Moncloa fía al esperado acuerdo con el PP de Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la decisión sobre si nombrará o no por su cuenta a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde por cuota y que asegurarían un vuelco en la composición de este órgano, facilitando una mayoría progresista en el mismo.
Se trata de una decisión no exenta de polémica, puesto que el órgano de garantías debe renovarse por tercios (según señala la propia Constitución) y los nuevos magistrados elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez deberían llegar a la vez que otros dos que corresponde elegir al CGPJ, que está imposibilitado para hacerlo al encontrarse en funciones desde hace casi tres años y medio.
Por esta razón, y en el caso de que la renovación del órgano de gobierno de los jueces siga bloqueada por el PP, el Ejecutivo podría mover ficha y acelerar así el cambio en el órgano de garantías, según fuentes del mismo consultadas por El Periódico de España.
Dado el cambio de mayorías consecuencia de la renovación -habrá siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores- hay quien considera que el PP es el principal interesado en que no se produzca la sustitución de los vocales del órgano de gobierno de los jueces y como consecuencia de este, el vuelco en el TC. La razón es que el órgano acumula recursos, planteados muchos de ellos por Vox, que cuestionan casi toda la gestión del Gobierno, más otros de importante trascendencia social, como es el presentado hace 12 años por el propio PP contra la ley del aborto.
Palabras de Bolaños
El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba este miércoles en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno podría realizar sus nombramientos una vez concluya el próximo 12 de junio el mandato del actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y de Antonio Narváez, que son los dos magistrados que designó en 2013 Mariano Rajoy y que a ellos les toca sustituir.
Según Bolaños, la única manera de que el CGPJ pueda hacer su parte y sustituir a los otros dos magistrados salientes (el progresista Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez-Vares) es facilitando la renovación de este órgano. En este sentido, ha responsabilizado a los populares del "bloqueo sistemático permanente" de los órganos constitucionales.
"Es gravísimo que el principal partido de la oposición no cumpla la ley de manera abierta", ha afirmado el ministro, para añadir que aspira a que el PP "entre en razón" porque su bloqueo es "inconstitucional y es ilegal".
El interlocutor del PP en este asunto, Esteban González Pons, ha venido transmitiendo durante las últimas semanas a las asociaciones de jueces y fiscales que el acuerdo con el PSOE se producirá después de las elecciones andaluzas, en junio o julio. Esta postura ha despertado el optimismo frente a un cercano acuerdo, pero si este no se produce, el Gobierno podría decidir no seguir esperando más.
Riesgo en el tribunal
El movimiento del Gobierno no estaría, sin embargo, exento de riesgo, pues los nombramientos que se produjeran tendrían que ser aceptados por el propio TC, cuyo Pleno debe dar el plácet a los mismos. El hecho de que la renovación no fuera por tercios, tal y como exige la Carta Magna, podría despertar el rechazo de parte del propio tribunal, según fuentes del órgano consultadas por este diario. A ello se añadiría la complicada situación en la que podrían quedar las dos personas propuestas por el Gobierno en el caso de que el TC no les diera este plácet.
Desde el Gobierno mantienen que si por ellos fuera cerrarían mañana el acuerdo para renovar el CGPJ, aunque aceptan que este pueda llegar tras las andaluzas. El problema es que, durante la etapa de Pablo Casado al frente del partido, se sucedieron las excusas para evitar el pacto, y se teme que esta situación pueda volver a repetirse con Núñez Feijóo.
"Creo que van ya por la excusa número 237", señalan las mismas fuentes, que añaden además desde el Gobierno no se puede exigir al PP día tras día que cumpla con la Constitución y luego ellos saltarse los plazos legales. Ello no significa que el Gobierno vaya a realizar sus nombramientos una vez pasado el próximo 12 de junio, aunque sí podría ser unas semanas después. "Lo que no puede ser es mantenerlos sin nombrar 'sine die'", añaden.
Por su parte, el Tribunal Constitucional, una vez renovado, elegirá libremente al presidente y vicepresidente para los próximos años entre los más veteranos de sus magistrados, y el favorito para dirigir al nuevo tribunal de corte progresista es Cándido Conde-Pumpido.
Un sector de este órgano también considera que, legalmente, no se debería esperar tanto, y el Gobierno deberían nombrar ya a los dos magistrados que constituyen su cupo para cumplir con la Constitución, sin que le afecten las limitaciones del CGPJ. Así lo hizo el Gobierno de la UCD cuando se constituyó el TC, y el CGPJ todavía no había sido elegido, apuntan como precedente.
