El cumplimiento por parte de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, del encargo que le hizo el Tribunal Supremo para motivar suficientemente la designación de un hombre de su confianza, Eduardo Esteban, al frente de la Fiscalía de Menores, no ha satisfecho a las asociaciones de fiscales críticas con su gestión, que estudian la fórmula de volver a cuestionar este nombramiento ante el Tribunal Supremo.

Muy al contrario, los argumentos empleados por Delgado para insistir en su candidato -como es necesidad de que le sean reconocidos "amplios márgenes de discrecionalidad" para elegir a los miembros de la cúpula fiscal--, han soliviantado a este sector de la carrera, que estudia la fórmula legal que les permita volver a cuestionar las políticas de la fiscal general ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Así lo ha señalado a El Periódico de España la presidenta de la Asociación de fiscales (AF), Cristina Dexeus, que lamenta que la amplia motivación hecha pública este miércoles, que se extiende a lo largo de 22 páginas, esté plagada de "afirmaciones subjetivas, con defecto de motivación objetiva y desmerecimiento del otro candidato con insinuaciones insidiosas y contrarias al buen crédito profesional y en modo alguno justificadas".

Este otro candidato al que se refiere es José Miguel De la Rosa, fiscal experto en menores que está adscrito a la Fiscalía del Supremo, de quien Delgado dice en su informe que no fue elegido, entre otras razones, porque "viene sosteniendo posturas" con las ella no se identifica en asuntos concretos. En su informe, Delgado aludía también a su "falta de sensibilidad" sobre perspectiva de género que sí presenta el fiscal elegido inicialmente.

La clave de un nuevo recurso, que elevará más si cabe la tensión existente entre las diferentes organizaciones profesionales que representan a los fiscales españoles, estriba en valorar ahora si el documento rubricado por Delgado satisface o no las exigencias marcadas por el Tribunal Supremo en la sentencia por la que, el pasado 5 de abril, anuló el nombramiento de Esteban y emplazó a la fiscal general de motivar suficientemente la elección de la persona que debía ocupar el puesto.

También podría recurrir la Asociación Profesional e Independiente de fiscales (APIF), que por primera vez ha obtenido el respaldo suficiente de la carrera para lograr un puesto en el Consejo Fiscal. El futuro consejero, Salvador Víada, ha reclamado por el momento el acta de la reunión de este órgano en la que se votó la jefatura de Esteban, y espera analizarla y hablar luego con la AF y el propio De la Rosa para estudiar una iniciativa conjunta, según ha señalado a este diario.

Por su parte, Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -- a la que perteneció Delgado hasta ser elegida-- considera que la Sala Tercera del Tribunal Supremo solicitó a la fiscal general del Estado que realizase una fundamentación de la propuesta, y esta se ha realizado conforme a las exigencias del alto tribunal.

Comparación entre fiscales

Herreros reconoce que en este tipo de trámites nunca se había hecho de este modo, con una comparativa entre los compañeros "porque siempre resulta más desagradable", pero en este caso ha tenido que efectuarse por la fiscal general para explicar "por qué un candidato le parece mejor que otro". A su juicio, el margen de discrecionalidad que la ley otorga a la fiscal general para realizar los nombramientos hace que cualquier recurso que se plantee ahora esté "abocado al fracaso".

Además de justificar la elección de Esteban, Delgado defiende en su escrito de forma contundente en su informe los amplios poderes de que dispone para elegir a los fiscales que deben integrar la cúpula de la carrera, así como la necesidad de que le sean reconocidos "amplios márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades" siempre que respondan "a un fin lícito y legítimo". 

Para la fiscal general, si dichos criterios fueran fijos e inamovibles, "ello conduciría a negar margen alguno de libertad a la fiscal general del estado, debiendo concluirse que fuera quien fuese el titular de la Fiscalía General", los criterios de selección siempre deberían resultar los mismos.