El rey emérito vislumbra ya el horizonte de su vuelta a España: cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo archive las causas abiertas contra él. Ni Navidades, ni cumpleaños, ni su deseo perenne de regresar, han sido nunca un factor relevante para que se produzca su retorno. La primera condición, como ha contado El Periódico de España, era que ninguna de las irregularidades que se le atribuyen diera pie a un proceso judicial. El carpetazo de la espinosa investigación en Suiza sobre posibles comisiones del AVE a la Meca y las primeras informaciones de que los fiscales españoles también iban a liquidar el asunto, avivaron el debate interno en el Gobierno y en la Casa del Rey sobre cómo afrontar un retorno, que en las dos instituciones se veía ya inevitable.

En un mensaje que el viernes desveló en 'Onda Cero' el periodista Raúl del Pozo, el propio rey emérito reconoció que está "esperando a que a doña Dolores (la fiscal general del Estado) se le ocurra cerrar el caso" para poder volver. Pero esto no será algo automático. La decisión judicial no tiene una fecha concreta. Y faltaría además que acabe sin consecuencias la demanda contra él presentada en Londres por su ex amante, Corinna Larsen.

La resolución de estos dos temas son indispensables, aunque no son las únicas exigencias. A partir de ese momento Juan Carlos I necesitará llegar a un acuerdo con Felipe VI sobre las condiciones de su retorno, según fuentes conocedoras. Y aunque tanto La Zarzuela como La Moncloa son conscientes de que sin ninguna investigación judicial de por medio es complicado seguir pidiéndole que permanezca en su destierro de Abu Dabi, la postura es que la vuelta deber ser un proceso controlado.

No es "inminente"

En cuestiones de Estado no caben sentimentalismos como demostró su propia marcha a Emiratos, obligado por la Casa del Rey, con el apoyo activo del Gobierno. Un hecho que no fue ni fácil ni pacífico. Por eso fuentes del Gobierno apuntan a que el regreso no debe contemplarse como algo "inminente", después de que la Fiscalía del Supremo cierre definitivamente sus pesquisas. Aunque se trata de una decisión bajo el control estricto de la Casa del Rey, La Moncloa está prestando su apoyo.

Quedan muchos asuntos aún por aclarar como cuál será su residencia en España, qué hará cuándo esté aquí y cómo se sufragarán sus gastos. Hasta donde ha podido saber El Periódico de España, estas cuestiones no están solventadas y se continúa valorando distintas opciones. Desde hace semanas es un tema que preocupa y ocupa a La Zarzuela. Aunque la Casa del Rey conoce perfectamente el anhelo de Juan Carlos I de volver no existe una comunicación directa entre Felipe VI y su padre. Sí saben uno del otro por una persona interpuesta, que conversa con ambos. Pero esa interlocución no ha llegado tan lejos para que se solucionen los pormenores de su vuelta.

Una vida discreta

De hecho, según las fuentes consultadas, cuando el emérito se comunica con sus amigos siempre parece soslayar esa necesidad de alcanzar un acuerdo con el Rey, como paso necesario a poder venir a España. Sí es más consciente de que cuando retorne debe llevar una vida discreta para que ninguna de sus actuaciones erosione a la Monarquía, que en este caso es el bien superior a proteger.

Por eso en La Zarzuela se debate sobre cómo proceder. Tanto el momento temporal idóneo para autorizar que venga -por supuesto cuando a Felipe VI le convenga o le haga menos daño-, como dónde alojar al antiguo rey. Se ha pensado en un inmueble patrimonio del Estado, siempre que el uso por parte de Juan Carlos I no suponga un gasto añadido o en que viva de nuevo en La Zarzuela. Aunque ésta no es la opción preferida por el actual Monarca, sí es la que evitaría destinar recursos adicionales.

Tras la decisión de Felipe VI de retirarle la asignación que recibía de los Presupuestos, el emérito no cuenta con ingresos conocidos para asegurar su manutención y esta circunstancia complica muchísimo la operación de retorno. No sólo a la hora de escoger una residencia sino porque le impide pasar todo el año en España. Si vive más de seis meses en nuestro país estaría obligado a justificar sus ingresos ante Hacienda y tributar aquí. Todas las consecuencias de su regreso se están valorando al detalle. Pero, salvo que Juan Carlos I optara por retornar por su cuenta, la decisión final depende de Felipe VI.