Borja Fanjul Fernández-Pita, concejal y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, abrió la puerta del Consistorio a una empresa que según comunicó el propio Consistorio a la Fiscalía Anticorrupción obtuvo 500.000 euros por un contrato de un millón de mascarillas de la Funeraria municipal en uno de los peores momentos de la pandemia, a finales de marzo de 2020.

Este contrato está bajo sospecha, habida cuenta de que un Juzgado de Madrid está analizando en estos momentos si abre una investigación después de que el Consistorio abonara 2,5 millones de euros al proveedor de Estados Unidos Sinclair&Wilde, que suministró cientos de miles de mascarillas en mal estado.

Esta empresa, Aifos consultores, que consiguió intermediar en una veintena de operaciones de compra de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid, tuco acceso al concejal Fanjul a través de un familiar de este, Carlos María Fernández-Pita González, en circunstancias similares a las que rodearon la operación de Luis Medina y Alberto Luceño.

Calos Martínez-Almeida

En ese caso, los dos empresarios, imputados por dar un pelotazo de 6,1 millones en contratos de material sanitario, lograron una vía de entrada al Consistorio a través de un primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida. 

De acuerdo a la documentación del sumario del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, un intercambio de correos demuestra que Borja Fanjul, que es además el presidente del Pleno del Ayuntamiento madrileño, fue el enlace de la empresa, con sede física en una oficina compartida de la Calle Ferraz, con el Consistorio. 

En concreto, fue el 21 de marzo cuando Fanjul remitió a Inmaculada Sanz, presidenta de la Funeraria municipal, la empresa pública encargada de realizar las contrataciones del material sanitario, un correo electrónico que le había remitido a su vez su familiar, con quien se había puesto en contacto la administradora de Aifos, Araceli V.

Un despacho en Madrid

En ese email Araceli explicaba que era "economista y abogada", que encabezaba un despacho en Madrid y que tenía "relaciones comerciales con fábricas en el extranjero". "Dado que estamos oyendo en la televisión que no hay material sanitario, estos últimos días hemos decidido volcar toda nuestra actividad en buscar la mejor oferta de suministros de entre las fábricas con las que solemos trabajar", relataba la economista. 

"No hay nada que deseemos más que ese material pueda ser usado en España. Las fábricas nos están dando prioridad por la relación que nos une", añadía en el correo de la economista, que adjuntaba un dosier de urgencia denominado "relación de productos" además de sus datos de contacto.

Tres días después de remitir a Inmaculada Sanz el correo Fanjul desde su cuenta personal de Gmail -no desde su email corporativo-, el 24 de marzo, Funeraria hizo el contrato con Aifos. 

500.000 euros como proveedor

Así consta en el listado enviado por Funeraria a la Fiscalía Anticorrupción, donde se especifica que se abonó a Aifos Consultores 500.000 euros como "proveedor" de un millón de mascarillas quirúrgicas proveniente de Turquía, según avanzó Infolibre

Ese medio informó en su día también de que Araceli V. fue la intermediaria de la adjudicación del Ayuntamiento de material sanitario por 2,5 millones a Sinclair&Wilde, una empresa de EEUU a la que un juez abrió diligencias por estafa que luego fueron archivadas porque su dueño estaba ilocalizable en Nueva York. Esa sería solo una de las numerosas operaciones en las que Aifos habría intercedido.

Fragmento del 'email' enviado por un familiar del concejal Fanjul a este con el ofrecimiento de material. EPE

Se da la circunstancia de que el pago de 500.000 euros a Aifos habría sido comunicado y aprobado por el consejo de Administración de Funeraria, en el que están representados todos los grupos municipales, en la misma reunión celebrada de madrugada y por WhatsApp donde se aprobaron los polémicos contratos con la empresa malasia Leno de la que fueron intermediarios Medina y Luceño. 

Denuncia de la oposición

Desde Más Madrid denuncian lo ocurrido y señalan que el modus operandi es el mismo que en los contratos de la empresa malaya Leno investigados. "El Ayuntamiento de Madrid ha preferido perder 8,6 millones de euros antes de dar a conocer a la opinión pública que todo su proceso de contratación está basado en los primos de los altos cargos y en unos tíos con veleros y ferraris. Por eso el Ayuntamiento se inhibe", denuncia Miguel Montejo, concejal de Más Madrid y representante de ese partido en el consejo de administración de Funeraria.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA trató ayer de conseguir una versión de lo ocurrido por parte de Araceli V., que declinó hacer declaraciones por recomendación de su abogado

Fuentes municipales, entretanto, insistieron a este diario que nadie en el Ayuntamiento está investigado ni imputado por los contratos de las mascarillas y que ellos son los primeros perjudicados.

"Una periodista"

También explicaron que el origen de esa cadena de correos que acabaron en Engracia Hidalgo, concejal de Hacienda, que advierte a Sanz en respuesta a su e-mail de que se paga el segundo 50% de las operaciones a la llegada del material a Madrid, provino de "una periodista" de una canal de televisión "llamada Pilar" que fue quien puso en contacto a la administradora de Aifos y el primo del concejal, y que fue quien pidió a este familiar que mediara. Ese nombre, Pilar, aparece efectivamente en el inicio de la citada cadena de correos electrónicos.

El concejal Borja Fanjul, durante un pleno del Aytuntamiento. EP

Esas mismas fuentes del Consistorio aclaran que Araceli V. ha exigido a Funeraria una rectificación porque su empresa no fue "proveedora" de ese contrato de mascarillas, algo que admiten en el Consistorio que es un "error", ya que esa empresa "no es experta en material sanitario". "Aifos fue intermediario de otros contratos con empresas, esas sí que fueron proveedoras", explican fuentes municipales, que no aclaran a qué corresponden entonces esos 500.000 euros. 

Según explica el concejal socialista Ramón Silva, representante de su partido en el consejo de administración de Funeraria, entre la información que la empresa pública les ha facilitado sobre contratos de emergencia "no figura ninguno a nombre" de Aifos. "En el registro de contratos del Ayuntamiento que es público tampoco figura ninguno a nombre de esa empresa", concluye.