El Gobierno y las comunidades autónomas crearán un espacio de trabajo conjunto para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo dictamen se firmó ya en las Cortes el pasado 25 de noviembre, pero en el que abordarán las herramientas necesarias para garantizar la continuidad del acuerdo.

Este es uno de las iniciativas a la que han llegado el Ministerio de Igualdad y las comunidades en la Conferencia Sectorial, que ha presidido la ministra Irene Montero en el Senado, y en la que han ratificado el reparto a las comunidades de 300 millones de euros para facilitar la conciliación y a proyectos contra la violencia contra las mujeres, ya aprobado por el Consejo de Ministros.

Lo ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en una rueda de prensa posterior a la reunión, que ha calificado de "éxito" al aprobarse por unanimidad todos los acuerdos abordados en al misma.

Así, ha señalado que Igualdad y comunidades han acordado celebrar una conferencia sectorial extraordinaria, a la mayor brevedad posible, con el fin de trabajar juntos en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"No es una cuestión menor, el Pacto de Estado caduca este año, y con él su financiación. Hace poco Las Cortes renovaron el dictamen, fue el 25 de noviembre, pero los gobiernos de las Administraciones Públicas tenemos que hacer nuestra parte también", ha dicho.

Rodríguez ha incidido en que en la sectorial extraordinaria, que será la primera de varias con este fin, el Gobierno y las autonomías trabajarán en la renovación de los acuerdos "de los instrumentos presupuestarios y administrativos del pacto y de la continuidad de los trabajos vinculados al mismo".

Ha recordado que lo que se hizo el 25 de noviembre fue un acuerdo político entre el Gobierno y los grupos pero también es institucional con lo que las Administraciones y el Gobierno deben dar pasos "en esta dirección" para revisar cómo están los acuerdos, ampliarlos y planificar como van a ser los siguientes años del Pacto.

En definitiva, mandar un "potente mensaje a la ciudadanía" de que el Pacto "ha venido para quedarse" y que es una política pública que no va a desaparecer "gobierne quien gobierne" para lo cual el Gobierno y las comunidades deben ponerse de acuerdo "en diseñar cuáles son las mejores herramientas para que esto sea posible".

Ha insistido en que el Pacto es "más necesario que nunca, precisamente ante la reacción y el discurso misógino y antifeminista que muchas veces la extrema derecha pone encima de la mesa desde las instituciones".

De esta forma, ha insistido, el pacto debe ampliar los acuerdos, tener una mayor financiación y que no esté centrado solo en la violencia de género sino también que alcance al resto de violencias como prevé el Convenio de Estambul.

Acerca de los otros acuerdos alcanzados, el del reparto de fondos, se trata del adelanto al primer trimestre del año de 190 millones de euros del Plan Corresponsables y 117 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de programas de apoyo y asistencia integral a víctimas.