Goteo de querellas en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona por el 'Catalangate'. El independentismo ya se ha movilizado ante los tribunales para que la justicia indague quién está detrás de la infección de los dispositivos móviles de más de 60 dirigentes soberanistas con el software israelí Pegasus. Òmnium Cultural y la CUP ya han presentado los primeros escritos en el órgano judicial que ya investiga la vigilancia sobre el expresidente del Parlament Roger Torrent y sobre el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall.

La primera querella se ha registrado en representación del exvicepresidente de la organización y portavoz Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera de Jordi Cuixart. La segunda, de la CUP, está presentada en nombre del diputado en el Congreso, Albert Botran, del parlamentario en la Cámara catalana, Carles Riera, y del exparlamentario David Fernández.

Los anticapitalistas, además, han anunciado que la exdiputada Anna Gabriel, que reside en Ginebra, estudia emprender las mismas acciones legales desde Suiza, por lo que apuntan que se plantea presentar una denuncia ante el ministerio público del país.

Todas estas querellas pretenden hurgar en si el Centro Nacional de Inteligencia (CIA), la Policía Nacional o la Guardia Civil usaron este programa para tejer esta trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados.

"El 'Catalangate', el espionaje ilegal y la vulneración de derechos fundamentales que supone son una muestra más de la guerra sucia del Estado contra el independentismo y la disidencia", ha asegurado el presidente de Òmnium, Xavier Antich, que considera que la aceptación de estas prácticas por parte de la justicia puede suponer un precedente para toda la sociedad europea.

Los argumentos

Las querellas, que se dirigen contra la empresa israelí NSO Group, propietaria y responsable del software de ciberespiaje de teléfonos llamado Pegasus, subrayan una vulneración masiva y grave de derechos fundamentales, especialmente del derecho al secreto de comunicaciones y a la intimidad, con efectos indirectos en otros derechos como la libertad de expresión o el derecho a la defensa.

El abogado Benet Sallelas reclama que se facilite y se investigue toda la documentación vinculada al 'Catalangate', pide una Orden Europea de Investigación a las autoridades luxemburguesas para aclarar el quién compró, cuándo y cuánto costó el programa para determinar las responsabilidades penales de la adquisición y uso de Pegasus (con un extracto de las operaciones bancarias de la empresa entre 2016 y 2022), y el establecimiento de mecanismos de control para que los ciudadanos puedan saber si se les han intervenido las comunicaciones teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aplicada ya en Bulgaria, Hungría o Rusia, unos mecanismos que la legislación española no prevé de forma clara.

La contratación del 'spyware' Pegasus es exclusiva de organismos gubernamentales y su comercialización exige el cumplimiento de condiciones como son el desarrollo dentro de la legalidad y la restricción de su uso para la persecución del terrorismo. Así, el contrato por el uso de Pegasus exigiría un expediente de control previo por parte de NSO Group para determinar que el 'software' no será ni utilizado fuera de la ley ni para cometer violaciones de los derechos humanos. Según las pruebas aportadas en la querella, esta evaluación o no existió o se hizo de manera fraudulenta, indicios suficientes para que la empresa sea investigada, alega el letrado.

Al mismo tiempo, la querella pide la práctica de diligencias de investigación con el fin de demostrar el nivel de responsabilidad de las agencias gubernamentales españolas, tanto de las dependientes del Ministerio de Defensa como las del Ministerio de Interior, y cualquier otra persona física o jurídica corresponsable. Por lo tanto, a partir de la querella a NSO Group, el objetivo es conseguir nuevas y varias imputaciones que afecten además de un estamento de los poderes del Estado para acusar aquellos organismos que hayan estado responsables o colaboradores del espionaje.

Las fechas

Òmnium Cultural dice no tener ninguna duda de que el objetivo del espionaje a personas de la entidad tenía a Jordi Cuixart y su estrategia de defensa como fin. Las pruebas aportadas demuestran que la actividad de la entidad y las personas que forman parte fueron espiadas en momentos clave como la semana previa en la entrada de la Guardia Civil en la sede de la entidad, el marzo de 2018; el día antes del juicio al Tribunal Supremo, en febrero de 2019; durante el proceso judicial en el Tribunal Supremo, o días antes de que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria instara España a liberar los presos políticos, el abril de 2019, entre otros.

En el caso de la CUP, el teléfono de Fernàndez fue infectado en abril de 2019 y en junio de 2020, cuando era coportavoz de la campaña internacional contra el juicio al 'procés' en el Tribunal Supremo y se reunió, durante este tiempo, con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que también fue espiado a partir de estas fechas, y visitaba mensualmente a Gabriel en Suiza. Riera, por su parte, fue espiado en enero y febrero de 2019, mientras ejercía sus funciones como parlamentario y acudía a reuniones en las que se preparaba la defensa de los independentismos en el juicio, un escenario muy similar al de Botran, aunque él desarrollaba sus funciones en el Congreso cuando empezó a ser vigilado en enero de 2020.