Víctor Terradellas, exresponsable de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), este jueves ante el juez que mantuvo dos reuniones con el entonces presidente Carles Puigdemont en les Cases de les Canonges, su residencia oficial, en la que participaron un grupo de ciudadanos rusos que se presentaron como emisarios del Gobierno Ruso. En uno de esos encuentros, celebrados antes del 27 de octubre del 2017, el día de la declaración unilateral de independencia (DIU), estuvo Nikolay Sadovnikov, un exdipomático que estuvo vinculado al Ministerio de Exteriores de Rusia hasta el 2018, según fuentes diplomáticas italianas. Terradellas, declaró durante tres horas como imputado por presunto desvío de fondos a través de subvenciones, precisó, sin embargo, que actuó por cuenta propia y no por encargo del exmandatario catalán.
Terradellas admitió ante el juez de Barcelona Joaquín Aguirre que mantuvo dos reuniones con Puigdemont con enviados rusos que habían llegado a él de la mano del empresario catalán Jordi Sardà Bonvehí (denunciado en el 2012 por Gas Natural por un negocio de gas en Ucrania). En el primero de esos encuentros, participó Sergei Motin (fallecido)y el segundo este y Nicolay Sadovnikov. Fuentes judiciales explicaron que el excargo de CDC confirmó que en esas reuniones, "los enviados del entorno del Gobieros ruso", así o definió el imputado, ofrecieron a Puigdemont ayuda económica cuando Cataluña fuera independiente y el envío de 10.000 soldados rusos.
El excargo de CDC fijó estas entrevistas el 24 y 25 de octubre, días antes de la DUI, aunque el consorcio internacional de periodistas tiene acreditado que Sadovnikov viajó el día 26 de octubre. El mismo exdiplomático ruso admitió al consorcio de periodistas internacionales, en el que figura EL PERIÓDICO, que fue ese día cuando se trasladó a Barcelona y que se vio con un grupo de personas. En una de estas reuniones, según las fuentes consultas , estuvo presente la exdirigente de Junts Elsa Artadi, que dimitió la semana pasada como candidata del partido a la alcaldía de Barcelona. Este diario ha intentado en varias ocasiones recabar su versión. Los rusos pidieron a cambio una legislación favorable para convertir Catalunya en un nicho de criptomonedas y también para poder "financiarse", sostuvo.
Los dos viajes a Moscú
El ex de CDC querido dejar claro que los contactos con esta trama rusa fueron a título personal y que "nadie" y, sobre todo, ni Puigdemont le hizo ningún encargo al respecto. "Fue por propia iniciativa", explicó al juez. Esta relación, reconoció, se alargaron todo el 2018. Incluso, aseguró, viajó a Moscú en septiembre del 2018 para mantener una reunión con Nikolay Sadovnikov. Antes del referéndum unilateral del 1-O ya había ido a la capital rusa, donde tuvo un encuentro con el exdiputado de ese país Sergey Markov, según declaró el mismo Terradellas. Son, según él, las únicas dos veces que ha ido a Rusia. "Iba por libre", repitió. Fuentes de su entorno detallaron que durante el interrogatorio recalcó que "no trabajaba" para Puigdemont, ni había recibido ningún encargo de este.
Terradellas, asistido por el abogado Francesc Sánchez, concretó que ante la oferta de esos emisarios rusos Puigdemont se quedó con "cara de anonadado" y no dijo nada, por lo que fue preguntado por el juez sobre la expresión "se ha cagado en las bragas" que él utilizó cuando le explicó la oferta rusa sobre la ayuda económica y posiblemente militar a David Madí, exalto cargo de CDC, y Xavier Vendrell, exconseller de ERC, ambos miembros del denominado 'Estado Mayor' del expresidente. El imputado aseguró que esa era una expresión muy catalana que podría tener muchos significados. Los audios de estas conversaciones fueron encontrados en el móvil de Terradellas intervenido, aunque este desmintió en su declaración que lo grabara él. No aclaró como aparecieron las grabaciones en su teléfono.
Subvenciones bajo sospecha
Una parte del interrogatorio se centró en el presunto desvío de fondos a través de las subvenciones de la Diputación de Barcelona cuando esta entidad estaba dirigida por CiU. En este sentido, desmintió que la ONG que el dirigía, CatMon, fuera una "lavadora de dinero para el procés", a la vez que argumentó los fondos fueron destinados a los fines por los que fueron otorgados. Explicó que todos los asuntos financieros y sobre las subvenciones los llevaba el ahora diputado de Junts en el Parlament, Francesc Dalmases.Las dos entidades vinculadas a Terradellas, Catmon e Igman, percibieron 208.610 euros entre el 2012 y el 2017 de la Diputación de Barcelona, 439.130 del Departamento de Presidència de la Generalitat; 367.000 de la Agència Catalana de Cooperación al Desenvolupament de la Generalitat y 160.000 del Ayuntamiento de Barcelona, cuando era alcalde el convergente Xavier Trias. En total: 1.174.740 euros. n el caso de que el juez Aguirre consiga más pruebas contra este parlamentario, su caso deberá ser remitido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en julio del 2021 rechazó hacerlo porque entonces los indicios eran insuficientes.
