La polémica de Podemos en Asturias salpica a la cúpula estatal

La cúpula estatal del partido morado se hizo con el control del último bastión crítico a través de la candidata oficialista, Sofía Fernández Castañón, que ganó las votaciones con un 0,22% de ventaja, 100 votos más. El proceso estuvo marcado desde el principio por las acusaciones de irregularidades, por medidas como la ampliación in extremis del plazo para inscribirse en el censo o la falta de garantías en el proceso antifraude que denunció la candidatura perdedora, liderada por el crítico Ripa.

Este mismo miércoles medio centenar de cargos públicos de la región prevén lanzar un manifiesto público pidiendo a la dirección de Podemos una auditoría externa de las votaciones, después de la denuncia de irregularidades durante el proceso antifraude.

Uno de los episodios más llamativos, no obstante, se produjo unas horas antes de que comenzaran las votaciones, con la intervención de las cuentas por parte de la dirección estatal del partido, que transfirió cerca de 200.000 euros de las cuentas de la federación a una cuenta controlada por la dirección de Madrid. Este movimiento bancario, que fue ejecutado por el Responsable estatal de Finanzas, Daniel de Frutos, fue ordenado por César López Pérez, responsable de Cumplimiento Normativo, que notificó a posteriori a la dirección de Podemos en Asturias el desfalco de sus cuentas.

El motivo que daba López era la existencia de una denuncia anónima, presentada apenas unas horas antes de que se intervinieran los fondos, que habría alertado de posibles irregularidades en el reparto que la federación iba a hacer entre organizaciones sociales. Este montante provenía de las donaciones salariales de cargos públicos del territorio e iban a ser destinados a distintas organizaciones sociales, en el parco de Proyecto Asturies, un programa de la federación que desde 2015 abría una convocatoria para realizar donaciones a los colectivos sociales que se presentaran y reunieran los requisitos, según publica este miércoles El Periódico de España.

Tres frentes judiciales

Más allá del revuelo que generó, este episodio se prepara ahora para aterrizar en los tribunales. Hasta el momento se plantean tres frentes judiciales en Podemos Asturies: el primero se corresponde con los tres trabajadores temporales que fueron despedidos la semana pasada, unas horas antes de que entrase en vigor la reforma laboral de Yolanda Díaz, por la que debían ser pasados a indefinidos. La dirección estatal del partido les notificó su despido el penúltimo día del año después de que solicitaran este cambio de situación. Los tres afectados han anunciado que recurrirán a los tribunales, al considerar que se trata de un despido nulo.

El segundo frente, y el más inmediato, es la denuncia que la candidatura de Daniel Ripa, que resultó perdedora en las primarias, planea interponer contra César López Pérez; a falta de perfilar el texto, la acusación pivotaría sobre la vulneración de confidencialidad y en la difamación de la anterior dirección a las puertas de las primarias, al enviar una notificación dando por buena una denuncia sin verificar que fue remitida a personas que ya no formaban parte del partido, algunos de ellos se encuentran incluso en otras formaciones políticas como Más País, como es el caso de Lluismi Orviz; además de antiguos miembros de la dirección que ya no se encontraban en los órganos.

Una circunstancia que, a juicio de los damnificados, habría roto la privacidad de estas comunicaciones y habría servido de altavoz para las "difamaciones" vertidas en esta notificación, donde se daba parte de la intervención de las cuentas y se señalaba a la dirección por tratar de favorecer a asociaciones afines. Unas sospechas que se deslizaban sin aportar la denuncia ni hacer comprobaciones sobre el fondo de los hechos. En este sentido, desde la candidatura denunciante apuntan a un posible delito de calumnias en los términos establecidos por el artículo 205 del Código Penal.

El tercer frente judicial que estudian desde esta candidatura va contra la intervención de las cuentas de Podemos Asturies. Éste es sin duda el flanco más espinoso, pero al tratarse de un asunto organizativo, los afectados no pueden acudir a los tribunales a menos que agoten las vías internas, tal como marcan los estatutos de Podemos. Los críticos ya han recurrido a la Comisión de Garantías Autonómicas, en la que Ripa obtuvo una mayoría en primarias, al igual que en la dirección, pero la resolución que se adopte podrá ser recurrida por el órgano estatal, controlado por la cúpula morada.

Desde la candidatura derrotada, sin embargo, ven indicios para plantear acciones judiciales contra la transferencia de fondos de la federación a la cuenta estatal del partido. El dinero que fue transferido, además, procedía en parte de las subvenciones que la Junta del Principado otorga a los Grupos Parlamentarios para la realización de trabajos dentro de esta Comunidad. Unos fondos que deben destinarse a gastos dentro del territorio, según recoge el artículo 2 de la Ley de financiación de los partidos políticos.

El papel de López en duda

La figura del responsable de Cumplimiento Normativo, César López, ha levantado suspicacias en la dirección saliente de Podemos Asturies, donde cuestionan su legitimidad para intervenir en el proceso de primarias. López llegó al cargo a principos de 2020, después del despido fulminante de la anterior responsable de la Compilance de Podemos, Mónica Carmona, tras sus denuncias de irregularidades.

Sin embargo, pese a su cargo interno, el sueldo de López proviene del erario público, después de que en enero de 2020 fuera nombrado asesor parlamentario del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, donde Castañón, la vencedora de las primarias asturianas, ejerce de número dos, como portavoz parlamentaria adjunta. Es por ello que los críticos ponen en cuestión la falta de neutralidad y la posible incompatibilidad de López al emprender acciones de calado en pleno de proceso de primarias, donde la gran beneficiada podría ser su superior en el cargo de asesor.

Desde esta candidatura señalan además que, según los propios reglamentos de Podemos, no es competencia del área de Cumplimiento Normativo tomar este tipo de decisiones, como es el bloqueo de cuentas bancarias. "La actuación de la Unidad de Cumplimiento no fiscaliza a priori cualquier actividad en el seno de la Organización (...). El Consejo de Coordinación es el órgano encargado de tomar las resoluciones que conlleven una respuesta de cualquier tipo respecto a la posible materialización de un riesgo penal", señalan estos documentos. Sin embargo, este Consejo de Coordinación -la ejecutiva- nunca llegó a tomar una decisión sobre los movimientos bancarios, que se realizaron sólo por indicación de López.

Desde la candidatura de Ripa ya apuntaron en su momento el posible delito en el que incurriría el responsable de Cumplimiento Normativo de corrupción en los negocios, recogido en el 286 bis del Código Penal, que castiga con pena de prisión de seis meses a cuatro años a quien conceda a directivos o trabajadores "un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza", como contraprestación "para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros".

También señalan un posible delito de administración desleal recogido en el artículo 252 del Código Penal por parte de López Pérez y del responsable estatal de Finanzas, Daniel de Frutos, que pena a quienes "teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

Otra de las vías que estudian entre los críticos es precisamente la actuación judicial contra De Frutos, miembro de la dirección estatal de Podemos y persona de confianza de la cúpula, que ya se ha visto envuelto en distintos procesos judiciales relacionados con la financiación del partido o el caso niñera.