Consejo de Ministros

La Casa del Rey se someterá a la fiscalización del Tribunal de Cuentas

Es la medida más destacada del real decreto del Gobierno para marcar la diferencia con el reinado de Juan Carlos I

El Gobierno consuma la reforma de la Casa Real en busca de transparencia

Agencia ATLAS / Foto: José Luis Roca

Pilar Santos

El Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a las instituciones públicas, analizará a partir de ahora también el presupuesto de la Casa del Rey, que este año alcanza los 8,4 millones de euros. Es una de las medidas que el Consejo de Ministros aprobó este martes para dar cobertura legal y más transparencia al funcionamiento de la jefatura del Estado.

El Gobierno lo hizo solo unas horas después de que Felipe VI comunicara su patrimonio (2,6 millones de euros). La Moncloa y la Zarzuela se han coordinado para impulsar la regeneración de la monarquía, una institución en crisis por los escándalos sobre la fortuna de Juan Carlos ILa reforma no incluye la información sobre el coste real de la Corona (ahora diseminado por diferentes ministerios) ni acota la inviolabilidad del Rey, un escudo legal que ha salvado al emérito y que Pedro Sánchez dijo que considera "producto de otra época".

El Gobierno siente "satisfacción" por que la "monarquía avance" y se pueda comparar con otras casas reales "en cuanto a ejemplaridad e integridad"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de detallar las medidas incluidas en un real decreto, entre las que destacó la supervisión que hará el Tribunal de Cuentas de los gastos de la jefatura del Estado. Según Bolaños, esa "auditoría externa" dará una "imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Casa Real". La Zarzuela también tendrá que dar publicidad a partir de ahora de todas las contrataciones que haga y colgar en la web cada trimestre cómo va la ejecución del presupuesto, las retribuciones del personal y los regalos institucionales.

El plan global aprobado por el Consejo de Ministros se ha elaborado después de un diálogo de "meses" entre el Gobierno y la Zarzuela, apuntó Bolaños. De hecho fue su antecesora en Presidencia, la exvicepresidenta Carmen Calvo, la que empezó a abordar este asunto con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, a finales de 2020, después de que, en agosto, Juan Carlos I decidiera irse a vivir a Abu Dabi para tratar de mitigar el impacto en su hijo de las informaciones sobre su fortuna oculta.

El ministro de Presidencia considera que con este real decreto se "consolida en una norma jurídica y se da rango legal a muchas prácticas que ya se venían llevando a cabo" en la jefatura del Estado, como por ejemplo el código de conducta que Felipe VI impuso a los trabajadores de la Zarzuela en 2014, la publicación de los regalos recibidos por los miembros de la familia real o la información sobro los bienes de los altos cargos. Según Bolaños, el Gobierno siente "satisfacción" por que la "monarquía avance y sea una más entre las casas reales en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento de ejemplaridad e integridad".