Una de las comisiones parlamentarias de investigación más convulsas de los últimos meses, y a la vez más discretas, ha terminado. Este miércoles, el órgano creado en el Congreso para plantear al Gobierno una serie de recomendaciones sobre futuros procesos de vacunación emitió el dictamen definitivo. Falta que lo avale el pleno de la Cámara para que sea público. Falta solo un trámite formal. Pero el espíritu y el contenido ya están perfilados. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA accedió al texto, que ha contado con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Más País y Compromís. PNV y EH Bildu se abstuvieron. El PP lo ha rechazado; Vox y Cs rehusaron acudir a la sesión de la votación. Sus motivos son diversos, pero apuntan al mismo lugar: a la parcialidad y al partidismo.

Así ha avanzado por los meses esta comisión que nació a instancias de Joan Baldoví. Es cierto que en el origen había una intención política, derivada de los casos de cargos públicos que precisamente se aprovecharon del estatus para colarse en el orden de vacunación, pero no sólo. La pretensión de mejora médica era palmaria. Al final prevaleció ésta, pero no fue suficiente para los grupos del centroderecha. Luego se han dado decisiones de la Mesa de la Comisión controvertidas, entre ellas presuntos vetos a ciertos comparecientes como Salvador Illa, Fernando Simón y Carolina Darias. Al final, PP, Vox y Cs declinaron acudir. Fueron expertos de varios ámbitos, entre ellos un reputado experto en farmacovigilancia, docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, que cuestionó la eficacia de las vacunas.

Sobre los efectos secundarios

El dictamen, de estructura esquemática, 15 folios, se divide en dos bloques: conclusiones y recomendaciones. El segundo es el más relevante, pues son propuestas al Gobierno. El tiempo dirá si las asume. El tiempo y la voluntad política.

Dentro del apartado de las propuestas, dos aluden a los efectos adversos que han producido las vacunas en algunas personas. Por ejemplo, alteraciones menstruales. Para generar más confianza en la población, cara a "futuros procesos de vacunación", la comisión ha abogado por evaluar "la necesidad de establecer medidas de acompañamiento a las personas afectadas, como asistencia médica y psicológica, prestación farmacéutica y de servicios de rehabilitación".

Esta petición, acordada por los grupos a raíz de una iniciativa de ERC, se suma a dos más concisas (también a instancias de Esquerra): una aboga por la promoción de estudios sobre "potenciales reacciones adversas a las vacunas contra la covid-19 y sus consecuencias a largo plazo en la salud"; la otra reclama la publicación de los lotes que administrados a quienes hayan presentado los efectos.

Acceso a las vacunas y más transparencia

Una serie de epígrafes guían el documento. El primero tiene que ver con la universalidad de las vacunas y con la importancia de la coordinación europea. El objetivo aquí no sólo consiste en facilitar que todas las personas de un determinado país puedan recibir la inoculación, sino que también la reciban los habitantes de países en vías de desarrollo, subdesarrollados o, en general, dotados de sistemas sanitarios "menos fuertes".

Para ello, la comisión parlamentaria aboga por extender la capacidad de producción, lo que no alcanza sólo con la liberalización de la protección de la propiedad intelectual. El uso de las licencias voluntarias conforme a los criterios de la OMS, la transferencia tecnológica a otras regiones, el esfuerzo por una cadena de suministro robusta y el apoyo a modelos sanitarios más frágiles son los puntos fuertes al respecto, a entender de la mayoría del Congreso.

No basta con la donación de los sueros, por tanto. Para los firmantes del dictamen, a los países sanitariamente débiles hay que proveer, además, de jeringuillas, diluyentes y aquellos elementos que aseguren el almacenamiento y el transporte. El objetivo genérico pasa por reducir y estrechar "la brecha en las tasas de vacunación" a escala mundial, lo que la comisión pide atajar con "celeridad". Cuanto más universalizado sea el grado de protección, menos opciones de transmisión de las variantes de la enfermedad. Por consiguiente, la comisión apremia a aumentar las coberturas de vacunación.

Una de las lagunas en las que repara el órgano del Congreso incide en la falta de información sobre el coste de las vacunas "a pesar de la inversión pública" efectuada, según señala el dictamen. Plantea, por ello, un esfuerzo en transparencia, o en otras palabras, un refuerzo de los mecanismos público-privados entre estados y empresas farmacéuticas. Relacionado con esto, los grupos firmantes pide un nuevo sistema de información de vacunaciones que beba de los ya existentes.

"Control en tiempo real"

El documento dedica una parte considerable a la cogobernanza, el término que acuñó el presidente, Pedro Sánchez, poco después del estallido de la pandemia en España. Las reuniones por videoconferencia con sus homólogos autonómicos se hicieron, en un principio, con periodicidad semanal. Luego se fueron espaciando. Durante el estado de alarma largo, finales de 2020-primeros cuatro meses de 2021, las conferencias de presidentes bajaron el ritmo.

La comisión glosa el protagonismo del sistema público de salud, tanto a escala estatal como a escalas autonómicas. La coordinación ha sido esencial para el éxito de la inoculación en la población, se reseña. Ahora bien, en el dictamen abogan los firmantes por "medidas ordinarias de farmacovigilancia para el control adecuado de una campaña de vacunación extraordinaria, por parte de AEMPS (la Agencia Española del Medicamento), y de las posibles reacciones adversas a las vacunas". En el documento se añade que esta farmacovigilancia debería complementarse "a través de grandes bases de datos de historias clínicas para que ese control sea en tiempo real".

La atención primaria

El dictamen muestra numerosas referencias a la autonomía de los sistemas de salud de las comunidades, prueba de la influencia en el texto de grupos como ERC, PNV o EH Bildu. Así, una de las recomendaciones defiende que "cara a futuras crisis de salud pública" el modelo predominante sea el de la "gobernanza compartida" entre el Ministerio y las consejerías, basada en el respeto competencial y "evitando medidas uniformizadoras y atendiendo a las singularidades de cada territorio".

La atención primaria, en esta línea, debe fortalecerse. Una Estrategia de Salud Pública sería un ejemplo positivo al respecto. Más investigación y más inversión constituye otra recomendación, así como avanzar en una "arquitectura institucional" para diseñar "una Unión Europea de la salud".