Torrent: "En el Parlament no se puede prohibir ningún debate"

"En el Parlament no se puede prohibir ningún debate", ni "el Tribunal Constitucional por asuntos de interés público", aseguró el conseller de Empresa y expresidente del Parlament Roger Torrent en el juicio que se celebra contra él y otros tres exmiembros de la Mesa de la cámara catalana por presunta desobediencia al haber tramitado en octubre del 2019 dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y en contra de la Monarquía. En una declaración que ha duró menos de 10 minutos, el dirigente de ERC ha respondido únicamente a su abogado, Andreu Van den Eynde, porque, a su entender, le asiste "la inviolabilidad parlamentaria" y por "la protección de la institución".

La fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de de 30.000 euros para el actual conseller de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, por un delito desobediencia al haber permitido la tramitación dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la Monarquía, con "manifiesta y previamente concertada voluntad de infringir el mandato inequívoco" del Tribunal Constitucional (TC). La misma pena solicita para su excompañeros en la Mesa de la Cámara catalana Josep Costa (JxCat) y Eusebi Campdepadrós (JxCat), mientras que para Adriana Delgado (ERC) pide un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de las tramitaciones.

Torrent afirmó ante los jueces que la Mesa del del Parlament ejerce una "real neutralidad política" y no entra en el contenido de las iniciativas. Su cometido, precisó, es "el control meramente formal" de las propuestas. Esa supervisión se basa, agregó, tanto en el reglamento del Parlament, como en la protección de los derechos fundamentales y los tratados internacionales. Para el expresidente de la cámara catalana no se puede prohibir ningún debate en el hemiciclo porque "es incompatible con la esencia parlamentaria". El político republicano manifestói que dos de los elementos que se deben proteger es "la libertad ideológica y de expresión de los diputados", así como la representatividad de los ciudadanos que eligen a los parlamentarios. El objetivo final: "proteger la inviolabilidad de la cámara y de sus miembros".

La fiscalía reclama inhabilitación y multa para el actual 'conseller' de Empresa y otros tres exmiembros de la Mesa

Sobre las dos resoluciones que tramitaron, Torrent explicó que los servicios jurídicos de la cámara advirtieron de los mandatos del Tribunal Constitucional de la obligación de impedir cualquier propuesta contraria a sus dictado. Admitió que los letrados expresaron sus "dudas" sobre su las iniciativas de las propuestas contravenían estos preceptos, pero, insistió, que no se les dijo en ningún momento que las paralizaran. "No tiene sentido parar una iniciativa parlamentaria", argumentó. En este sentido, alegó que antes y después se han aprobado resoluciones sobre la misma temática, como la Monarquía.

No entrar en el contenido

Los otros dos imputados y excompañeros en la Mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC) también contestaron solo a sus abogados, invocando la "inviolabilidad parlamentaria" que, a su entender, se debe aplicar en este asunto. Los dos encausados reiteraron lo dicho por Torren y, en concreto, sobre que la Mesa no entra en el contenido de las resoluciones que se presentan y que únicamente supervisan aspectos formales. Según Delgado, las dos iniciativas "en absoluto era contraria" ni a la Constitución ni a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Camdepadrós reiteró que la Mesa tiene que velar por la protección de los diputados" y que solo hace "un control formal, sin más" de las iniciativas. "La querella es poco respetuosa con los hechos", espetó. "Todas mis actuaciones estaban guiadas por la aplicación del Derecho" y en defensa del "libre debate y la libertad de expresión". "Ningún tribunal puede alterar el normal funcionamiento y la autonomía del Parlament, que está amparado por la inviolabilidad", subrayó, criticando lo que se, en su opinión, es una "injerencia" de la justicia en un Estado democrático y con separación de poderes. El cuarto acusado, el exdiputado Josep Costa, no asistió al juicio.