El sorpresivo final del mandato de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, debido a motivos de salud, y la elección de Álvaro García Ortiz -su número dos- para sustituirla ha sido recibido de forma desigual por jueces y fiscales, que se dividen entre los que lamentan que Pedro Sánchez haya optado por "más de lo mismo" y los que destacan el nivel técnico del candidato, que aún debe pasar por los trámites de idoneidad previstos en la ley tanto en la Comisión de Justicia del Congreso como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En este órgano, muy revuelto por la reforma aún en trámite parlamentario que afecta a sus funciones, el asunto no se solventará de modo pacífico, según aventuran las fuentes consultadas por El Periódico de España.
Otro punto de debate versa sobre si la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, que se califica por todos de continuista, supone otra piedra en el camino a la hora de desbloquear las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se consideran rotas tras la presentación de la 'contrarreforma' que permitirá al gobierno de los jueces designar a los dos magistrados del TC que le corresponden por cuota, manteniendo la prohibición para el resto de nombramientos.
Según algunos, la salida de Delgado avanza en principio en el acercamiento con el PP, pero como se ha renunciado a la elección de un perfil más diferenciado, la cuestión no está clara. La elección de García Ortiz sería entonces "un pretexto muy bueno para que el PP siga manifestando desconfianza", según otras fuentes consultadas en la carrera fiscal. De hecho, este mismo martes desde el partido se han referido a la elección de García Ortiz como “una oportunidad perdida” para regenerar la institución.
Aval de los tres poderes
La designación como candidato por el Consejo de Ministros no es suficiente para ser fiscal general. Al igual que ocurrió con el caso de Dolores Delgado en 2020, García Ortiz tendrá que obtener ahora el aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también someterse a preguntas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a fin de obtener el beneplácito del poder legislativo. Con ello, la ley busca que para la elección del el máximo garante de la legalidad al frente de la Fiscalía participen los tres poderes del Estado.
El primer paso para el nombramiento oficial de García Ortiz lo dará este jueves el CGPJ, cuyo Pleno se reunirá para dar respuesta a la propuesta del Gobierno, un trámite de audiencia al que obliga tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En el caso de Delgado, y por primera vez, un asunto que normalmente es mera formalidad dio lugar a la ruptura del órgano, que se limitó a constatar por doce votos frente a siete los requisitos exigidos se cumplían y eludió pronunciarse sobre la idoneidad, mientras los discrepantes cuestionaron su imagen de autonomía e imparcialidad en sus votos particulares.
No parece que vaya a pasar lo mismo con García Ortiz, según diferentes sectores del CGPJ consultados, porque a pesar de haber sido igual que Delgado un cargo destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cercana al PSOE, no se repite lo que se consideraba el escollo más importante, que era su llegada directa a la fiscalía general desde el Gobierno.
En todo caso, tanto en redes como en los mensajes telefónicos de fiscales, jueces y vocales del Consejo ha circulado a lo largo de la tarde una fotografía en la que puede verse al candidato participar en un laboratorio de ideas organizado por el PSOE de Galicia. Se trata, según las fuentes consultadas, de una intervención de García, en nombre de la UPF sobre medio ambiente, que es su especialidad.
El debate, en todo caso, llega a un CGPJ cuyos vocales se encuentran hastiados por la falta de renovación desde hace más de tres años y medio y "nadie se corta un pelo", según manifiesta alguno de ellos a este diario. En el sector progresista están convencidos, sin embargo, de que el trámite del jueves se solventará "sin ningún problema" y niegan relación con la renovación del órgano.
La carrera recibe a Álvaro García
Sobre Álvaro García, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) señala que, a través de su presidenta Cristina Dexeus, que al tratarse de la mano derecha de Delgado durante sus dos años largos de mandato no esperan grandes cambios, "quizá cambien las formas, nada más", apunta.
Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) saludan la a Álvaro García Ortíz que será propuesto como próximo Fiscal General y a quien desean "los mejores y mayores éxitos porque lo serán de la propia ciudadanía y de la carrera fiscal".
La reacción más dura ha venido de la mano de Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). En un comunicado, señala que el ahora candidato a fiscal general "ha sido corresponsable en todo aquello que ha merecido la crítica a la Institución, y, por tanto, participa sin matices del fracaso y desprestigio de la gestión de Dolores Delgado, por lo que su elección solo se explica desde la indiferencia al daño causado a la institución y a la Justicia española".
A pesar de ello, apunta que García Ortiz "tiene todavía una oportunidad dada la penosa situación global de la Fiscalía en estos momentos: abandonando el sectarismo en los nombramientos, abrazando la defensa de la ley y no de política criminal alguna, abriendo la Institución a toda la ciudadanía, asumiendo el papel constitucional y democrático del Ministerio Fiscal y su independencia del Gobierno y de cualquier partido político".
Expectación entre los jueces
En la carrera judicial, desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) su portavoz, María Jesús del Barco, señala sobre el candidato que "no es bueno que se vincule a un fiscal general del Estado con un partido político", pero no cree que haya problemas para el aval del Consejo. "Quizá votos particulares, como también pasó con Delgado", aventura.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) se califica a Álvaro García como "buen profesional, fiscal experimentado y de sensibilidad social" por lo que es idóneo para el cargo de fiscal general, cumpliendo además sobradamente los requisitos legales, que pasan por llevar 15 años de ejercicio efectivo en la carrera. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, añade que la salida de Delgado es una demostración más de que "las instituciones pueden renovarse".
Para la asociación Francisco de Vitoria lo relevante es que el candidato no tiene vinculación política que se sepa en comparación con Delgado, "que fue muy dañino en este sentido", según señala a este diario Jorge Fernández Vaquero. Y si el CGPJ terminó dando el aval a Delgado, considera que "parece difícil" que pueda decir algo ahora de su sustituto, pese al "clima institucional tan viciado que padecemos".
