El Gobierno se compromete a legislar la violencia económica como violencia de género tras la petición de una jueza

Avilés se dirigió al Ejecutivo mediante una exposición razonada en una sentencia en la que solicitaba que se incluyera la violencia económica en el Código Penal como una forma de violencia machista y que se establecieran cláusulas de responsabilidad civil que permitan una reparación integral del daño causado a las víctimas cuando se produce un impago reiterado de las pensiones alimenticias a de los hijos.

El Gobierno ha recogido el guante y, en sendas comunicaciones de Presidencia y del Ministerio de Justicia, ha trasladado a la magistrada que estudiará su propuesta con detenimiento "con el objetivo de tipificar, de manera específica y adecuada, la violencia económica como violencia de género".

El departamento que dirige Pilar Llop ha reconocido a la jueza que es consciente de que la ley de 2004 contra la violencia de género "merece ser actualizada y adaptada a las nuevas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres".

En declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este mismo grupo, Avilés celebra el compromiso del Gobierno y destaca que la "justicia transformadora sirve de palanca de cambio".

Un compromiso pendiente

El Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) incluye la violencia económica como un tipo de violencia contra las mujeres, si bien este país aún no ha incluido esta realidad en su ordenamiento jurídico.

También los partidos políticos que renovaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se comprometieron a legislar para combatir nuevas formas de violencias machistas, como la económica, la digital y la vicaria.

Ahora, el Ejecutivo también ha dado un paso al frente. "Hay normativas autonómicas que incluyen la violencia económica", explica Avilés, aunque no tienen competencias penales ni procesales: "Nos queda el paso de reformar la ley 1/2004 contra la violencia de género y específicamente el Código Penal para incluir la violencia económica, preferentemente el impago de pensiones, como un delito contra las mujeres", precisa la magistrada.

Avilés pidió estas reformas al Gobierno a través de un procedimiento que no suele utilizarse pero que está recogido Código Penal, concretamente en el artículo 4, que permite a un magistrado o tribunal dirigirse al Ejecutivo para explicar por qué una acción u omisión que no está penada por ley debería ser objeto de sanción penal. Fue precisamente en la sentencia a un hombre por impago de pensión alimenticia.

La magistrada indicaba que la violencia económica se utiliza por los agresores como una forma de “ahogamiento de las mujeres para seguir sometiendo y controlando” a las víctimas, tanto durante la relación como cuando ésta termina.

En su exposición razonada, argumentaba que el legislador no ha tipificado comportamientos merecedores y necesitados de pena y que el abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones es una manifestación de violencia de género, si bien la categoría delictiva como tal no está tipificada en el Código Penal.

“La lucha contra la violencia de género debe contemplar para ser efectiva todas sus manifestaciones. (…) La violencia económica es una de las dimensiones a las que se ha prestado menos atención por parte de los legisladores”, señalaba en su exposición.

Y tras destacar que supone una “barrera decisiva para que las mujeres consigan salir de las relaciones violentas”, la definía como “la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y/o de sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer”.