El exresposable de finanzas del PSPV y exvicepresidente de Bancaja, Jose María Cataluña, y el exdirector jurídico de Divalterra, José Luis Vera, se han sumado a la catarata de nulidades del caso Azud en sendos recursos presentados ante la titular del Juzgado de Instrucción 13 de València, responsable de la macrocausa junto a la Fiscalía Anticorrupción. Cataluña, un histórico de los socialistas valencianos apartado de la política activa, está investigado (aunque no fue detenido) como facilitador de "contactos" al empresario Jaime María Febrer con ayuntamientos gobernados por el PSPV en los años bajo investigación en el caso, desde 2005 hasta 2010. A Vera, referente durante años en la lucha contra la corrupción por su participación en los casos Terra Mítica y Fabra, también se le considera el "conseguidor" de contratos para Febrer, del que llegó a cobrar 1,3 millones por servicios al empresario.

Vera ataca en sus recursos de apelación, que examinará la sección tercera de la Audiencia de València, los plazos fijados por el juzgado de Instrucción 13 para recurrir los autos dictados en la causa, secreta incluso para las partes desde 2017 hasta el pasado mes de abril. La defensa del excargo de Divalterra denuncia la vulneración de sus derechos ya que "con el modo de proceder del juzgado instructor, de hecho, se nos está privando del derecho a una segunda instancia contra la decisión de darnos un plazo de quince días para poder recurrir todas las resoluciones que se contengan en los 3.237 archivos, clasificados en 758 carpetas y subcarpetas de la causa que se nos dieron a conocer al levantar parcialmente el secreto de las actuaciones", asegura. En el segundo escrito dirigido al juzgado de Instrucción 13, Vera manifiesta que se adhiere a los recursos presentados por la familia Corbín Barberá en los últimos días en los que solicitaba la nulidad de toda la causa.

Por su parte, José María Cataluña ataca mediante un recurso de reforma (ante el propio Juzgado de Instrucción 13 y subsidiario de apelación ante la Audiencia de València) contra el auto que autorizó la operación policial de 2021 y que autorizó, en su caso, el registro de su vivienda en Gilet en mayo de 2021. En el escrito, la defensa de Cataluña reprocha al juzgado que resalte "la importancia de unos supuestos regalos, en Navidad, de una escasa cuantía, cuando se sabe que no tiene ni valor, ni se mencionan, como el vino Carmelo Rodero (20 Euros)". Y concluye: "Con todos los respetos, la decisión judicial, no atribuye ningún indicio, constitutivo de delito", apunta el abogado del socialista, y "pese a ello se acuerda una medida restrictiva fundamental de los derechos de mi representado".