Que Más Madrid y Rita Maestre paguen una fianza para poder ser parte en la causa por el pelotazo del material sanitario en el Ayuntamiento de Madrid, es lo que exigió el comisionista Luis Medina al juez Adolfo Carretero en un escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de España, en el que compara esta situación como la sucedida al PCE "cuando se querelló contra S.M. El Rey don Juan Carlos por las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una conversación con el excomisario José Manuel Villarejo".

Apunta también en su escrito a la comparación a la acción penal "de UPN contra la consejera María Solana en relación con la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo", y dice sobre ambas que están "archivadas".

El hijo del Duque de Feria realiza estas consideraciones en un recurso de reforma contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid de aceptar la personación como acusación particular en esta causa de la empresa funeraria municipal a la que él y su socio Alberto Luceño vendieron mascarillas, test y guantes para hacer frente al covid consiguiendo unas comisiones cercanas a los seis millones de euros.

Exposición mediática

En su escrito, la defensa de Medina -quien a los delitos de estafa agravada, falsificación documental y blanqueo de capitales se ha unido ahora el de alzamiento de bienes- señala que en este asunto "están dilucidando cuestiones muy delicadas" y que le pueden causar gravísimos perjuicios debido a su exposición mediática, por lo que deben imponerse a las partes que pretenden personarse como acusación popular la una fianza "además de comprobar que efectivamente acreditan su condición de perjudicados o agraviados por los hechos investigados".

El escrito recuerda que la doctrina general que está siguiendo el Tribunal Supremo en los últimos años es la de entender que la acción popular "lleva consigo la prestación de una fianza, que deberá ser proporcionada y equitativa", y que se ha generalizado en una cuantía de 12.000 euros. 

"Así ha sucedido en casos como el del partido Vox donde se le impuso esta cuantía, para poder continuar con la querella que interpuso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por un delito de tráfico de influencias, o como en el caso que tuvieron que pagar la misma cantidad para querellarse contra el Presidente del Gobierno por un supuesto delito de falsedad documental en relación con su tesis doctoral (caso que no se llegó a admitir)", añade el escrito.

Por ello, la defensa de medina considera absolutamente necesario que las partes personadas como acusación popular sean conminadas a actuar todas bajo una misma dirección y representación letrada, "ya que teniendo todas los mismos intereses en la causa, sus actuaciones podrían provocar dilaciones indebidas, que perjudicarían gravemente" la defensa de Medina. Solicitan también que a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre y al Grupo Municipal Más Madrid se les conminen a actuar bajo una única dirección jurídica.

Funeraria municipal

Por otra parte, el abogado de Medina señala respecto a la Funeraria que al igual que ya dijo en un escrito anterior sobre la personación del Ayuntamiento de Madrid que no considera que esta empresa se haya visto afectada ni perjudicada por los hechos investigado.

Esta empresa fue la mercantil a través de la cual el Ayuntamiento canalizó los contratos con la empresa malaya que hoy están investigados. Apuntan que la coordinadora general de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado, durante su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción el día 16 de marzo de 2021, declaro que estos contratos fueron aceptados por el Consejo de administración de dicha empresa "y que con las mascarillas no hubo problema alguno, ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros", añade el recurso.

Sobre los guantes, la defensa de Medina destaca que lo que relató Collado es que en efecto llegaron, pero no eran de la calidad que se esperaban (40mm) y se puso en contacto con el señor Luceño para que solucionara el problema, procediéndose en pocas horas a devolver la cantidad de 4.025.000 euros, que era la diferencia entre los guantes que se habían encargado y los que habían llegado. "Es muy importante resaltar que a la señora Collado el precio de los guantes que finalmente adquirieron le pareció adecuado", añade.

Las quejas

Dice también Medina que vez solucionada la incidencia, tanto la empresa Funeraria como el Ayuntamiento se sintieron satisfechos con la solución, "por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación, muy al contrario de lo que hicieron," con la empresa Sinclair a la que denunciaron por no tener la calidad suficiente las mascarillas compradas.

En cuanto a los test, el problema consistió, según relata la defensa, en que uno de los lotes tenía poco reactivo, "pero ese líquido ya les había llegado y a día de hoy, no le consta a mi parte que no funcionaran, puesto que ni el Ayuntamiento ni la empresa Funeraria lo habría reclamado", concluye.