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Diario Córdoba

Caso Gürtel

La Audiencia Nacional reclama a Igualdad los contratos suscritos por Alicia de Miguel con la trama Gürtel

La Audiencia Nacional reclama a Igualdad los contratos suscritos por Alicia de Miguel con la trama Gürtel

Francisco Camps.

La sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha solicitado a la actual Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, heredera de Bienestar Social como se denominaba este departamento en etapas anteriores, que remita el "número de contratos menores adjudicados por la conselleria con desglose por empresas durante la etapa de Alicia de Miguel como titular del departamento, desde el 21 de junio de 2003 (cuando sustituyó a Rafael Blasco) hasta el 29 de junio de 2007 (cuando fue relevada por Juan Cotino).

Se trata de una prueba solicitada por la defensa de la exconsellera de Bienestar Social que se sentará junto a veintiséis personas más incluido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el último juicio de la trama valenciana de la Gürtel que se celebrará del 17 de enero al 23 de mayo de 2023.

En concreto, la defensa de De Miguel solicitaba que la Generalitat Valenciana certificara el número total de los contratos menores, la cantidad total adjudicada y el porcentaje que supusieron respecto al total". La relación de contratos debe incluir, además, "el número de contratos menores adjudicados a las empresas Orange Market SL, Easy Concept SL, Servimadrid, S.1 o Diseño Asimétrico y el importe total de los mismos", según el auto de admisión de pruebas para el juicio dictado el 10 de noviembre de 2021.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también reclama a Igualdad que certifique "respecto de todos los contratos menores de la conselleria adjudicados para trabajos de publicidad, comunicación, presentación de actos y eventos durante el periodo en el que Alicia de Miguel fue la titular de dicho departamento".

Una certificación que debe ser exhaustiva e incluir: "información del proveedor; concepto de la factura emitida; cuantía de la factura; acto al que se refiere; fecha en la que tiene lugar la prestación del servicio; órgano, fecha y persona que dicta la resolución por la que se autoriza y adjudica el gasto y, finalmente, órgano, fecha y persona que certifica el acto que se ha relizado".

La tarea que le queda por delante a la Conselleria de Igualdad es ingente ya que la petición de la Audiencia Nacional incluye una relación de 45 actos variados organizados por la conselleria desde 2003 a 2007.

Una catarata de contratos que se reclama a pesar de que la exconsellera Alicia de Miguel únicamente ha sido procesada por tres contratos menores con la trama Gürtel: la presentación del "Plan de medidas del Gobierno valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres 2005-2008" celebrada el 6 de marzo de 2006, la presentación de la Fundación Tolerancia Cero el 25 de enero de 2007 y el acto "Balance general" organizado el 24 de abril de 2007. Todos los contratos tuvieron un coste de 70.224 euros, aunque fueron convenientemente troceados por debajo de los 12.000 euros para evitar convocar un concurso y adjudicarse de forma directa.

De Miguel sólo ha sido procesada por tres adjudicaciones con la trama de Francisco Correa, pero Igualdad deberá remitir el listado de contratos menores de 2003 a 2007

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Según el auto de apertura de juicio oral de esta pieza separada, "los gestores de la empresa Orange Market se pusieron de común acuerdo con la titular de la Conselleria de Bienestar Social, Alicia de Miguel, al objeto de ofrecerle los servicios de su empresa para la organización de evento, servicios que esta aceptó".

En todos los actos, siempre según el auto que finiquitó la instrucción, "intervino la acusada Alicia de Miguel como interlocutora y persona que decidía la realización de los eventos, y que trataba personalmente con Álvaro Perez Alonso (responsable de Orange Market) y demás personal de su empresa sobre su organización y sobre el procedimiento que en cada caso se siguió para su contratación". Con el objetivo, según el juez instructor "de asegurar la participación de la referida mercantil [Orange Market] en la adjudicación de los mismos, en su propio provecho, con la finalidad de soslayar la concurrencia pública de otros posibles competidores y de agilizar los procesos de contratación".

De hecho, la investigación confirmó que "los gestores de Orange Market llegaron a establecer una fluida relación con Enrique Navarro Alejandro, jefe de gabinete de la consellera (que llegó a ser secretario autonómico y también está procesado en esta causa) y que era la persona encargada de ejecutar las decisiones adoptadas por la consellera en relación con las contrataciones decididas".

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