El tribunal decidirá en la sentencia la petición de la defensa que el actual conseller de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres exmiembros de la Mesa de la cámara catalana, gozan de inmunidad parlamentaria y por lo tanto no pueden ser juzgados por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional por haber admitido a trámite una resolución a favor del derecho a la autodeterminación y otra contra la Monarquía. Los magistrados también ha denegado la expulsión de Vox como acusación popular, así como la anulación del procedimiento por otros motivos. El juicio continúa en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Los abogados de los acusados solicitaron el tribunal la anulación del procedimiento judicial por varios motivos. El letrado de Torrent, Andreu Van den Eyden, sostuvo que los imputados gozan de inviolabilidad parlamentaria, un derecho, que a su entender, pretende "proteger" al Parlament y a sus miembros, que, en el caso que se juzga, defendían "el interés público" de debatir sobre la independencia de Catalunya y la Monarquía. Sostuvo que la libertad de expresión de los diputados también debe estar garantizada y que, por lo tanto, la inviolabilidad de los mismos es "absoluta, perpetua e innegociable".
El resto de abogados defensores se adhirieron a este planteamiento, aunque los de Adriana Delgado (ERC) y Eusebi Campdepadrós (JxCat) también alegaron que el TSJC no es competente para juzgar a sus representados, pues ya no son diputados y han perdido el aforamiento. Josep Costa (JxCat), que se defiende a si mismo, indicó que el tribunal no tiene "jurisdicción, ni independencia, para celebrar el juicio". Todos exigieron la expulsión de Vox como acusación.
Los letrados del Parlament
El juicio, por lo tanto, continuará este jueves con las declaraciones como testigos de exletrados del Parlament que deberán corroborar si avisaron o no que las resoluciones sobre autodeterminación y monarquía podías ser contrarias a los mandatos del Tribunal Constitucional. La fiscalía reclama para Torrent, Costa y Campdepadrós un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, mientras que para Delgado solicita un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de estas tramitaciones.
