Las del tren que se adentra en el furibundo incendio de Bejís (Castellón) son las últimas imágenes por ahora de la conmoción que está causando el verano de 2022. Son más de 200.000 las hectáreas que las llamas han arrasado, pero la cifra aumentará, no cabe duda. La superficie quemada este verano es ya tres veces superior a la media de la década. El daño medioambiental resulta gigantesco.
El excesivo calor es una de las causas que están detrás de la desolación. Julio de 2022 es el mes más cálido de la historia al alcanzar una temperatura media que se acerca a los 27 grados. Desde que la Agencia Española de Metereología (AEMET) hace registros, 1961, no se había visto nada igual.
La sequía es otra de las plagas de esta especie de verano apocalíptico. La reserva hídrica se ha situado en el 39%. La cantidad de agua que retienen los embalses es hoy 4.559 hectómetros cúbicos inferior a la de hace un año. Las restricciones de consumo en varias zonas de la península son una realidad, incluso una rutina. Hay embalses que están muriéndose.
Lo peor de todo no es esto, siendo horrible. Lo peor es que el verano de 2023 puede ser más devastador. Y el de 2024 más dantesco, y el de 2025 todavía más espantoso.
Las administraciones, en consecuencia, han de acometer medidas urgentes en cada ámbito. Es clave el legislativo. España cuenta desde mayo de 2021 con la ley de cambio climático, pero apenas 15 meses después de su aprobación por el Parlamento hay formaciones que creen que urge cambiarla. Unidas Podemos es una de ellas, lo que augura un conflicto con el PSOE, más reacio en principio.
Los “morados” quieren que los objetivos establecidos para la emisión de gases contaminantes o para el grado de penetración de las energías renovables se revisen al alza antes de que acabe el año. El verano constituye la demostración palmaria, apuntan fuentes del grupo parlamentario a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario integrante del grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, de que no hay tiempo que perder frente a la emergencia climática.
La de cambio climático y transición energética no es una norma que regule cómo luchar contra los incendios ni qué hacer para racionalizar el uso de agua en épocas de sequía, pero dado que está demostrado que el cambio climático es una de las razones del triángulo letal de calor, sequía y fuego, lo que en ella se diga resulta de alcance. Unidas Podemos y Más País coinciden en resaltar que la ley se ha revelado poco ambiciosa un año después de aprobarse con casi 200 votos a favor. Se veía venir, apuntan fuentes de ambas formaciones. El verano, lamentablemente, dicen, les ha dado la razón.
Su artículo 3 define unos “objetivos mínimos nacionales” para 2030, que son: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% respecto a 1990; la consecución de un grado de penetración de energías renovables del 42%, la generación de electricidad por estas mismas fuentes del 74% y el descenso del 39,5% del consumo de energía primaria. Añade, cara a 2050, que España habrá de conseguir “la neutralidad climática”.
A continuación, refiere que el Consejo de Ministros podrá revisar al alza (nunca a la baja) los objetivos perfilados siempre y cuando se den las siguientes circunstancias: para cumplir los acuerdos internacionales, para adaptarlos “a la evolución de los avances tecnológicos y del conocimiento científico” o “cuando concurran elementos objetivos cuantificables que, motivadamente, lo aconseje por motivos medioambientales, sociales o económicos”. El primer análisis se haría en 2023.
Al último de los requisitos enumerados se agarran Unidas Podemos y Más País para exigir una revisión al alza de los objetivos estipulados, y pronto. Este verano serviría para configurar el balance de “elementos objetivos cuantificables”, y sobre todo, para alumbrar las consecuencias medioambientales, sociales y económicas. El balance de pérdidas está por concretarse, pero da la impresión de que asustará.
“Es poco ambiciosa”
El debate que acogió el Congreso para la ratificación de la ley, 13 de mayo de 2021, reveló críticas que persisten un año después. Para EH Bildu, que votó a favor, los porcentajes de reducción de gases contaminantes “se van a quedar muy raquíticos”.
La portavoz de Cs en la Comisión de Transición Ecológica, Carmen Martínez, remarcó que al texto le faltaba “ambición y rigor”, particularmente en lo relativo a los objetivos de emisiones. Inés Sabanés, de Más País, que se abstuvo, fue rotunda: “No se ha incorporado la principal reivindicación y mejora que la ley necesitaba, que es aumentar la ambición”. ERC subrayó que no era suficiente, el PP que llegaba tarde. En resumen: tardanza y laxitud fueron las críticas comunes.
