Ejecutivo encima de la mesa dentro de muy poco tiempo. De las cuatro plazas que deben renovarse, el Gobierno nombra dos y el CGPJ, los otros dos. La cuestión es que el Consejo no podía hacer nombramientos estando en funciones, precisamente por una norma que aprobó el Ejecutivo de manera exprés y que luego ha revertido para ponerle solución. Los propios vocales conservadores del CGPJ han estado boicoteando esos nombramientos durante semanas. Y esta situación de total colapso es lo que finalmente ha llevado a Lesmes a la dimisión.

La visita de Rynders

La reciente visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, estaba llamada a agitar el avispero en la renovación del CGPJ. En realidad, el Gobierno insistió durante semanas en que sería "un punto de inflexión" que pondría contra la pared al PP, y se vería obligado a mover ficha. Los populares permanecieron tranquilos insistiendo en que la última propuesta encima de la mesa era la suya, convencidos además de que sus exigencias coinciden por completo lo que pide Europa.

El Ejecutivo negaba esa versión, asegurando que la UE lo que pide es renovar de una vez. Pero la realidad es que tras la visita de Rynders, ningún ministro implicado parecía muy entusiasmado. Más bien lo contrario, hasta el punto que desde Moncloa se interpretó que la visión del comisario era demasiado cercana al PP.

Las reuniones de Rynders no sirvieron para acercar posturas. De hecho, como publicó este diario, el PP insistió tras esos días en que "daban por imposible" el acuerdo, volviendo a reiterar que el Gobierno "solo tiene interés en el TC" y que en ningún caso parecían abrirse a su propuesta.

Ha sido la renuncia confirmada de Lesmes para este lunes lo que realmente ha reactivado los contactos. Fuentes del PP insisten en que "la Justicia en nuestro país requiere de un gran acuerdo entre los dos grandes partidos políticos" y que la voluntad de los populares pasa por "implementar un modelo que refuerce la ejemplaridad e independencia del sistema judicial español".