La enmienda introducida por el PSOE en la reforma de la Ley Concursal y que afecta al Estatuto Orgánico de la Fiscalía esconde más sorpresas que la que causó este miércoles polémica por asegurar un puesto a Dolores Delgado en la máxima categoría de la carrera cuando sea cesada de su cargo. Se tocan también otros artículos que regulan las relaciones entre el Ministerio Público y el Gobierno, uno de los cuales crea la posibilidad de que el fiscal general adquiera la iniciativa de informar al Gobierno sobre los asuntos que considere de importancia para el propio Ejecutivo.

Esta circunstancia se introduce también en la enmienda número 603 a la reforma de la Ley Concursal, que se viene tramitando en el Congreso de los Diputados para transponer la directiva de la Unión Europea sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias.

Así, se propone modificar el artículo 9.2 del Estatuto Fiscal para que quien ocupe el cargo de fiscal general informe por escrito -que sea de esta forma es también novedad- al Gobierno "por su propia iniciativa", no solo cuando éste lo solicite, que es como estaba redactada hasta ahora esta disposición.

Lo que el Gobierno "deba conocer"

Esta comunicación se realizará como hasta ahora siempre que no exista obstáculo legal, si bien se añade que versará sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga "y que por su naturaleza y relevancia" el Gobierno "deba conocer". 

Se añade que esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia; y se elimina el final del actual artículo 9 que dice que en casos excepcionales el fiscal general "podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros".

La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, interviene en el acto conmemorativo del 40º Aniversario de aprobación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Desde el grupo parlamentario popular el diputado Luis Santamaría interpreta este cambio como "un mayor control sobre la fiscalía y menor independencia funcional" de esta institución, según ha señalado a El Periódico de España.

Con esta visión coincide la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que señaló en un comunicado tras conocer la enmienda que la introducción de la posibilidad de que el fiscal general informe al Gobierno de los asuntos que considere de importancia para el propio Gobierno, "nos devuelven a la concepción totalitaria de Ministerio Fiscal, como órgano del Gobierno en los Tribunales". Desde esta asociación se apunta a lo ambiguo de los términos empleados para reformar el artículo 9 confían en que "se imponga el buen juicio y la reforma fracase".

Siempre por escrito

Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se defiende que las modificaciones son, al contrario, necesarias para avanzar en la independencia del trabajo de la Fiscalía. Lamentan que los cambios no se hagan a través de una ley, si bien consideran positivo que se realicen modificaciones "de consenso y de gran calado" como las que propone la enmienda en beneficio de la carrera fiscal. 

Aluden a una tercera modificación apuntada en la enmienda, la del artículo 8 del Estatuto para que las comunicaciones del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hagan "por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine". Por el momento solo se decía que dicha comunicación se debía realizar por conducto del Ministerio de Justicia. 

Otra modificación del artículo 11 establece la misma prevención de comunicaciones por escrito en las relaciones con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas cuando estas quieran que la Fiscalía intervenga en defensa del interés público; mientras que al modificar el artículo 67 se pretende establecer que las resoluciones del fiscal general "ponen fin a la vía administrativa y solo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

Una gestión cuestionada

En las últimas semanas, la gestión de la fiscal general se está viendo cuestionada en varios frentes, uno de los últimos ante la Audiencia Nacional, donde la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha llevado la decisión de Delgado de suspender 'sine die' la constitución de la Comisión de Ética Fiscal, cuyas seis plazas habían copado los miembros de este colectivo.

Se trata de un tercer contencioso abierto por la asociación de corte conservador contra la fiscal general, que tiene pendiente conocer la decisión que adopte el próximo 5 de abril el Tribunal Supremo en relación con uno de sus nombramientos, el del fiscal jefe de Menores realizado ya hace un año con una motivación que se cuestiona por alejarse de criterios de mérito y capacidad. 

También fueron contra Delgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) a cuenta del caso Stampa, a lo que ha seguido una nueva petición de cese que ha tenido que ser contestada por la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, que tuvo que explicar en sede parlamentaria que "los gobiernos cuando nombran a la fiscal general del Estado luego no pueden cesarla".