Agosto de 2022, 15 meses después, mismas discrepancias, pero mayor intensidad. Unidas Podemos, que en el debate recordado antes se mostró tibio, ha decidido ir al grano por la vía directa: el verano ha demostrado que hay que redoblar esfuerzos. Fuentes del grupo parlamentario avanzan a este medio que pedirán al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera que no espere a 2023 para efectuar la revisión; ha de llevarse a cabo a finales de año o nada más comenzar el próximo ejercicio.
Pruebas de que la petición ha ganado consistencia en el seno del grupo y de que se ha erigido en prioridad política son una proposición no de ley (iniciativa política) registrada a finales de julio en el Congreso, cuando España ya ardía, se asfixiaba y se secaba. La primera solicitud al Gobierno es la siguiente: "Aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático para acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores". Y una batería de propuestas que Alianza Verde, el sello ecologista de Unidas Podemos liderado por López de Uralde, hizo públicas a primeros de agosto.
Con el fin de negociar posibles cambios en el decreto de ahorro energético, exigió avanzar hacia un grado de penetración de energías renovables del 50% (42% en la ley); hacia un sistema eléctrico con, al menos, un 80% de generación de origen renovable (74% en la ley); y hacia una contracción en el consumo de energía primaria de, al menos, un 45% (un 39,5 en la ley).
Más País se adelantó
“No esperemos a finales de 2023”, sostiene Inés Sabanés a consultas de este medio. La diputada, antigua responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, firmó junto a Íñigo Errejón en marzo una proposición de ley (iniciativa legislativa) en la que solicitaban la modificación de la ley de cambio climático. No había pasado ni un año.
En vez de una disminución del 23% de las emisiones en 2030, Más País planteó una reducción del 55%; un grado de penetración de energías renovables del 50%; un porcentaje del 90% de generación de electricidad a través de renovables (más que Unidas Podemos); y la contracción del consumo de energía primaria en un 50%.
Además, abogó por acortar los plazos con ese añadido: “Se iniciará en 2022 la primera revisión de los objetivos”.
Otros grupos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se muestran más cautos. ERC, por medio de Joan Capdevila, portavoz en la Comisión de Transición Ecológica y ponente de la ley de cambio climático, afirma que se daría por satisfecho si al menos se cumplen los objetivos que reseña la norma. No aceptará incumplimientos.
Martínez, de Cs, insiste, como hizo en mayo de 2021, en que la ley de cambio climático adolece de falta de ambición, pero a su entender los problemas que ha puesto de relieve el verano actual con toda crudeza merecen otras soluciones. Ante la inacción del Gobierno, aboga por un plan de prevención de incendios, sanciones más duras y mejoras en la reforestación. Para afrontar la sequía, reclama un programa de aprovechamiento hídrico.
Idoia Sagastizábal, del PNV, incide en que la actual coyuntura económica ha de propulsar no sólo la apuesta por las renovables, sino además por la mejora del almacenamiento de energía. Urge acelerar las políticas vigentes y la recepción de fondos europeos, y por ello, más que ampliar la ley, o revisarla, ve más conveniente completarla con otras medidas.
PP: sí a la revisión, pero de los métodos
El grupo popular, al respecto, profundiza en la idoneidad de implantar otras políticas y otros planes, a ser posible con financiación europea. El diputado Diego Gago reclama un aumento de la inversión en la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en las comunidades autónomas, así como afinar la coordinación entre administraciones en lo relacionado con la limpieza de los montes.
Los populares no ponen el acento en la revisión de los objetivos de la ley, sino en la mejora de los recursos que permitan cumplirlos en el plazo estipulado, por ejemplo a través de una remozada versión del “Plan Renove” y la consiguiente renovación del parque automovilístico, “causante del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Gago cree que efectivamente cabría una revisión a final de año, pero no de los objetivos. Habría que analizar “las características y las casuísticas generalizadas que se han producido durante esta oleada de incendios para mejorar recursos, protocolos y la adopción de medidas para el año próximo”, explica.
