Desde su toma de posesión el pasado mes de noviembre, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, calificó de 'prioritario' que este órgano abordara de una vez el recurso contra la vigente ley del aborto, conocida como 'ley de plazos', que fue recurrida por el Partido Popular hace ya la friolera de 12 años. Después, se habló de que este debate se produciría necesariamente antes del verano, previsiblemente en junio, si bien luego se decidió aplazar el asunto hasta después de las elecciones andaluzas y finalmente parece que no se fallará hasta pasada la época estival.
Así lo señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, fuentes del órgano de garantías, que señalan la dificultad de que este tema, para el que se busca un amplio consenso dada su trascendencia social, pueda llevarse al Pleno y terminar de discutirse en el mes de julio cuando aún ni siquiera se ha repartido la ponencia que ha recaído en Enrique Arnaldo entre el resto de magistrados, algo que estaba previsto que sucediera el pasado mes de mayo.
Pese a la informaciones que abordaban la posibilidad de que el aborto fuera por fin discutido este mes de junio, finalmente los 30 días han terminado sin que el asunto fuera incluido en el orden del día de ninguno de sus tres Plenos, el último de los cuales se celebra esta semana.
Ya solo quedaría julio, aunque fuentes consultadas consideran que es tarde para introducirlo teniendo en cuenta además que la última reunión del próximo mes se reserva para hacer un "Pleno escoba" que saque adelante temas sencillos que se acumulan en el órgano desde hace tiempo y que deben ser solventados con prioridad. No parece el momento para empezar a discutir un tema tan espinoso como el del aborto, ya que es bastante probable que el tema dé para más de un Pleno.
TRIBUNAL CUESTIONADO
Por otra parte, fuentes del sector progresista de este órgano ven inadecuado que, tras esperar tanto tiempo para estudiar la ley de plazos, el Tribunal Constitucional se decida a hacerlo cuando tiene pendiente la renovación de un tercio de sus magistrados, que deberían haber sido renovados el pasado 12 de junio y que son además quienes determinan que ahora mismo exista una mayoría conservadora en esta institución.
A ello se une la última polémica por la proposición del ley presentada por el grupo parlamentario del PSOE que pretende, precisamente, acelerar la renovación del Tribunal Constitucional hacia una mayoría progresista. Otros sectores consultados consideran que lo importante no es la situación institucional de los magistrados, sino que finalmente se dicte "una buena sentencia".
En la mente de todos se encuentra, en todo caso, lo recientemente ocurrido en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, que acabó el pasado viernes con la protección del derecho al aborto, vigente desde 1973, con una polémica decisión, que, según el presidente Joe Biden, hace retroceder al país 150 años.
NUEVA LEY DEL ABORTO
Se añade la circunstancia de que, a la vez que se discute llevar por fin la ley del aborto a debate en el Tribunal Constitucional, se esté desarrollando una modificación de la normativa de interrupción voluntaria del embarazo impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo anteproyecto ya ha sido presentado por el Gobierno. Desde hace unos días, el texto se encuentra sobre la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, han confirmado a este diario fuentes de ambas instituciones, que deben realizar sus preceptivos informes.
Desde Igualdad inciden en que el Consejo de Ministros solicitó la tramitación por la vía de urgencia de esta norma, con lo que los plazos para que los órganos constitucionales emitan sus informes se reducen a la mitad. En el órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, consideran 'complicado' que este órgano se pronuncie sobre este asunto antes de agosto, mientras que el Consejo Fiscal inicia sus pasos ahora porque su constitución se produce precisamente mañana, 29 de junio, tras caducar el mandato de los anteriores vocales.
El proyecto busca modificar la ley vigente parra permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno -el extremo que se modificó de la norma original tras la llegada al poder del PP de Mariano Rajoy-, pero el Gobierno también ha optado por emprender una reforma ambiciosa de la norma que abarcará desde la regulación de conciencia de los médicos a la incapacidad temporal para reglas dolorosas, el fin de los tres días de reflexión antes de un aborto o la pobreza menstrual.
CINCO PRESIDENTES Y TRES PONENCIAS
Rodeados de todas estas circunstancias, los magistrados del Constitucional deben abordar un recurso que ha pasado por un órgano presidido por cinco personas diferentes sin que en todo ese tiempo se haya logrado ni siquiera llevar un borrador al Pleno para su deliberación. No lo pudo hacer la primera ponente, Elisa Pérez Vera -partidaria de avalar los plazos- ni tampoco Andrés Ollero durante los 9 años en los que permaneció como magistrado en el tribunal.
En su ponencia, Ollero suscribía la doctrina que estableció el propio TC en 1985, que señala que, en caso de un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, no cabe optar por ninguno de los dos, sino ponderar cada caso. "Pero los plazos no ponderan nada, se dice que durante unas semanas, sin dar explicaciones -explicó en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA-. Hay que cambiar la doctrina del tribunal para admitir los plazos y yo consideraba que no son constitucionales. Pero no tuve una mayoría que apoyara ese planteamiento".
