La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido a la Audiencia Nacional que no conceda un plazo extra para prorrogar la investigación del caso Púnica, ya que la estrategia contra ella es una "tomadura de pelo".

Aguirre ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Efe, en el que pide desestimar el recurso del PSOE contra la decisión del juez de Púnica de negarle más tiempo al exalcalde de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega, condenado en la Gürtel, para aportar pruebas como testigo de la supuesta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Aguirre.

Esta petición se produce cuando el juez Manuel García Castellón ultima el escrito de procesamiento, en el que es previsible que siga el criterio de Anticorrupción y exculpe a la expresidenta regional.

García Castellón había dado un plazo a Ortega para que elaborase un escrito con las supuestas irregularidades que decía conocer sobre una presunta sobrefacturación de más de un millón de euros en la contratación de publicidad, que habrían sido desviados a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo, que él mismo presidió.

Cumplido ese plazo sin que aportara el informe requerido, el juez acordó que la continuación de esta pieza -cuyo plazo de instrucción finalizó el pasado mes de enero a la espera de este último escrito- no podía depender de "la voluntad" de Ortega y rechazaba así ampliarle el tiempo para aportarlo.

Aguirre recuerda que "esta causa se instruye desde hace siete años y esta pieza está concluida desde hace más de cinco meses a la sola espera del capricho de este sujeto, por lo que pedir ahora una nueva prórroga para practicar las pruebas prospectivas que resulten del capricho y de la imaginación del señor Ortega resulta sencillamente impresentable".

Su escrito trata de desacreditar a Ortega subrayando que "con ser un delincuente condenado por graves delitos se quiere atribuir una condición de colaborador con la Justicia que resulta sencillamente sonrojante".

Y -continúa- "tras el pomposo anuncio de desvelar las claves del desvío de fondos y tras diversas prórrogas, se pretende escudar - y con él el PSOE- en su enormidad documental del procedimiento, que le ha impedido el prometido alumbramiento, lo que supone sencillamente un insulto a la inteligencia".

Por todo ello, cree que "la puesta en escena de esta pinza entre le PSOE y Ortega" es una "auténtica tomadura de pelo".

Entre los investigados en esta pieza, además del exconsejero Francisco Granados, se encuentran los exdirigentes del PP de Madrid y expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González -si bien Anticorrupción ha pedido retirarles la imputación y se está a la espera de lo que decida el juez-. También lo estuvo la expresidenta Cristina Cifuentes, pero acabó fuera de la causa.