El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción nunca han mostrado una gran sintonía a lo largo de la instrucción del caso Tándem, en el que se investigan las causas relativas a las cloacas policiales y cuyo principal imputado es José Manuel Villarejo. Pero en lo que sí han estado de acuerdo es en avalar la investigación que se desarrolla en Andorra sobre las "cuatro 'notas informativas" que "sí pueden ser considerados como evidencia de la comisión de hechos delictivos en perjuicio directo de la familia Pujol".
Ambos se pronunciaron de esta forma por los únicos hechos de la 'Operación Cataluña' que consideran que pudieron ser constitutivos de delito en el informe fiscal y el auto que rechazó la personación del primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol en el llamado caso Villarejo. Ninguno hace más especificaciones sobre la investigación en Andorra, pero se refieren a las diligencias abiertas a raíz de la querella que los hermanos Cierco, máximos accionistas de la Banca Privada d’Andorra (BPA), presentaron en 2016 contra dos policías, entonces agregados de la Embajada española en el principado: sostienen que les amenazaron con "la muerte" del banco si no hablaban "con gente de Madrid".
La admisión a trámite en 2020 de una ampliación de esa querella, dirigida contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y dos de sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, entre otras personas, es la que ahora se ha notificado a través de una comisión rogatoria.
Propia de la Policía
Los argumentos para rechazar la personación de Pujol Ferrusola en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional son similares a los que vetan cualquier posibilidad de que se investigue la 'Operación Cataluña': las pesquisas que se practicaron sobre su presunta corrupción se enmarcan en la actividad propia de la policía, con información conseguida principalmente a través de fuentes humanas (el empresario Javier de la Rosa y María Victoria Álvarez, examante de Pujol junior) y corroborada por otros elementos.
Anticorrupción explica que los informes policiales que no reunían los requisitos para abrir una investigación se rechazaron, por lo que no hay 'Operación Cataluña' que investigar
Desde Anticorrupción se añade a este diario que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que no reunían los indicios mínimos para iniciar una investigación sobre hechos que se enmarcarían en la 'Operación Cataluña' fueron rechazados, por lo que no hay nada que investigar en España. Añaden que el llamado pendrive de los Pujol, que supuso la condena del exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino, fue apartado de la causa en la que se investigan los delitos presuntamente cometidos por la familia del expresidente catalán al no poder acreditarse el origen de su contenido.
El imputado testigo
Esas notas informativas están fechadas entre julio de 2014 y enero de 2015 y fueron reconocidas por Villarejo, cuando se ofreció a declarar como testigo en la causa, lo que hizo desde la cárcel en 2019. En ellas se atribuye al que era responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, el encargo de presionar a los Cierco y reunirse con el consejero delegado del BPA, Joan Pau Miquel, para pedirle información sobre los Pujol "o de lo contrario, forzar el cierre del banco", así como pagos de hasta 500.000 euros de fondos reservados del CNI.
Martín-Blas se defendió de la querella asegurando que Ramón Cierco "habría entregado voluntariamente la información" y las "notas apócrifas" se fabricaron para "enmascarar esa violación del secreto bancario". Se le culpa a él por la animadversión que le tiene Villarejo por haberle investigado. Los Pujol no están personados en la causa; desde su entorno se sospecha que es un intento de los Cierco, que reclaman 142 millones al Estado, para evitar responsabilidades por la intervención del banco andorrano y su filial, el Banco de Madrid, ante las centenares de reclamaciones de sus clientes.
La ampliación de la querella dirigida contra Rajoy se basa en la declaración de Villarejo, que atribuyó el cierre del banco a sus superiores, lo que dio a entender el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) que se refería al Gobierno del PP.
