Tras admitir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su hermano cobró 55.000 euros más IVA --lejos de los casi 300.000 apuntados por el presidente del PP, Pablo Casado-- de la empresa Priviet Sportive, adjudicataria de un contrato en abril de 2020 para la compra de mascarillas en pleno arranque de la pandemia por covid, los partidos de la oposición han anunciado que trabajan para recabar nuevos datos que llevar a la Fiscalía Anticorrupción sobre otras relaciones comerciales entre Tomás Díaz Ayuso y la Administración autonómica.

El propio secretario del PSOE en Madrid, Juan Lobato, anunció este domingo que en los próximos días su partido llevará al departamento a cuyo frente está Alejandro Luzón datos sobre cuatro nuevos contratos entre la Comunidad de Madrid y sociedades relacionadas con empresas vinculadas al germano de la presidenta, a la que exigirán que comparezca en la Asamblea regional.

También desde Podemos se ha anunciado una ampliación de la denuncia ante Fiscalía en los próximos días y se citan contratos como los del hospital Zendal, otros fraccionados a dedo a Artesolar, donde Tomás Díaz Ayuso es responsable de ventas, y otra documentación en la que hablan de hasta "400 millones de euros en gastos injustificados de Sanidad", según han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del partido en Madrid.

En la denuncia también tiene previsto recoger una posible a vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto el artículo 120, que es el que regula la contratación de emergencia y obliga a la Administración a colgar los contratos, los albaranes y la recepción de la compra, añaden las mismas fuentes.

Firma tachada con típex

En opinión de Podemos, la mayoría de los contratos de emergencia Ayuso, al contrario de lo que dice el Gobierno regional, no están colgados en el Portal de Transparencia. En el caso del contrato de Priviet Sportive que constituye uno de los ejes del escándalo que ha dinamitado al Partido Popular. A día de hoy, lo que hay colgado es una resolución sin registro de entrada y con la firma de la viceconsejera, Ana Dávila, tachada con típex, además. 

Llegados a este punto, desde Podemos se va a solicitar además una auditoría externa de toda la contratación de emergencia, dado que dicen desconfíar de la Cámara de Cuentas, un órgano cuya renovación lleva bloqueando el PP desde hace tres años para no perder su mayoría, recuerdan. Hoy mismo, el partido ha tratado activar la comparecencia de Tomás Díaz Ayuso en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea Regional "y el PP lo ha bloqueado".

Por parte de Más Madrid, los servicios jurídicos también están analizando la nueva información y otras cuestiones en las que llevan trabajando hace tiempo para tomar medidas oportunas en materia judicial y esperan ampliar su denuncia en los próximos días, según han asegurado fuentes de esta formación.

En Anticorrupción señalan a este diario que las denuncias entregadas por miembros de la Asamblea de Madrid se están estudiando y "ya se verá", si bien no se han incoado formalmente las diligencia reclamadas por los tres partidos. De hacerse, ello obligaría a realizar alguna gestión de investigación antes de decidir si el asunto se lleva a un juzgado o, por el contrario, se archiva al no revestir trascendencia penal. 

En todo caso, fuentes jurídicas consultadas por El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, ha advirtieron de que las circunstancias que concurren en cada contrato pueden ser determinantes a la hora de dilucidar si hay o no delito en estos casos. A todo ello se une el anuncio por parte de la propia Díaz Ayuso de que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la documentación sobre estas operaciones.

En su escrito inicial, el PSOE pedía aclarar si la adjudicación de las mascarillas por algo más de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive obedeció a la relación de amistad entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás, con los responsables de la misma. 

Exponían que en este caso resultaba "evidente" que los controles preventivos no parece que hayan funcionado ante una supuesta intermediación, retribuida, y directa de un familiar, precisamente, de la Presidenta del Consejo de Gobierno y de la Administración que adjudica el mismo, "en claro conflicto de intereses personales", lo que lleva a la consideración de fuertes indicios de la posible comisión de "graves delitos de corrupción".

Quienes sí se atrevía a citar posibles delitos en su denuncia inicial fue la portavoz de Más Madrid en el parlamento madrileño, Mónica García, que señalaba entre otros los de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

 En su escrito, la formación liderada por Iñigo Errejón reproducía once mensajes vía SMS, cuyo emisor Más Madrid no identifica, en los que se advertía de "un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso" por parte de alguien que no sabía "cómo denunciarlo" a la Fiscalía y que no quería exponerse personalmente. Podemos, por su parte, apuntaba en su denuncia hasta tres posibles delitos de corrupción cometidos por funcionario público.