Condena firme de prisión para Ángel Fenoll, el empresario de la localidad alicantina de Orihuela que con sus grabaciones dio origen al caso Brugal, el mayor proceso por corrupción que se ha investigado en la provincia. La sección VII de la Audiencia de Alicante con sede en Elche acaba de confirmar la pena impuesta por un juzgado de Orihuela a Fenoll y a otros siete empresarios (el primero en calidad de autor y el resto, como cooperadores necesarios) por urdir una trama de facturas falsas con las que eludieron el pago de más de cuatro millones a Hacienda.

Contra esta resolución, que puede conllevar el ingreso en la cárcel, no cabe recurso. La Audiencia deja en manos del juzgado, que tiene que ejecutar la sentencia, la decisión acerca de la enfermedad degenerativa de Fenoll alegada por su defensa tanto en esta como en el resto de las causas que el empresario tiene pendientes. 

La sentencia dictada en mayo de 2020 por el juzgado de Lo Penal número 3 de Orihuela impuso un año y seis meses de cárcel al empresario de las basuras por cada uno de los cinco de delitos contra la Hacienda Pública y otro por un cargo continuado de falsificación en documento mercantil como administrador único de las empresas Colsur y Proambiente en el momento en que se produjeron estos hechos. Sostiene que el empresario defraudó 4.336.328 euros a Hacienda imponiéndole una multa de 8,6 millones

El fallo situaba a Fenoll como el cabecilla, junto a los otros siete empresarios condenados, de una trama de facturas falsas con las que defraudaron a Hacienda más de cuatro millones de euros por las liquidaciones del Impuesto de Sociedades de los años 2005 y 2006.

Las condenas impuestas en esa primera instancia, que ahora han sido ratificadas, suman en total decenas de años de prisión por 17 delitos contra la Hacienda Pública y tres de falsedad en documento público, además de multas millonarias por el importe defraudado e indemnizaciones por responsabilidad civil.

En la resolución, de la que ha sido ponente el polémico magistrado Manel Martínez Aroca compartiendo sala con Mercedes Matarredona y Carmen Valverde, se rechazan las alegaciones presentadas por las defensas de los encausados ratificando en todos sus extremos la sentencia dictada hace algo más de dos años por la jueza de Orihuela Belén Fernández.

Los hechos se remontan a 2010. La Agencia Tributaria abrió un procedimiento de inspección de los ejercicios fiscales de los años 2005 y 2006 del Impuesto de sociedades e IVA de las empresas Colsur y Proambiente. La actuación inspectora, que dio pie a una denuncia de la Fiscalía, desveló que el empresario de las basuras liquidó a Hacienda cantidades inferiores a las que le correspondía legalmente "empleando facturas que reflejaban gastos y cuotas de IVA ficticios porque no respondían a servicios prestados ni eran gastos reales".

Frente a las duras críticas que este mismo magistrado lanzó contra la Agencia Tributaria en otro procedimiento también por delito fiscal en el que estaba Fenoll y otros catorce empresarios, y en el que al final se anuló una condena que sumaba más de siglos del cárcel, en esta ocasión todo son parabienes para la labor inspectora de este organismo. Dice la sentencia, que "en el presente caso no se aprecia, en contra de lo que alegan la partes recurrentes, una conducta fraudulenta de los funcionarios ni una forma de actuar que permita hablar de ilegalidades por el mero hecho de no dar cuenta con anterioridad, ya sea a la acusación pública o a un juzgado, del estado en que se hallaba la investigación que llevaban a cabo".

El empresario oriolano urdió el fraude «previo acuerdo con los demás acusados que, como proveedores, imputaban dichos gastos o ventas y cuotas facilitándole la anotación de tales gastos y facturas para falsear las declaraciones de impuestos». El objetivo era que esos gastos y cuotas del IVA disminuyeran la base imponible del Impuesto de Sociedades y que además se incrementara el IVA deducible y, por lo tanto, el importe final a abonar a Hacienda.

Así hasta más de cuatro millones de euros para solo dos anualidades de las que fueron las principales empresas de Fenoll en el momento en el que mayor facturación registraban en la Vega Baja y en varios municipios de Murcia. El empresario contaba entonces con buena parte de las contratas de recogida de basura de la Vega Baja y el único vertedero del Bajo Segura.

La condena por delito contra la Hacienda Pública se extiende a la red de colaboradores de Fenoll en este fraude fiscal: Higinio Sánchez como cooperador necesario con un año y cuatro meses de prisión y multa de 1,9 millones de euros. Juan Antonio y Aurelio Escolano Belmonte por cinco delitos contra la Hacienda Pública, a un año y cuatro meses cada uno y al pago de una multa de 2,1 millones euros. Sobre Ambrosio Corbalán y Fernando Gasso recae una pena de un año y dos meses de prisión por delito fiscal y una multa de 712.272 euros. Y a Diego y Rufo Martínez otro delito contra la Hacienda Pública y el pago de una multa de 666.000 euros.

Rechaza asimismo la sentencia de la Audiencia las dilaciones indebidas que alegaban las defensas precisando que no solo hay que tener en cuenta la complejidad de la pena sino también que estos retrasos no sean atribuibles al propio inculpado.

Pendiente de varios procesos

De la suerte que corra en varios procesos, la mayoría de ellos derivados del caso Brugal, está pendiente el empresario de Orihuela Ángel Fenoll. Los tribunales de dos secciones de la Audiencia de Alicante, la II y la VII, están trabajando en estos momentos dos resoluciones: la de las basuras de Calp y la del Plan Zonal de la Vega Baja cuyos juicios se han celebrado entre el año pasado y el presenteEn ambas el empresario se enfrenta a peticiones de elevadas penas de prisión y multas millonarias. Pero no son las únicas. En el Supremo se encuentra recurrida por la Fiscalía la sentencia por la que, también con el magistrado Manel Martínez Aroca como ponente, se absolvió a los 34 acusados, entre ellos Fenoll, en el proceso de las basuras de Orihuela tras anular escuchas y registros por considerar que vulneraban derechos fundamentales. Y tiene pendientes dos juicios por sendos delitos contra el medio ambiente, uno en la Audiencia de Alicante y otro en la Murcia. Entre las condenas que acumula en su haber, dos por compra de votos y una, también relacionada con facturas falsas, por el conocido como caso Cartagena. El exconseller recurrió al empresario para crear facturas falsas con las que pretendía justificar inversiones en obras sociales que le permitieran quedarse con los 49.000 euros donados por una monjas y por los que el expolítico de PP estuvo en prisión.