Tras más de una veintena de reuniones con empresas de diferentes sectores y tras una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios, desde el PP a EH Bildu, el Gobierno tiene la nueva ley audiovisual atada, a la espera de un trámite que será rapidísimo. Tan trabajado está el proyecto que los plazos de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha previsto constreñir en una semana, la que viene, el trámite de ponencia con la finalidad de que el pleno apruebe el texto el día 26 de este mes.
Fundamental en el optimismo del PSOE ha sido la receptividad de los grupos de la oposición, empezando por el popular. Fuentes parlamentarias que han participado en las negociaciones desde que el proyecto del Gobierno desembarcara en la Cámara, en febrero, han subrayado a El Periódico de España que el PP, en vez de transmitir su oposición, ha manifestado una clara voluntad de pacto. El proceso de transacción de las enmiendas registradas no ha vivido episodios de desacuerdos. Ha prevalecido el entendimiento, constatan.
Lo mismo sostienen las fuentes respecto de la actitud de ERC. De hecho, indican que a la formación catalana se le han satisfecho numerosas demandas, lo que complica el desmarque. Con todo, en Esquerra la decisión no está tomada, pero tanto la predisposición que ha mostrado como el resultado obtenido apuntan, como poco, a la abstención. Fuentes de otros grupos, al tanto de la evolución del diálogo sobre la normativa, corroboran el ambiente productivo que ha habido entre los grupos y que el clima, salvo sorpresa, se plasmará en la sesión de la Comisión de dentro de una semana.
Productor independiente y RTVE
Los aspectos más controvertidos de la norma se han podido solventar, y no eran pocos ni livianos en un sector como el audiovisual que representa alrededor del 2% del PIB español. Las fuentes consultadas han eludido precisar cómo se han resuelto los pasajes más polémicos del texto, pero todas las fuentes consultadas, tanto socialistas como populares y de formaciones independentistas coinciden en recalcar que el diálogo ha dado sus frutos. Por ejemplo, en la consideración de "productor independiente", que es donde estaba "la madre del cordero", en opinión de una de dichas fuentes, o en el modelo de financiación de RTVE.
Sobre lo primero, recordar que el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, el pasado mes de febrero, definía esta figura de la siguiente manera, artículo 101: "la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable a una estrategia empresarial común con un prestador del servicio (...) y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo". Y añade: "y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un prestador del servicio de comunicación audiovisual".
Más allá de los requisitos legales sobre el vínculo con el prestador de servicio, en el sector habían puesto el grito en el cielo, y así, iniciaron una serie de reuniones con todos los grupos parlamentarios para que en el proceso de ponencia y negociación de enmiendas quedara mejor perfilado este fragmento de una ley que, cabe recordar, es vastísima: más de 180 artículos y numerosas disposiciones.
Era una redacción genérica que creó alarma, por tanto, y las formaciones políticas representadas en el Congreso respondieron a la preocupación mediante diferentes enmiendas destinadas a acotar el concepto, sobre todo para diferenciar lo que es un productor y lo que es un productor independiente y para puntualizar porcentajes de participación del capital de la empresa.
Sobre lo segundo, los ponentes han debido conciliar los intereses de actores poderosos, en concreto los operadores de telecomunicaciones. Actualmente, son estas compañías las que, a través de una tasa (0,9%), contribuyen a la financiación de RTVE. Las críticas procedían de lo que interpretaban como un doble tributo. Las fuentes han eludido aclarar por dónde ha ido la solución y se limitan a garantizar que la redacción acordada no ha provocado malestar. Al menos de momento.
Ser prudentes
La ley audiovisual se convirtió en un condicionante del panorama político cuando ERC planteó el blindaje del catalán en la producción y catálogo de las plataformas audiovisuales, es decir, de Netflix, HBO o Filmin. No lo pidió como hecho aislado, sino como moneda de negociación de los presupuestos generales del Estado, de los vigentes para ser exactos. Mediante una alusión a un porcentaje, sin determinar, el Gobierno contestó al primer órdago de Esquerra y el proyecto presupuestario pudo tramitarse. Más adelante, acordaron que fuera el 6%.
