El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley con el que se da derecho a la prestación por desempleo para las empleadas de hogar, que comenzarán a cotizar por ese concepto desde octubre, y se limita la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa.
En un comunicado, Trabajo señala que será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre y que estas cotizaciones estarán bonificadas en un 80 % para los empleadores.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que "gracias al Gobierno de coalición las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno" accediendo a partir de ahora a la prestación contributiva por desempleo así como a las asistenciales.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, hay 373.121 personas trabajadoras del hogar afiliadas.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que con este decreto dan "dignidad" a este colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres, al tiempo que siguen "en la senda de ayudar en la corresponsabilidad y la conciliación de las familias trabajadoras".
Así, ha asegurado que esta prestación "no va a implicar un mayor coste para la mayoría de las familias", ya que son las de "clase media" las que acuden a estos servicios para atender a sus hijos o mayores, acuciados por sus compromisos profesionales.
Bonificaciones del 80% a la cotización por desempleo y Fogasa
A partir del 1 de octubre será obligatorio cotizar por desempleo y al Fogasa, si bien los empleadores tendrán derecho a una bonificación del 80 % en las aportaciones empresariales, en tanto que se mantiene la reducción del 20 % en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes.
Junto a esto, los tramos de bonificación en las cotizaciones por contingencias comunes se elevarán por encima del 20 % "en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio".
Este punto será desarrollado en un reglamento, para lo que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se han dado un plazo de seis meses, ha explicado Díaz.
El decreto restringe la figura del desistimiento, que permitía el despido sin justificar causa alguna, de forma que queda limitada a determinados supuestos y a partir de ahora el empleador deberá acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato.
Equiparar los derechos
Esta norma trata de equiparar los derechos de estas empleadas con los del resto de trabajadores, pero teniendo en cuenta sus "peculiaridades, ya que los empleadores no son ordinarios", ha explicado la ministra.
Asimismo, incorporan a estas trabajadoras al derecho a la prevención de riesgos laborales, así como al de formación, ha dicho, ya que se trata de un colectivo que cada vez requiere "de mayor especialización, de mujeres más formadas".
El Gobierno se compromete también a crear una comisión de estudio para incluir la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades profesionales para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.
"Estamos corrigiendo las discriminaciones del legislador (...) que ha optado por considerar que hay una desvaloración en el trabajo realizado por mujeres", ha dicho Díaz.
