El decreto por el que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, frustró este lunes el intento de la Fiscalía Europea de hacerse con la investigación del contrato de compra de mascarillas del que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso, eliminó la mención expresa a la posibilidad de que la investigación pueda acabar en el Tribunal Supremo por la posible participación de la presidenta madrileña en los hechos.
Dicha mención sí aparecía en el borrador inicial, así como en la respuesta que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, remitió a sus homólogos europeos para negarse a entregarles toda la investigación de este caso, han señalado a El Periódico de España fuentes fiscales. De hecho, esta posibilidad de que Díaz Ayuso sea investigada se presentaba como una de las razones para no entregar las pesquisas a la Fiscalía con sede en Luxemburgo.
La investigación, según expresó Luzón ante el requerimiento de la representante en España de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell -que estuvo hasta hace solo unos meses a sus órdenes como fiscal anticorrupción en España, siendo responsable, entre otros del caso Gürtel-, "atañe a delitos que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña", que es una persona aforada ente el Tribunal Supremo.
Compra de mascarillas
El punto nuclear y que según Luzón es la que determina la intervención de su departamento, no pone en cuestión el contrato de Priviet Sportive que obtuvo más de 1,5 millones de euros por la compra de mascarillas, sino que atañe a "delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas… en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid".
"Lo que se dirime en esta investigación es el correcto desempeño de las actividades públicas desde la perspectiva de una Administración prestacional, al servicio de los intereses generales y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, conforme a los principios que ordenan su funcionamiento, recogidos en el artículo 103 de la Constitución", añadía el documento firmado por Luzón, al que ha tenido acceso este diario y que tiene fecha del pasado 10 de marzo.
¿Al Supremo?
Continuaba Luzón señalando que debía tenerse en cuenta, además, que la conclusión de estas diligencias, de confirmarse siquiera indiciariamente alguna de las hipótesis planteadas, derivaría en su remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Fuentes fiscales señalan que estas palabras que aluden directamente a Ayuso se eliminaron del decreto final porque las indagaciones, aún muy indiciarias, no conducen de momento directamente a ella.
Otras fuentes, sin embargo, enmarcan la eliminación al hecho de que Delgado rechace por el momento abstenerse respecto de cualquier decisión relativa a este caso, tal y como le habían pedido, por escrito, seis de los 33 miembros de la Junta de Fiscales de Sala unas horas antes de la celebración de la Junta de Fiscales de Sala.
Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, José Miguel de la Rosa, Javier Huete y Pilar Fernández Valcarce le enviaron un escrito solicitando su abstención dado su pasado como ministra de Justicia del PSOE, que es uno de los partidos que denunciaron el contrato ante la Fiscalía Anticorrupción.
En dicho escrito mencionan expresamente el párrafo sobre Ayuso obrante en la página 6 del borrador, por lo que entendían que debía aplicarse al caso el artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y Delgado debía limitar su intervención en este asunto a dar respuesta a la Fiscalía Europea, para después abstenerse.
"Servicios especiales"
Según las mismas fuentes durante la reunión de la Junta la fiscal general negó este extremo, señalando que por su situación de "servicios especiales" tras ser designada fiscal general no le era aplicable tal artículo.
Pese a todo lo anterior, en el decreto con el que la fiscal general, Dolores Delgado, ratifica la competencia para investigarlo del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí se apunta a tráfico de influencias y falsedad.
La decisión de Dolores Delgado contó con el respaldo unánime de los 32 fiscales que con ella forman la Junta de Fiscales de Sala. En el decreto explica que los bienes jurídicos protegidos por ambas fiscalías están diferenciados y la investigación de Anticorrupción "no se encuentra indisociablemente vinculada con los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho asumidos por la Fiscalía Europea" cuando abrió la suya propia el pasado día 16. Ello implica que las dos investigaciones continuarán de forma paralela.