Sin embargo, semanas más tarde, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al texto, el porcentaje quedó desdibujado porque sólo podía aplicarse a compañías del país en el que promulgara la norma, no a las extranjeras, por lo que los independentistas volvieron a la carga, pusieron en riesgo el trámite del Senado y obligaron al Gobierno a negociar de nuevo. Pactaron una asignación anual de 15 millones.
Durante las conversaciones de las últimas semanas, especialmente intensas tras las vacaciones de Semana Santa, las lenguas cooficiales no han supuesto muchos problemas, si bien una de las fuentes advierte de que pueden reabrirse heridas porque no está finiquitado si el blindaje debe ceñirse al doblaje o extenderse a la producción. En el grupo socialista calman los ánimos.
En el PSOE, de hecho, están convencidos de que el trabajo de transacción y pacto está hecho casi al 100%, si bien mantienen un resquicio de prudencia. "No sería la primera vez que llegamos a la ponencia con los deberes hechos, y de repente, todo se complica. Hay intereses políticos en juego y pueden complicar un desenlace que creíamos hecho", remarca una de las fuentes del grupo que dirige Héctor Gómez.
El contorno jurídico y económico del productor independiente, la financiación de RTVE, el blindaje de las lenguas cooficiales e incluso los espacios destinados a publicidad (delicado fue conciliar los intereses de las compañías de bebidas espirituosas) fueron los asuntos espinosos que habían identificado los grupos, a raíz de las muchas reuniones con los sectores. "Demasiadas reuniones; ha sido de las normas más complejas a las que me enfrentado desde que soy diputado", apostillaba una de las fuentes esta misma semana.
Pero han servido para limar una ley enorme que, además, había y hay que tramitar con urgencia, porque la UE impuso su aprobación en marzo de este año. El Gobierno confía en que entre en vigor en junio. Queda la ponencia del Congreso, el debate de la comisión y el "ok" del pleno; falta también la tramitación del Senado, que esperan en el PSOE sea de urgencia y no dé lugar a cambios. El retraso que podría causar una inesperada modificación, ya que el texto volvería entonces al Congreso, sentaría mal. En los grupos independentistas no lo descartan, no obstante. "Puede que detectemos margen de mejora en algunos aspectos", avisan.
Diálogo a pesar de Pegasus
El trámite ha sido más pausado de lo que en principio presagiaron los propios diputados, justo por la perentoriedad a la que obligaba la UE. Pero el Gobierno, al ver que la ley daba pie a susceptibilidades, decidió pausar el procedimiento y llevar la eventual aprobación al final del periodo de sesiones, es decir, a junio. Asustó la enmienda a la totalidad presentada por el PNV, con el que a priori se contaba para que la transacción fuera de garantías. Los nacionalistas vascos, al final, retiraron su petición de devolución del texto, señal de que en el Gobierno, en el Ministerio de Economía de Nadia Calviño concretamente, se estaba trabajando con ahínco para que el tránsito de la ley no resultara torpedeado.
No es baladí que en el grupo socialista, cuya negociación han conducido el diputado cántabro Pedro Casares y la diputada oscense Begoña Nasarre, reine la satisfacción, a pesar de que el camino no siempre fue tranquilo. El estallido del escándalo del espionaje a más de 60 dirigentes y personalidades independentistas, hecho con el software Pegasus, ralentizó el proceso en el que se había embarcado el trabajo de los interlocutores socialistas. Llegaron a temer que afectara irreversiblemente.
Sin embargo, esta misma semana, cuando se reunieron con ERC detectaron una actitud muy positiva y muchas diferencias desaparecieron. "Está difícil el voto en contra; falta ver, no obstante, si abstención o apoyo", sentencian fuentes parlamentarias. Así que la audiovisual puede ser la primera gran ley, tras la crisis de las escuchas y del CNI, que concilie a socialistas y republicanos. Y una gran ley que junte en la misma posición a PSOE y a PP.
