El 3 de febrero va a ser el día más importante de la trayectoria política de Yolanda Díaz. El Congreso votará la convalidación o derogación de la reforma laboral, que para que se entienda es una elección entre mantener el decreto acordado por el Gobierno con sindicatos y empresarios o tumbarlo para que siga el modelo del Partido Popular. Salvo sorpresa, las dos opciones van a arañar la imagen de la ministra de Trabajo, catapultada por una calculada mezcla de habilidad política e inteligencia mediática.

La negociación del decreto con los grupos parlamentarios se enturbió desde el mismo momento en que lo aprobó el Consejo de Ministros. Si bien el gabinete de Díaz mantuvo contactos con los partidos para informarles del transcurso de las conversaciones con UGT, CCOO y la CEOE, así como del feliz desenlace, la predisposición para conversar sobre el texto, una vez enviado al Congreso de los Diputados, quedó agujereada.

ERC, EH Bildu y PNV transmitieron que al no ver sus peticiones plasmadas votarían en contra. Su rocoso posicionamiento provocó que el PSOE y Unidas Podemos sacaran un papel y un boli y empezaran a sumar los votos de los grupos parlamentarios. Comprobaron que no salían las cuentas para que el decreto fuera avalado. Comenzó así un proceloso proceso de negociación en el que Díaz y su gabinete han intentado dos cosas que la realidad ha dejado en entredicho. Que sería ella quien llevara la batuta de las conversaciones y la que, por tanto, marcaría el rumbo y que Ciudadanos no formaría parte del bloque de la salvación de la reforma laboral.

Este domingo, 30 de enero, a cuatro días de que se celebre la votación en el Congreso, ni Díaz ha impuesto su rumbo hacia el bloque de la izquierda que hizo presidente a Pedro Sánchez, ni parece que Cs vaya a quedar fuera del grupo de partidos que dirán sí. Los recelos hacia la figura de la ministra, y de la ministra hacia el PSOE, han buceado por debajo del plano político durante este mes de enero. Dos hechos lo han demostrado.

El codiciado y odiado 'sí' de Cs

Nueve diputados tiene la formación que lidera Inés Arrimadas. Pablo Cambronero era el décimo, pero hace un año decidió desvincularse de la disciplina del grupo por divergencias sobre el proyecto y se enroló en el Mixto.

En la suma viable ahora mismo, esos nueve votos son indispensables. EH Bildu ha decidido que votará en contra y ERC, si no lo ha hecho ya, está a punto. Indican fuentes del Gobierno que el resquicio para sacarlo de la negativa conduciría a su abstención, lo que relajaría bastante la tensión negociadora. Con el PNV el equipo de Díaz está jugando a lo mismo. Si los trece diputados catalanes y los seis del grupo vasco eligen al final abstenerse, el decreto se acercaría bastante a la ratificación incluso sin la participación de los nueve parlamentarios liberales.

Pero nada hace presagiar que Cs se suelte del respaldo a la reforma laboral porque, como han dejado claro sus portavoces, votarán a favor del decreto mientras no incluya modificaciones. El PSOE, por un lado, y hasta Unidas Podemos, han defendido que el texto debe conservarse tal y como está. Lo que se pueda matizar o directamente cambiar se hará más adelante cuando lleguen al Congreso proyectos legislativos relacionados con el mercado laboral. Así que sería rarísimo que Inés Arrimadas y sus ocho compañeros de bancada decidan apearse cuando el jueves los diputados tengan que votar.

El portavoz parlamentario de los liberales, Edmundo Bal, protagonizó el jueves una inusual rueda de prensa. En una época en la que nadie se atreve en público a desvelar conversaciones sobre asuntos políticos de actualidad y controversia, el abogado del Estado sorprendió con la confesión de que dos días antes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y él hablaron durante diez minutos acerca de la reforma laboral. Siempre según la versión del dirigente de Ciudadanos, ni el socialista ni él cerraron acuerdo alguno, pues eso, convinieron, quedaría para más adelante, para la semana que viene.

Esta conversación, unida a la que la semana anterior tuvieron Bal y el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, certifica que el aparato socialista cuenta con Ciudadanos para sacar adelante el decreto de la reforma laboral.

El portavoz de los liberales, con toda la intención del mundo, puso en conocimiento de la opinión pública este diálogo presencial con Bolaños, así como el emplazamiento a seguir hablando, porque la víspera Díaz afirmó en la SER que con Ciudadanos no cuenta. "No salen las cuentas", insistió la ministra de Trabajo, quien añadió que el voto a favor del partido de Arrimadas excluye a otros.

Fuentes parlamentarias de los partidos de izquierda a los que aludió Yolanda Díaz coinciden, pero con matices. ERC, BNG, la CUP y EH Bildu están más fuera que dentro tanto si entra Cs como si no. El problema, para ambas organizaciones, es otro. Más País y Compromìs reconocen que la adhesión de Arrimadas no les hace mucha gracia, y por eso, cuando han hablado con la ministra o con miembros de su gabinete durante estos últimos días han pedido un esfuerzo por mantener la solidez del bloque que ha impulsado los dos últimos presupuestos estatales.

