Se acabó la verbena de bajadas de impuestos de las comunidades. El Gobierno entiende que la presentación de su plan de medidas fiscales pone fin a la fiesta. La decisión de Andalucía de aplicar una reducción del IRPF en las rentas de hasta 35.200 euros y de eliminar el impuesto de Patrimonio abrió una carrera entre autonomías a la que sumaron Madrid, Murcia, Galicia y la Comunidad Valenciana, en mayor o menor medida. Este ímpetu comenzó a contagiar a otros presidentes, sobre todo desde que el valenciano Ximo Puig abriera la veda en el bloque socialista y rompiera así el discurso del Ejecutivo contra las rebajas tributarias generalizadas.

Los nervios se desataron en las comunidades del PSOE porque el PP conseguía enarbolar la bajada de impuestos como marca de la casa, entre críticas a cierta inacción en Moncloa. Hacienda negociaba los Presupuestos con Unidas Podemos y al final ha incluido un paquete fiscal, cuyo calado nadie habría previsto hace unas semanas y que afecta tanto a las rentas altas (a partir de 200.000 euros pasan del 26% al 27% y de 300.000 euros, del 26% al 28%) como a las más bajas, de hasta 21.000 euros, que tendrán una mayor deducción en el IRPF por rentas del trabajo a partir de 2023. Además, se crea un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que deja sin efecto la supresión del impuesto de Patrimonio en Madrid y Andalucía o la bonificación del 50% en Galicia.

Es precisamente la amplitud de este paquete fiscal lo que, según fuentes gubernamentales, deja sin incentivos a las autonomías para actuar. Porque, explican, por un lado ya se aplica una rebaja del IRPF fuerte a quienes menos ingresan. Y, por otro, carecen de estímulo para eliminar el impuesto de Patrimonio. Si no lo cobran, lo ingresará el Estado a través del impuesto a las grandes fortunas que es complementario.

De todas las medidas la menos esperada es la deducción a los contribuyentes que perciben hasta 21.000 euros. Montero, hasta ahora, parecía contraria a tocar el IRPF. Aunque el martes, después del anuncio de rebajas fiscales de Puig, en Moncloa empezó a no descartarse que pudieran actuar sobre la renta, la ministra siempre apuntó en otra dirección al asegurar que Bruselas no ve con buenos ojos estas bajadas de impuestos, cuando España va a recibir 140.000 millones de euros de fondos europeos. Es cierto que siempre usó el calificativo de rebajas generalizadas pero al final esta bajada supondrá dejar de ingresar 1.881 millones.

"No se improvisa"

En el Ejecutivo aseguran que llevan más de mes y medio trabajando intensamente en este tema, que este tipo de decisiones "no se improvisan" y que no son una respuesta a los anuncios en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, a pesar de que el impuesto a las grandes fortunas se publicitó inmediatamente después de que Juanma Moreno hiciera pública la supresión del impuesto de Patrimonio y la actuación sobre el IRPF haya estado precedida por la decisión de Ximo Puig de bajar impuestos a las rentas hasta 60.000 euros.

Desde Hacienda niegan esta correlación y apuntan que fue justo en julio, después de que Pedro Sánchez avanzara el impuesto a las empresas energéticas y los bancos, cuando empezaron a pensar en una reforma fiscal de este alcance. Pero incluso sus propios socios, Unidas Podemos, dan pábulo a que Moncloa se ha movido a raíz de lo que ha hecho Moreno y Puig. De hecho lo consideran la única explicación a que no lo desvelara hasta esta semana.

La propia ministra de Derechos Sociales y secretaria general del Podemos, Ione Belarra, lo dijo el miércoles por la noche en la Ser. Con las negociaciones aún abiertas -y que prosiguen porque se ha cerrado el acuerdo fiscal pero no el global de los Presupuestos, Belarra aseguró que el PSOE había puesto sobre la mesa esa misma tarde la rebaja del IRPF de las rentas más bajas al hilo de la actuación de Puig en la Comunidad Valenciana que, amenazaba además, con arrastrar a otros barones socialistas. En el Gobierno vinculan las declaraciones de sus socios a su propia estrategia, dejan caer que al PSOE le interesaba silenciarlo para evitar filtraciones porque, recuerdan, los temas fiscales dependen exclusivamente de Hacienda.

Paso atrás de las autonomías

La realidad es que la tentación de las comunidades del PSOE de bajar impuestos se ha cortado de raíz. Canarias, que era la autonomía que se lo planteaba más en serio, dijo, a través de su vicepresidente y consejero de consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que no se sumarán "en ningún caso" a la "fiesta fiscal" de la derecha "bajando impuestos a los que más tienen". Y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha optado por "la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca", algo que, aseguró, "no afecta a los servicios esenciales, a la arquitectura fiscal de nuestro país".

En Aragón la decisión está pendiente de si lo acuerdan los cuatros partidos que componen el Gobierno de Javier Lambán. Asturias no es partidaria y Castilla-La Mancha, tampoco. En todo caso en Ferraz se ha hecho ronda de llamadas para comprobar cómo la sentado el plan fiscal del Gobierno en los territorios. La ministra de Hacienda es también vicesecretaria de PSOE pero la negociación de los Presupuestos, que aún no ha concluido, le ha impedido ser ella quien llame a los barones. Sí habló con Puig hace unos días por su rebaja de impuestos, pero al Gobierno no le hizo ninguna gracia.