La guerra política entre Pablo Casado e Isabel Ayuso va quemando etapas. Si el jueves Ayuso acusó a Casado de espionaje, este viernes ha sido el líder del PP quien ha proyectado sobre la presidenta de Madrid sospechas de tráfico de influencias. Así, la presidenta madrileña se ha visto obligada a dar explicaciones respecto al posible cobro de comisiones por parte de su hermano en la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas en un día en que diputados regionales de PSOE, Más Madrid y Podemos han presentado sendas denuncias contra Ayuso ante la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de tráfico de influencias.  [Siga aquí las últimas noticias en directo sobre la crisis interna del PP]

Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un comunicado en el que admite que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, recibió 55.850 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, propiedad de Daniel Alcázar, amigo desde la infancia de la familia de la presidenta.

Crisis en el Partido Popular: declaraciones cruzadas entre Ayuso y Casado

Crisis en el Partido Popular: declaraciones cruzadas entre Ayuso y Casado ZML

Sin embargo, según Isabel Díaz Ayuso, el cobro de esta cantidad de dinero por parte de su hermano no fue “una comisión por intermediación” para que la empresa de su amigo obtuviera un contrato de 1,5 millones para el suministro de 250.000 mascarillas en abril de 2020 destinadas al pabellón 10 de Ifema. Según Ayuso, el cobro fue “por las gestiones para la compra de mascarillas en China”, en un momento, al inicio de la pandemia, en que existían dificultades en todo el mundo para su suministro.

La presidenta explica que su hermano envió a Priviet Sportive 4 facturas en el año 2020, pero en su comunicado Ayuso solo informa de una de ellas, fechada el 30 de junio, por importe de 55.850 euros más IVA. "Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", añade.

“La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto”. Así se expresa la presidenta en un comunicado de dos páginas emitido pocas horas después de que el mismo presidente del PP, Pablo Casado, cifrara en una cantidad mucho más alta (286.000 euros) lo cobrado por Tomás Díaz Ayuso, y de colocar a la presidenta al borde del tráfico de influencias. “Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por con contrato adjudicado en mi Consejo de Ministros”, llegó a afirmar Casado en la Cadena Cope.

"Como la honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la mía personal está puesta en tela de juinio por la Dirección Nacional de mi partido, me veo obligada a informar de lo siguiente", dice Isabel Díaz Ayuso antes de explicar la "relación comercial" de su hermano con Priviet Sportive y el cobro de 55.850 euros más IVA. "Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad y de mi ejemplaridad", añade. "Insisto en que uncia influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes", remata al final.

Después de los dardos que Casado había lanzado a primera hora del día en su entrevista radiofónica, el Gobierno de Madrid desplegó una acción dobleEn primer lugar, a través del comunicado emitido por la propia presidenta, se quiso situar el cobro de cantidades por parte de su hermano dentro de las relaciones privadas entre una empresa y sus proveedores (además de rebajar de 286.000 a 55.850 euros la cantidad en liza).

En segundo lugar, a través de una rueda de prensa, los consejeros de Sanidad y de Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fenández-Lasquetty, desgranaron el procedimiento administrativo que llevó a la adjudicación de un contrato de mascarillas a Priviet Sportive el 1 de abril de 2020 para demostrar que, el mecanismo se ajustó al procedimiento de urgencia de la Ley de Contratos (artículo 120). De acuerdo a este procedimiento –explicaron los consejeros- la adjudicación la resolvió la viceconsejera de Asisencia Sanitaria (perteneciente a la Consejería de Sanidad) y no el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que sólo fue informado de la adjudicación del contrato. "Nuestra gestión ha sido honrada siempre", defendieron. 

De esta rueda de prensa se descolgó en el último momento el consejero de Presidencia, Enrique López, cuya comparecencia también se había anunciado. López -de facto, número dos del Gobierno madrileño- siempre ha estado en medio del ejecutivo regional y la dirección nacional del PP. Su ausencia de la rueda de prensa, evitando mostrar su apoyo público a la presidenta, fue interpretada en algunos entornos como una muestra de apoyo hacia Génova. Ruiz Escudero y Fernández-Lasquetty reconocieron que la información aportada este viernes por la presidenta madrileña no había sido trasladada con anterioridad a Casado, a pesar de que éste le había requerido aclaraciones sobre el papel de su hermano en el contrato de las mascarillas.

El Consejo de Gobierno fue informado

Según la documentación difundida por la Comunidad de Madrid después de la rueda de prensa de los dos consejeros, el titular de Sanidad informó el 20 de mayo de 2020 al Consejo de Gobierno, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de los cinco contratos de urgencia formalizados por su departamente para la adquisición de material sanitario en los dos primeros meses de la pandencia, por un total de 4.289.950 euros. Entre esos cinco contratos figuraba el adjudicado a Priviet Sportive, por 1.512.500 euros.

Los consejeros Ruiz Escudero y Fernández-Lasquetty defendieron la "legalidad" de todos los contratos de emergencia del Ejecutivo regional durante la pandemia. "Cada expediente ha seguido el mismo procedimiento y ha sido publicado con transparencia en el Portal de Contratación (...) Siempre con arreglo al derecho y siguiendo los procedimientos legales y así ha sido cada paso que hemos dado. Nuestra gestión ha sido honrada siempre" , afirmó Escudero.

La documentación facilitada a los medios de comunicación tras la rueda de prensa de los consejero documenta los trámites administrativos seguidos para la adjudicación del polémico contrato de mascarillas a Priviet Sportive. También se incluye el anteproyecto del informe realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de los contratos tramitados por el gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia. El informe de la Cámara de Cuentas no incorpora ninguna observación relevante sobre la muestra de contratos analizados, que incluye el de Priviet Sportive.

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