El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la ampliación de denuncia realizada por la Abogacía del Estado en relación con el espionaje sufrido a través de Pegasus por miembros del Gobierno e incluirá en sus pesquisas el sufrido por los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

Calama, que ya investigaba desde la semana pasada el vivido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tomado la decisión de ampliar las diligencias tras recibir un segundo escrito de los Servicios Jurídicos del Estado en el que se le informa de que los teléfonos móviles de los ministros del Interior y de Agricultura también sufrieron una infección, en su caso, en junio de 2021, según se desprende de los dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se hizo cargo de la denuncia inicial de la Abogacía del Estado, presentada tras constatarse el robo de información que habían sufrido Sánchez y Robles a través de sus teléfonos, circunstancia que se ha reproducido con Grande-Marlaska, pero no con Planas, respecto al que solo se ha constatado el ataque a su terminal.

El magistrado, que, a petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo fiscal jefe, Jesús Alonso, ha asumido el caso personalmente, ha decretado el secreto de las actuaciones. También ha hecho un ofrecimiento de acciones a los afectados, pese a que todos ellos están representados por los Servicios Jurídicos del Estado.

Intento de personación

La Generalitat ha anunciado que solicitará personarse en este procedimiento, así como en otros en los que también se investiga el espionaje sufrido por Pegasus, como el seguido en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, al que en su día correspondieron las denuncias del expresidente del Parlament Roger Torrent y del exdiputado de ERC Ernest Maragall. La querella interpuesta por Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por El Periódico descartan la posibilidad de que se acumule en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional otros casos, como el del presidente catalán, Pere Aragonès, una vez que en la comisión de secretos oficiales, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, reconoció que lo habían desarrollado los servicios secretos con autorización judicial.