El comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que el Estado violó los derechos de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull al impedirles ejercer, a través de la suspensión de sus funciones públicas, durante los dos años que estuvieron recluidos sin condena firme. En ese periodo, y a pesar de ser elegidos en las urnas por la ciudadanía, el Estado les negó la posibilidad de llevar a cabo la labor encomendada. El Comité de DDHH de la ONU atiende así la denuncia de los cuatro políticos catalanes.

En el dictamen, el órgano de la ONU subraya que el instrumento que permitió al Estado apartar a los entonces presos de la vida política, la acusación del delito de rebelión por la que, finalmente, no fueron condenados, ha sido puesto en duda por varias instancias internacionales que han destacado el marcado tono pacífico de las movilizaciones independentistas de otoño del 2017 y que condujeron a una declaración de independencia.

El fallo no ha sido suscrito unánimemente ya que de los 18 miembros que lo constituyen, 17 si se excluye al español Carlos Gómez, por evidente conflicto de intereses, el portugués José Santos y el egipcio Waffa Bassim emitieron un voto particular.