La guerra fiscal entre autonomías, impulsada la semana pasada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, se libra en España en varios planos superpuestos. Entre el Gobierno y Alberto Núñez Feijóo; entre Moreno e Isabel Díaz Ayuso, por querer ser ambos la referencia regional del PP, y también entre comunidades populares y socialistas. El debate está en plena eclosión, habrá periodos en los que perderá fuerza, pero cuando llegue por fin la negociación de la nueva financiación autonómica volverá a tener todo el foco.

La proximidad de las elecciones autonómicas en mayo de 2023 y de las generales, a finales del próximo año, ha orillado el cambio de modelo. Ni se dan las condiciones -parece que nunca- para tejer un acuerdo entre PSOE y PP, ni ningún barón territorial se va a exponer ahora a una negociación en la que siempre hay comunidades que salen mejor paradas que otras. Eso no impide que las autonomías hayan tomado posiciones. Los socialistas, en contra de una feroz competencia fiscal entre regiones. Las populares, en una carrera para convertir la bajada de impuestos en una medida vinculada a sus siglas, a pesar de que algunas de ellas como Castilla y León o Galicia se quejaban en el pasado de que Madrid bonificara el impuesto de Patrimonio al 100%.

Si dentro de todo este ruido se pudieran aislar las cuestiones netamente electorales, lo que quedaría es un debate de fondo sobre la función de los impuestos autonómicos, que ha abierto la puerta a una nueva regulación. Barones del PSOE plantean que la nueva financiación autonómica uniforme figuras como el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, ambos de carácter estatal pero cedidas a las comunidades.

Un "mínimo estatal"

Guillermo Fernández Vara lanzó su propuesta este lunes en el desayuno informativo ‘Extremadura, Tierra de Oportunidades’ organizado por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico. Para el presidente extremeño "con el impuesto de Patrimonio debería haber un mínimo estatal y a partir de ahí decidir cada comunidad autónoma". La "armonización es fundamental", defendió para que regiones como Madrid o Andalucía no puedan eliminarlo totalmente. Vara es secretario de Política Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE, el encargado, precisamente, de lograr acuerdos de este tipo con el resto de dirigentes territoriales. Y, según aseguran fuentes del partido, este es el planteamiento que podrían adoptar otros barones.

En parte ya lo ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que la semana pasada lanzó una idea en el mismo sentido. No fue tan concreto en los matices pero el espíritu es el mismo. Page es partidario de armonizar Patrimonio y Sucesiones y de hacerlo ya, sin esperar a la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Cree que el Gobierno debe actuar y propone incluso la celebración de una Conferencia de Presidentes. Para promoverlo, las Cortes de Castilla-La Mancha presentarán una iniciativa legislativa en la que reclamarán la aprobación de un proyecto de normalización fiscal en algunos impuestos.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, fue el protagonista en el evento ’Extremadura, tierra de oportunidades’ que organizó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y que tuvo lugar este lunes en el hotel The Westin Palace de Madrid. En una coyuntura marcada por la crisis inflacionaria y los efectos de la guerra de Ucrania, el presidente de la Junta de Extremadura compartió sus reflexiones acerca del presente y el futuro de la región ante una nutrida representación de dirigentes políticos y empresariales.

Esperar a la nueva financiación

Por el momento, el Ejecutivo no tiene previsto tomar cartas en el asunto porque entiende que esta discusión se tiene que producir junto a la reforma del sistema de financiación para "no desgajar impuestos que lo nutren". Por ello, se ha optado por plantear la nueva figura tributaria a las grandes fortunas como algo temporal para, una vez que se abra el melón de la financiación, delimitar los márgenes del impuesto de Patrimonio.

Lo que en el Gobierno no ven es la propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig, de penalizar a las regiones que supriman tasas autonómicas con la percepción de menos dinero. Puig defendió que "el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de redistribuir los ingresos del Estado" pero en el Ejecutivo dudan de que esto cuente con encaje legal.

Subidas selectivas a los ricos

En mitad de la guerra desatada con el PP sobre la idoneidad de bajar o no, en estos momentos, los impuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechó este lunes una comparecencia en Ferraz como vicesecretaria general del PSOE, para avanzar que "a lo largo de los próximos días" anunciará un "paquete de medidas fiscales", más allá del impuesto a las grandes fortunas. Fuentes socialistas confirman que se trata de "subidas selectivas de impuestos" que, probablemente, afecten al IRPF y a Sociedades. Según ha contado en los últimos días El País, el Ministerio estudia tocar el IRPF para aplicar un recargo a las rentas más altas y que el impuesto de Patrimonio sea deducible en esta nueva imposición provisional para los ricos, lo que en la práctica supondrá cobrarlo allí donde, como en Madrid y Andalucía, se ha eliminado.