El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ordenó investigar si la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) contrató a un detective para espiar al hermano de Isabel Díaz Ayuso después de que un intermediario (el exministro de Mariano Rajoy) le advirtiera de que se había producido un encuentro entre ese detective y un empleado de la empresa pública que depende del consistorio madrileño.
Martínez-Almeida asegura que en ese momento “comenzó las averiguaciones necesarias” para determinar “si se había producido esa reunión” y, en caso de que así hubiera sido, “tomar las medidas necesarias”.
Y, tras esas averiguaciones internas, Almeida aseguró en la mañana de este jueves que no hubo ninguna reunión entre un detective y un empleado (el presidente de la EMVS se vio con ese investigador y con el propio empleado y los dos lo niegan) ni tampoco se utilizó dinero público para esa tarea. El alcalde de la capital también aseguró que hicieron un análisis de la contratación de la empresa pública para ver si existía algún contrato. “No hubo ninguno”, volvió a decir el primer edil, tajante, desde el Palacio de Cibeles.
Según publicó El Confidencial, uno de los colaboradores de Génova que habría promovido este supuesto espionaje es Ángel Carromero, muy cercano a Pablo Casado y mano derecha del alcalde en el Ayuntamiento de Madrid. Almeida aseguró “haber hablado con Carromero” anoche tras conocerse la información y “me ha negado absolutamente cualquier iniciativa tendente a encontrar información sobre la presidenta de la Comunidad”. También reconoció que habló con la dirección nacional del PP tras saltar la noticia para informar de esta misma investigación. El alcalde no ha hablado por ahora con Ayuso.
A pesar de que Almeida aseguró que la investigación concluyó “y dio traslado a la persona” que le avisó (el exministro de Rajoy), el primer edil volvió a dejar claro “que si apareciera algún indicio o prueba de que alguna persona con cargo en el Ayuntamiento hubiera hecho cualquier tipo de gestión” se tomarían medidas inmediatamente, empezando por expulsarle de Cibeles. El alcalde, que aseguró hablar desde su cargo institucional y no como portavoz nacional del PP, aseguró que “no permitirá ninguna sombra de duda o sospecha” sobre el Ayuntamiento que lidera.
Guerra sucia
Cuando apenas han pasado cuatro días de las elecciones de Castilla y León, que el PP ganó pero que le obligará a la negociación más dura que nunca ha mantenido con Vox, la guerra sucia entre Génova y la Puerta del Sol ha vuelto a cotas máximas. Las informaciones de 'El Confidencial' y 'El Mundo' sobre el supuesto espionaje al hermano de Ayuso para dañar a la presidenta en mitad de la batalla por liderar el PP de Madrid han revuelto las tripas del partido en toda España. El malestar no puede ser mayor y la creencia generalizada es que la crisis terminará de estallar.
El objetivo de contactar a un detective (que además de Almeida, el PP desmiente tajantemente), según los citados diarios, era encontrar información comprometedora sobre Tomás Díaz Ayuso, cuyo nombre ya fue protagonista hace meses en la Asamblea de Madrid, después de que la oposición diera la voz de alarma por varios contratos adjudicados en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia, para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3, por parte de la Comunidad. Esa adjudicación se la llevó la empresa en la que trabaja el hermano de la presidenta y la sospecha de los colaboradores de Génova era que Tomás Díaz Ayuso se pudo llevar una comisión.
Los contratos de la empresa en la que trabaja el hermano de Ayuso no son algo novedoso. El pasado mes de noviembre la Asamblea de Madrid se convirtió en un auténtico polvorín, precisamente por la investigación que la oposición pidió. Fue Vox quién decidió salvar a la presidenta de la comisión promovida por la izquierda para evitar una nueva exposición personal de Ayuso. A esa iniciativa le precedió un pleno monográfico que terminó en una enorme polémica y que no concluyó en nada perjudicial hacia la presidenta.