Fuentes socialistas, sobre las susceptibilidades que despierta Ciudadanos, son taxativas: el decreto tiene que ser convalidado como sea y sin que cambia una sola palabra. "No nos podemos quedar cruzados de brazos, sobre todo cuando la negociación es tan compleja", señalan.

Fuentes de Unidas Podemos comparten el "como sea", pero son más laxos respecto de que pueda alterarse el texto. Como informó este medio, los "morados" cobijaron la posibilidad de abrir una negociación muy acotada en contenidos y tiempos después de la convalidación. Se trataría de un plan B que, ante todo, buscaría captar a las formaciones de izquierdas con las que la ministra quiere exhibir el consenso político derivado del consenso social. Pero no va a poder ser.

El ministro Felix Bolaños en su escaño del Congreso. EFE

La sombra de Bolaños

El jueves pasado, después de que ERC, EH Bildu, BNG y la CUP dieran a conocer un manifiesto conjunto con las peticiones que formulan para incorporar al decreto y de que Bal expusiera que ha hablado con Bolaños y que prevé hacerlo de nuevo, una fuente que ha negociado con el Gobierno reconocía cierta perplejidad por las diferentes visiones de la negociación que mostraban el PSOE, por una parte, y la ministra, por otra. "Parece que hay un componente político que tiene que ver con las próximas elecciones generales", opinaba.

"Yo veo la jugada clara: al PSOE le interesa entorpecer el auge de Díaz entre su electorado", manifestaba otra fuente que ha hablado con los socialistas estos días pasados sobre cuál será su voto el jueves que viene.

Yolanda Díaz se reúne con UGT y CCOO de Cataluña. EP

Los mandatarios socialistas niegan cualquier pretensión con música electoral. Lo que sí dejan claro las fuentes de la formación es que hay que preservar el acuerdo con los sindicatos y la patronal a toda costa. Primero porque es un compromiso del presidente y líder del partido; segundo, porque a la UE le ha encantado que empresarios y sindicatos hayan rubricado, junto al Gobierno, el mismo documento. ¿Pero con qué grupos? ¿Con los de izquierdas o con Cs y los que se sumen? "Hay que sacar el decreto, y como viene respaldado por sindicatos y empresarios, está abierto a todos los partidos, también al PP", contestan. La misma pregunta a Díaz, o a Jaume Asens recientemente, depara respuestas diferentes.

La "coordinación" y "colaboración" son dos palabras que han empleado a menudo los interlocutores de las filas socialistas. "Las negociaciones las ha llevado Yolanda", dice una dirigente de la formación. Ello no ha impedido que el grupo socialista haya llevado a cabo una labor soterrada de captación. Héctor Gómez, por ejemplo, ha ido sondeando a sus homólogos, igual que Bolaños.

Nada más terminar las vacaciones navideñas, el presidente reunión a su núcleo de confianza con los ministros económicos. en Ferraz. Hablaron de la reforma laboral y tanto Sánchez como Nadia Calviño destacaron la buena recepción que el acuerdo con los agentes sociales había causado en la UE. La vicepresidenta primera se encargaría, desde ese día, de expandir las bondades del pacto entre sus homólogos europeos y en cada reunión que celebrara, presencial o telemáticamente, con organismos de la Unión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, durante una sesión en el Congreso. JOSÉ LUIS ROCA

Aunque no había dudas, quedó claro ese día que la reforma laboral debía ser avalada en el Congreso sin cambios en el texto ni trámites añadidos. Bolaños, posiblemente la persona con más influencia en el Gobierno junto a su jefe, se encargaría de inspeccionar el ambiente parlamentario, informaron a este medio fuentes de la dirección del PSOE.

Al enterarse de ello, la reacción del gabinete de Díaz consistió en minusvalorar el papel que pudiera desempeñar el ministro de Presidencia. "Las negociaciones las lleva y llevará la ministra", subrayaron fuentes de su entorno.

Por entonces, primera quincena de enero, la mayoría de los diputados a los que consultó El Periódico de España salvo dos excepciones, una de ellas Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, como él mismo admitió en una rueda de prensa posterior, remarcaron que los contactos habían provenido del equipo de Díaz, no de las filas socialistas. Hace diez días, esas mismas fuentes afirmaron a este medio que las conversaciones con el Ministerio continuaban, pero también con el PSOE.

Es más que probable que el decreto sea convalidado, pero la aritmética que lo propiciará sigue siendo un enigma. La sensación de que a Díaz se le puede abrir una grieta en el electorado de izquierdas es inevitable, precisamente por cómo sea la suma. Sin duda, el 3 de febrero será el día más importante de su carrera.