Juan Manuel Moreno se situó el martes con su pugna fiscal con otros territorios de España como noticia principal de los telediarios del país. El presidente andaluz y su equipo celebraban el logro y la oportunidad del debate abierto con una reforma fiscal que aprobó este martes su Consejo de Gobierno y que baja el IRPF en tres tramos autonómicos un 4.3%, suprime el canon del agua y acaba con el Impuesto de Patrimonio, un tributo "obsoleto", dicen, que "frena la riqueza".

Su oferta a empresas de Madrid y Cataluña para venirse a Andalucía levantó ampollas en estos territorios y consiguió liderar no sólo el debate político nacional sino también marcar la agenda del Gobierno de España, que volvía a enredarse sobre la posibilidad de una recentralización de impuestos y una armonización fiscal, que necesitaría de una reforma de la Lofca y de la financiación autonómica. "Cada uno que haga lo que quiera pero aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos una parte importante de España", dijo Moreno a los empresarios catalanes, aunque la mayoría de la patronal que opera en Andalucía tiene residencia fiscal en Madrid, incluidas muchas grandes fortunas andaluzas.

El efecto de la pugna fiscal abierta por Moreno con otros territorios sacudió la agenda política nacional en un clima electoral, aunque desde su Gobierno no aclararon cómo exactamente permitirá la supresión del impuesto de Patrimonio atraer “empresas e inversiones” a Andalucía. Tampoco hay constancia en el Gobierno andaluz de ningún informe o estudio concreto que afine qué empresas vendrían a la comunidad, de qué territorios, con qué incentivos. Las empresas no cotizan por Patrimonio sino por Sociedades, un impuesto al cien por cien en manos del Estado, por lo que atraer grandes fortunas a Andalucía no tiene que significar mover el domicilio fiscal de estos negocios. No obstante, el Gobierno andaluz defiende que no es un falso debate sino que todo está relacionado y que "se genera dinamismo económico".

“El presidente habla con mucha gente, con empresarios, que le dicen que estarían dispuestos a venirse a Andalucía a fijar su residencia. También fortunas andaluzas que están fuera. Hay catalanes que le ha trasladado que, tras el procés y por la inestabilidad política, se llevan sus empresas a la Comunidad Valenciana y Baleares porque irse a Madrid lo verían como una traición demasiado fuerte. Estarían encantados de venirse a Andalucía si se bajan impuestos. Aquí tenemos puertas abiertas para todos”, trasladan desde el Ejecutivo andaluz, asegurando que miran también a Portugal y Marruecos. Cuando se pregunta qué empresas, cómo, dónde, cuándo y de qué informe se trata todo se diluye. “Es una apuesta política”, resumen. No hay constancia de que haya habido un desembarco del empresariado catalán en Andalucía. Las cifras confirman que el número “no es relevante” hasta la fecha, confirman desde el Gobierno. Que esta apuesta fiscal, fruto de una teoría política redundará en más empresas y más riqueza para Andalucía "se demostrará con el tiempo". "Confío en que al menos nos permitan tener nuestra propia política fiscal", dijo la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, advirtiendo al Gobierno dónde está el límite de la autonomía fiscal de las comunidades.

Un "revulsivo"

Desde la Consejería de Economía y Hacienda barajan datos y “la teoría de los grandes números” para asegurar que la supresión de impuestos generará riqueza para Andalucía y que bajando impuestos se eleva la recaudación. El cálculo del Gobierno es atraer a 7.000 ricos para que tributen en Andalucía y se censen aquí, 5.000 empresarios o grandes accionistas que fijen su residencia fiscal en la comunidad. Desde Hacienda explicaron las tripas de estas cuentas. No hay certeza de que esos contribuyentes de alto perfil adquisitivo vayan a mudar su residencia a Andalucía, pero sí una estimación.

La supresión del impuesto de Patrimonio supondrá que unos 19.000 contribuyentes, los más ricos, dejarán de pagar 95 millones de euros al año en Andalucía. Ahora mismo pagan quienes tengan patrimonio por encima de los 700.000 euros, exenta parte de la vivienda habitual. La media que abonan son 5.000 euros de cuota anual con un patrimonio de unos 2 millones de euros. Para paliar esa bajada de ingresos deberían, como mínimo, tributar en Andalucía 7.000 rentas altas por IRPF, lo que permitiría recaudar por esta vía lo que se pierde por Patrimonio.

“Tienen que ser como mínimo 7.000, pero cuantos más mejor”, explican. El ejemplo mira al inglés de alto poder adquisitivo con vivienda en la Costa del Sol, donde pasa la mayor parte del año. Según Hacienda ahora mismo no se censa en la comunidad porque pagaría por su vivienda en Reino Unido. Si se suprime Patrimonio, ese inglés no pagaría ese impuesto pero sí tributaría por IRPF. “Estimamos que, con una base imponible de 200.000 euros de IPPF, recaudaríamos unos 81.000 euros, de los que 40.500 se quedarían en la comunidad”, explicó la titular de Hacienda. Alegan que en el último ejercicio diez de las grandes fortunas que tributaban en Andalucía por Patrimonio se han marchado. No señalan quienes son, por protección de datos, ni dónde ni por qué se produjo el exilio, aunque dan por hecho que es para no tributar.

280.000 contribuyentes más

En la Junta de Andalucía defienden que desde 2018, cuando el PP llegó al Gobierno con un paquete de bajadas fiscales, se han incorporado 280.000 nuevos contribuyentes a Andalucía, un 8% más. De esos, hay 13.789 más con rentas entre 60.000 y 120.000 euros y 1.117 más con rentas por encima de 120.000 euros anuales. El crecimiento en el número de contribuyentes es del 14% y del 13% en cada tramo, según la Junta. Hacienda defiende esa correlación y sostiene que bajó impuestos de Sucesiones, Donaciones y IRPF, detrayendo 540 millones de euros a las arcas autonómicas y que incluso así logró recaudar 1.100 millones de euros más.

“Es una realidad, son datos, hechos. Hay una inercia: si se bajan impuestos se recauda más”, defendió la consejera de Economía y Hacienda. “Es un atractivo, claro que sí. Un incentivo. Un revulsivo importante para Andalucía, lo digo alto y claro”, sostuvo en su comparecencia tras aprobar el Consejo de Gobierno un nuevo paquete de rebajas fiscales.

La reforma fiscal aprobada por el Gobierno andaluz se divide en tres grandes bloques. Además de bonificar al cien por cien Patrimonio, se rebaja el IRPF en tres tramos (0-12.450 euros; hasta 20.200 euros; hasta 35.200 euros), en los que tributan el 82% de las rentas andaluzas, que ganarán un 4,3% de margen, con el objetivo de que las subidas salariales no supongan pagar más impuestos ante una inflación desbocada. Se amplían en la misma proporción los mínimos exentos de tributar en IRPF. Supone 124,2 millones menos de recaudación por IRPF. Todo esto entrará en vigor en la campaña de la renta de 2023 relativa a las rentas de 2022. Además ese año se suprimirá el canon del agua, un impuesto finalista que grava la factura para financiar obras hidráulicas y que detraerá a las arcas públicas 140 millones de euros.