La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se enfrentará a seis años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de 144.000 euros por el presunto amaño de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para favorecer a un amigo y colaborador suyo, Isaías Herrero. Tal y como adelantó este martes EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, se le atribuye un delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público y se la exculpa de malversación de fondos y fraude administrativo, infracciones penales que hubieran incrementado la petición de pena de prisión.
La acusación pública sostiene que Borràs "abusó de sus funciones" como directora de dicha institución, mientras que la líder de Junts defiende su inocencia y exige a los partidos -especialmente a los independentistas- que no la condenen antes de sentarse en el banquillo de los acusados, eso es, que no la suspendan de sus funciones como prevé el reglamento del Parlament: "No he pedido nunca que se me absuelva. Lo que pido es que nadie me condene antes de ser juzgada, que no haya cómplices de mi condena política [...] No he cometido ningún delito", espetó en una rueda de prensa, asegurando que no se siente interpelada por la normativa de la Cámara acogiéndose a un informe de los letrados.
La fiscalía también reclama los mismos años de cárcel e inhabilitación y una multa de 72.000 euros para Herrero y tres años de prisión, inhabilitación por 10 años y multa de 30.000 euros para otro implicado, Andreu Pujol Martín. A Borràs y Herrero se les reclama la máxima pena por el delito de falsedad, una infracción penal castigada con una condena de entre tres y seis años de privación de libertad.
En el escrito de acusación, las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto relatan que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero, con quien había mantenido relaciones profesionales previas en la universidad y en un grupo de investigación. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios informáticos se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA), incide la acusación.
"De manera recurrente", la dirigente de Junts, en calidad de directora de la ILC, otorgó un total de 18 contratos a Herrero, "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas". El propósito, según la fiscalía, era "vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente", siendo conscientes de que con "su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa" e impedían que "la gestión del servicio pudiera ser adjudicada a otra persona". El importe de esos servicios informáticos encargados a Herrero entre el 2013 y 2017 asciende a 277.438,17 euros (336.700,29 euros con IVA).
"Propuestas comparsas" y falaces
Con el fin de "ofrecer una apariencia fingida respecto de los principios de publicidad y pública concurrencia", según las fiscalas, Borràs y Herrero acordaron que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran ofertas reales sino propuestas "comparsa" elaboradas "falazmente" por ellos y por el otro imputado, Pujol Martín. La idea era "simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador, de encubrir que el adjudicatario real de todos ellos" era Herrero y de "enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos".
Pujol Martín, conocedor de que Borrás había encargado a Herrero la creación de la página web y de que este último debía cobrar a través de diferentes contratos menores, de "común acuerdo" con los otros dos imputados y con "idéntico propósito de infringir" la normativa, aceptó elaborar presupuestos y facturas a su nombre como trabajador autónomo o a través de la empresa APMG@CE, de la que era administrador único. Por ello, "confeccionó falazmente" dichos documentos siguiendo las indicaciones de Herrero, detalla la acusación. Las ofertas de licitación por cuenta de Pujol Martín o su empresa se presentaban a los expedientes de la ILC en ocasiones como "presupuestos comparsa" y en otras como propuestas que debían resultar adjudicatarias de algunos contratos con el fin de que Herrero pudiera cobrar por los servicios informáticos.
La fiscalía señala otros "proveedores comparsa", como las sociedades Elit3,14, Lab Hermeneia, Xarxa Integral de Profesional i Usuàries, Freelance Sociedad Cooperativa Madrileña, Smartcooper y tres profesionales autónomos. En este sentido, la acusación precisa que algunos presupuestos a nombre de estos tres autónomos fueron confeccionados por Herrero y "en algún caso" por la misma Borras, llegando a ser incorporados a los diferentes expedientes de contratación y "sin que ellos tuvieran conocimiento o lo hubieran autorizado". En otros presupuestos, como en los de Hermeneia, no constaba NIF, y en los de Smartcooper, esa firma "no elaboró ni autorizó" la presentación de propuestas a su nombre, ni dio permiso a Herrero para poder confeccionar facturas. Herrero era socio de las cooperativas de Xarxa Integral y Feelance.
