La destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, no es suficiente para que Podemos, ERC y el resto de socios del Ejecutivo den por cerrada la crisis de Pegasus. Tanto los morados como los republicanos catalanes sostienen que la responsabilidad del espionaje a más de 60 líderes del independentismo catalán y vasco, además del fallo que permitió la intervención de los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, recae sobre esta última, la ministra de Defensa.

"Me parece lógico que en un país en el que el propio Gobierno reconoce que se ha espiado de forma ilegal el móvil del presidente, de la ministra de Defensa y quizá de más miembros del gabinete, la máxima del CNI asuma responsabilidades si esto se le pasó", ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre el cese de Esteban. Y, poco después, ha añadido que hay "situaciones políticas insostenibles", en referencia a la propia Robles. Aún así, el diputado catalán ha puesto en duda que Sánchez vaya a dejar caer a la ministra que "representa a la derecha moderada de este país".

Tampoco es suficiente para Unidas Podemos. El portavoz de los morados, Pablo Echenique, ha dejado entrever que todavía hay "responsabilidades políticas" por asumir y acto seguido ha subrayado que esas responsabilidades "no se delegan". Es decir, que el cese de la directora del CNI no puede servir para tapar quién es la máxima responsable de este organismo, Robles.

Ambos dirigentes han coincidido en señalar el camino que debe seguir el Ejecutivo de coalición para subsanar esta crisis. Primero, han dicho, debe desclasificar los documentos que se presentaron a los portavoces de los distintos partidos en la comisión de secretos oficiales el pasado jueves. Esta petición ya se la trasladó el propio Echenique al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la salida de la reunión. Además, reclaman la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido. Por último, el dirigente morado ha recalcado la necesidad de reactivar la reforma de la ley mordaza y de la ley de secretos oficiales.