El Tribunal Constitucional, que durante meses buscó la unanimidad al revisar las condenas impuestas por el Supremo a los líderes independentistas por su responsabilidad en el 'procés', se resignó a abandonarla al resolver el primer recurso de los condenados por sedición. Entonces el tribunal se dividió en un siete frente a dos, una proporción de fuerzas que ahora, la semana en la que se espera poder resolver los tres últimos recursos pendientes, se ha alterado en beneficio de la posición minoritaria, que se ha visto fortalecida.

Los motivos de esa mayor fortaleza son varios. Entre ellos figura la última renovación del Tribunal Constitucional, que supuso la incorporación de Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán y todo parece indicar que al menos el primero formalizará en un voto particular su discrepancia con las condena impuestas por el Supremo a Oriol Junqueras y Raül Romeva (que comparten recurso), Dolors Bassa y Joaquim Forn. De esta forma la posición mantenida por María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol desde que resolvieron el recurso de Jordi Turull (el primero por sedición que vio el Constitucional) se verá reforzada por al menos un magistrado más.

De baja

En paralelo, el bloque partidario de rechazar los amparos ha ido viendo cómo dos de los magistrados que en este caso votaban con la mayoría, Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez, se ausentaban de las deliberaciones sobre estos recursos, porque se abstuvieron al ser recusados por algunos de los condenados por el Supremo y los huidos, entre los que se encuentra el presidente, Carles Puigdemont. A esa ausencia hay que sumar la del magistrado Alfredo Montoya, que sigue convaleciente.

Su enfermedad ha contribuido en gran manera a que la resolución de los recursos del 'procés' pendientes se retrasara, ya que él era el ponente de los de Dolors Bassa y Joaquim Forn, pero desde que el verano pasado sufrió un ictus no se ha reincorporado al alto tribunal. El de Oriol Junqueras, que correspondió al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, siempre se quiso resolver en último lugar al ser el que más dificultades presenta, no solo porque se plantea contra la condena más alta (13 años) y también incluye a Romeva, sino también porque entremedias el presidente de ERC fue elegido europarlamentario, circunstancia que también será estudiada por el tribunal de garantías por si supuso alguna vulneración de derechos fundamentales.

Una vez descartada la posibilidad de unanimidad, en línea con la mayoría de las resoluciones de otros tribunales, según explican desde el alto tribunal, para evitar un mayor retraso en la resolución de los recursos, González-Trevijano repartió las ponencias a otros magistrados: Santiago Martínez-Vares se ocupará de la impugnación de Bassa y Ricardo Enríquez de la de Forn.

Estas tres sentencias son las únicas que se llevarán al pleno que comienza este martes con el que se quiere poner fin al grueso de los recursos del 'procés'. Ello permitirá a los líderes independentistas acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, intención que algunos de ellos ya manifestaron desde antes incluso de que se conociera la sentencia con una huelga de hambre tras la admisión a trámite de sus peticiones de amparo.