La decisión del juez Manuel García Castellón de rechazar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que impute en una pieza separada del caso Kitchen a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y la resolución en la que acordó acusar de denuncia falsa y falso testimonio a la exasesora de Podemos Dina Bousselham, también aquí en contra del criterio del Ministerio Público, han profundizado el choque que protagonizan el instructor y los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, encargados de las pesquisas del caso Tándem.

Mientras la Fiscalía considera que las nuevas grabaciones publicadas en la prensa evidencian "el contenido real" de las reuniones que mantuvieron Cospedal y el comisario Villarejo, que según los fiscales buscaban "poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al Partido Popular, o incluso a la secretaria general del partido en el Gobierno", el juez no ve que existan razones que justifiquen dirigir acciones penales contra la exdirigente del PP.

"Sobre la base de una afirmación realizada por Cospedal se efectúa la inferencia a la que se llega por las acusaciones, conclusión que no se puede compartir con un mínimo de rigor procesal”, ha respondido el instructor a la Fiscalía, que de esta forma ha frenado la intención de Anticorrupción y de las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Podemos de que imputara a la ex secretaria general del PP.

UNA ACTUACIÓN "LLAMATIVA"

En su escrito, García Castellón llega a calificar de "llamativa" la forma en la que el Ministerio Público le había pedido reabrir la causa contra la expresidenta de Castilla-La Mancha, "con una suerte de pieza espejo". El juez critica de esta forma a los fiscales Serrano y De Rivas, a quienes atribuye la intención de promover una investigación general en contra de Cospedal, algo que impide de forma expresa la ley.

Además, el instructor considera "lógico" que los fiscales, que no comparten su decisión de archivar la causa contra Cospedal, que fue apoyada por la Audiencia Nacional, "insistan una y otra vez en reabrir las líneas de investigación que se reputaron prospectivas".

Ante un previsible recurso de Anticorrupción, de nuevo tendrá que ser la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que dirima las abismales diferencias que mantienen el instructor y los fiscales Serrano y De Rivas.

"CAÓTICA SITUACIÓN PROCESAL"

La Fiscalía ya se enfrentó en julio de 2021 a García Castellón. En el recurso contra la decisión inicial del magistrado de archivar las pesquisas contra la ex secretaria general del PP afirmaba que el auto no se ajustaba a derecho, al tiempo que achacaba al instructor haber cerrado sus pesquisas "precipitadamente", sin esperar incluso el resultado de algunas diligencias.

También acusaba al juez haber creado una "caótica situación procesal" al acumular en una misma resolución decisiones que podían ser recurridas y que no habían alcanzado firmeza. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión de García Castellón.

CONTRADICCIONES

En su escrito los fiscales, pese a reconocer las "contradicciones" de las versiones que dio en sus declaraciones Bousselham, consideraron que no cabía considerar que con ello se hubiera alterado de ningún modo el resultado de la instrucción del caso Dina, puesto que con el contenido del informe pericial sobre el origen de los daños de la tarjeta de su teléfono resultaba "inviable la atribución a Pablo Iglesias de un delito de daños informáticos".

Además, apuntaban que no era procedente acusar de un delito de falso testimonio "conforme a lo determinado en el auto de 16 de septiembre de 2020 dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional", dado que el objeto de la causa y de sus diferentes piezas separadas está centrado únicamente en las actividades presuntamente ilícitas de la organización de Villarejo.