El Gobierno nunca acabó de fiarse de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, cuya traición ayer casi hizo caer la reforma laboral, y por eso buscó la garantía de la negociación con su presidente, Javier Esparza, y, sobre todo, mantuvo un línea de comunicación abierta con el PNV hasta pocas horas antes de la votación. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hizo un último esfuerzo para convencer a los vascos ese mismo jueves con una llamada a las 8.00 horas al presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
El rechazo de sus socios habituales -ERC, EH Bildu y el PNV- al acuerdo suscrito con patronal y sindicatos llevó a la parte socialista del Gobierno a buscar una suma alternativa con Ciudadanos, el PDeCAT, UPN, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el Partido Regionalista Cántabro (PRC), Nueva Canarias y Coalición Canaria. De todas estas formaciones quien más recelo provocaban eran los dos parlamentarios navarros. Aunque el PDeCAT aún no había hecho público su voto, desde comienzos de semana en el Ejecutivo daban por seguro su apoyo. Según una ministra, su portavoz, Ferran Bel, "es un hombre de palabra y nunca ha traicionado los acuerdos a los que llega".
No había ningún temor en lo que harían los cuatro diputados del PDeCAT, a pesar de que no hicieron público su voto hasta la tarde del miércoles, la víspera de la convalidación del real decreto en el Congreso. Pero no se sentían seguros con UPN porque no es un socio habitual del Gobierno. Temían que pudieran decir que sí y descolgarse después del pacto, según asegura un miembro del Ejecutivo. `
El aval de esparza
Con el objetivo de minimizar los riesgos, las negociaciones se llevaron a cabo al más alto nivel. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mantuvieron una cena en Madrid, con el presidente de UPN, Javier Esparza. Una vez que se constató que estaba abierto a apoyar la reforma laboral el número tres del PSOE prosiguió con las conversaciones. El acuerdo se cerró el miércoles a las 19.30 horas. UPN votaría sí a cambio de que los socialistas retiraran su reprobación al alcalde de Pamplona, el regionalista Enrique Maya, y le aprobara modificaciones presupuestarias por valor de 27 millones de euros.
Muy poco antes el PDeCAT había hecho público su respaldo. El Gobierno ya contaba con 176 síes frente a 173 noes. Pese a ellos durante estas horas se siguió negociando con ERC y con el PNV. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue quien lo intentó con los republicanos, y el bloque socialista -Bolaños, Santos y Héctor Gómez- con el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
La renuncia a ERC
Hacía días que los socialistas habían renunciado a convencer a ERC porque veían imposible un cambio de postura. El 24 de enero hubo un encuentro entre el equipo habitual de negociadores. Bolaños, Gómez, Adriana Lastra y María Jesús Montero, del lado del PSOE, y Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep Maria Jové, de ERC. En esa reunión el Gobierno transmitió que no había opciones de tocar el texto de la reforma laboral y que, además, no avalaban lo que pactaran con Díaz si conllevaba una modificación de legislación complementaria.
Ambas partes tuvieron claro en ese momento que no se iban a entender. ERC percibió "cero presión" del Ejecutivo, lo que le hizo pensar que ya estaba fraguando una suma alternativa. Y los socialistas fueron conscientes de que los republicanos no se iban a mover de su pretensión de introducir su propio sello a la reforma laboral. Fuentes socialistas del PSOE confirman que "siempre tuvimos claro que ERC no entraba". "Hay que conocer a tus negociadores", aseguran en relación a la experiencia acumulada en la búsqueda de otros acuerdos.
No obstante Díaz se empecinó en contar con ERC y ese mismo miércoles por la tarde trató de convencer al portavoz republicano de que acudiera a una cita en el Ministerio de Trabajo, con la promesa de que también iría Bolaños para ofrecer garantías al pacto. Pero Rufián llamó al ministro y éste no estaba al tanto de ese encuentro ni lo vio necesario si no se había producido ningún cambio.
"Salvar a Garamendia"
Pero a quien el bloque socialista no quiso renunciar es al PNV. La interlocución tanto con catalanes y vascos es muy fluida. Aunque la relación con el PNV es menos voluble, más estable, y en Bilbao suelen atender con más facilidad a las llamadas a la "responsabilidad". El Gobierno quería disponer de un colchón por si fallaba algún voto de la mayoría alternativa. Si los vascos al menos se abstenían, el riesgo de traición de los dos diputados navarros quedaba totalmente neutralizado. Pero ni con la llamada de Sánchez a Ortuzar se consiguió.
Muy presionado por los sindicatos vascos mayoritarios, ELA y LAB, y en una creciente rivalidad electoral con EH Bildu, el PNV exigía la prevalencia de los convenios autonómicos para votar a favor. El Gobierno no ha podido aceptarlo, según las fuentes consultadas, porque se había comprometido con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a no tocar el texto del acuerdo. Fuentes del Ejecutivo reconocen que la negociación parlamentaria de la reforma laboral, la búsqueda de votos, ha sido mucho más complicada precisamente por esto, porque había que "salvar a Garamendi", que ha recibido críticas del algunos sectores de la patronal a su pacto con el Gobierno.
Esto ha impedido ofrecer ninguna contraprestación a los grupos parlamentarios. Al comienzo de las negociaciones llegó a haber conversaciones entre PNV, ERC y PDeCAT para pactar unas mínimas correcciones al acuerdo con los agentes sociales y comprometer el voto afirmativo. Pero este intento, que suponía ir con una oferta cerrada al Gobierno, naufragó muy rápido y el PSOE entendió que necesitaba una suma distinta a la mayoría de la investidura. La alumbró, entre muchos partidos, con la implicación de UPN. Esta circunstancia casi le ha costado, de no ser por el error del diputado del PP, la derogación de la reforma laboral.
