Vox exige su cuota de poder en el gobierno de Castilla y León después de que las urnas le hayan catapultado hasta la tercera posición pasando de uno a 13 procuradores. A sabiendas de que son el aliado único e imprescindible para que el PP contenga la Junta, superando incluso las expectativas demoscópicas, encarecen el precio de la alianza y certifican un ascenso electoral: "¡Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo!", espetó Santiago Abascal, bajo lluvia, despejando la principal incógnita de los comicios.

La jugada de Alfonso Fernández Mañueco de adelantar las elecciones tras romper con Ciudadanos le obliga ahora a cambiar de socios para reeditar la presidencia castellanoleonesa. Pero a la extrema derecha ya no le basta con facilitar investiduras o presupuestos sin tocar poder y gestión, sino que se dispone a acariciar su primer gobierno autonómico, pese a que el PP desdeñe ataduras.

Y, como ya venían advirtiendo los ultras, las condiciones de la alianza serán "duras", intentando sacar tajada y popularidad de la negociación, sabiéndose imprescindibles. Y aquí entra un acuerdo programático de fondo, que fije los planes de la legislatura y detalle su compromiso, tras los "incumplimientos" que detectan en Madrid y en Andalucía. Hay desconfianzas.

Ocho de nueve

"Exigimos respeto al veredicto del pueblo soberano. Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. El mandato es claro: vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre, con responsabilidad, en función de la fuerza que los castellanos y los leoneses nos han dado. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponde", enfatizó Abascal.

El tirón de Vox, sin apenas un papel preponderante del joven postulante Juan García-Gallardo, estaba garantizado en todas las encuestas, fruto de una campaña sobre el terreno con cargos más conocidos y de la sangría de Cs y, en menor parte, del electorado más envalentonado que antes apostaba por el PP.

Los ultras obtuvieron representación en todas las provincias salvo Soria, superando los 211.000 votos. Unas cifras que les obligaron a replantear su idea inicial, condicionar al PP desde fuera, sin entrar en el gobierno. Algo que, visto el resultado, parecía injustificable para los electores ultras. Abascal reconoció que las urnas superaron sus propias expectativas, y se erigió como la alternativa para "detener al frente popular de socialistas, comunistas, separatistas y terroristas de España". La extrema derecha logra ser decisiva y sólo depende del PP darle mayor holgura.