El fiscal encargado del caso de las mascarillas, Luis Rodríguez Sol, ha impugnado el recurso presentado el lunes por la defensa de Luis Medina, el aristócrata que recibió una comisión de un millón de dólares por la gestión de venta de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid en los peores momentos de la pandemia, por el que solicitaba al juez que expulsase al Consistorio del procedimiento, en el que se ha personado como acusación particular.

El fiscal considera, en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, que "resulta evidente que el único concepto en el que se puede personar el Ayuntamiento de Madrid en la presente causa es el de actor civil o acusación popular".

Para ello, esgrime varios argumentos que "apuntan claramente la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid haya sido víctima de un delito", entre los que se encuentra un mensaje enviado a uno de los investigados el 8 de abril de 2020, día en el que se recibieron los guantes de nitrilo equivocados que tuvieron que ser devueltos a los comisionistas, en el que Elena Collado, consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, afirma: "Nos han estafado seguro".

En opinión del fiscal, "el hecho de haber devuelto parte del dinero después de haberse constatado no elimina la atipicidad de la conducta, sino que a lo sumo podría considerarse una circunstancia atenuante de un delito ya consumado". Se refiere Rodríguez Sol al retorno de una cantidad abonada en pocas horas -que ascendía a 4.025.000 euros- por un lote de guantes que llegaron al Ayuntamiento de Madrid, pero que no eran de la calidad esperada (40mm), según relató Collado en su declaración.

No obstante, el fiscal aclara que "es falso que la cantidad restituida fuera la diferencia de precio entre el producto que se había encargado y el que efectivamente se recibió", sino que "fue el resultado de renunciar a las comisiones" que Luis Medina y Alberto Luceño habían pactado con el vendedor, "sin alterar un ápice el precio inicial del producto".

En suma, eso supuso para el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, "el desembolso de una cantidad de dinero muy superior al valor real de la mercancía". Y es que así lo demostró, de hecho, Elena Collado con el envío de una fotografía tomada en un supermercado de Madrid, que demuestra "la desproporción entre el precio pagado" por el material sanitario ofrecido por Medina y Luceño y "el valor real de la mercancía recibida, incluso después de haber restituido parte del precio pagado".

Asimismo, el fiscal Anticorrupción destaca que el Ayuntamiento de Madrid se hizo cargo de una penalización de 25.000 euros, que considera que "en justicia" deberían haber abonado los intermediarios "como responsables de la entrega de un material que no se correspondía con lo pactado". Esa cantidad, por tanto, "se cargó al Ayuntamiento de Madrid sin su conocimiento".

Como compensación por el material enviado al Ayuntamiento de Madrid, Alberto Luceño recibió "en concepto de comisiones" un total de 5.100.000 dólares -4,6 millones de euros-, "mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal", según recoge la Fiscalía en la querella que está siendo analizada por el Juzgado de Instrucción de Madrid número 47.